Lo peor, para el presidente y su círculo, es que su deterioro político y ético ante la opinión pública no sólo es sostenido, sino creciente. Y él y su cohorte lo saben. Por eso, su desespero; de ahí, su afán por acelerar los mecanismos para perpetuarse en el poder a como dé lugar.
En efecto, el castillo en el aire que construyeron pensando que iban a ganar las elecciones regionales bajo la creencia de que los colombianos eran unos borregos, les falló, y les sigue fallando, porque los ciudadanos rechazan la corrupción del régimen y sus excesos, así como los intentos perversos de polarizar al país por parte de un régimen que impulsa la lucha de clases.
Los colombianos, además, ven aumentar el asesinato, las masacres, la extorsión, el secuestro, los atracos y experimentan una política de “seguridad” en la que se empodera a los grupos ilegales a la vez que se debilita la capacidad disuasiva de nuestras fuerzas armadas, que es la que permite la existencia misma del Estado. De hecho, ha aumentado la violencia contra los colombianos del común de manera creciente en su mandato, hasta el punto de conducirnos inexorablemente a repetir las épocas más obscuras y encontrarnos, por primera vez, en mucho tiempo, ante la posibilidad real de la pérdida de nuestro estado social y democrático de derecho de estirpe liberal.
Petro y sus adláteres, en lugar de corregir el rumbo, ciegos de ideología y compadrazgo han persistido en cambiar a la fuerza lo que funciona en Colombia. Y ante la ausencia del apoyo del pueblo, cualquier cosa sea lo que ese término signifique en el argot del presidente, hemos visto que arrecian las declaraciones sobre la necesidad de que el presidente se perpetúe en el poder, aunque sea por interpuesta persona -que, por supuesto, no es su opción favorita- si se le pudiese creer la afirmación de que este no le gusta, (cosa que está en abierta contradicción con todo lo que ha hecho por obtenerlo y lo que está haciendo para preservarlo, incluidos los trinos lambones del pastor Saade, cuando, en su papel del muñeco del titiritero, clama por la reelección de Petro y el cierre de los medios que critican a su ventrílocuo).
Y una cosa que Petro hizo, fue sacarse de la manga la teoría de que el sistema electoral colombiano era susceptible de fraude por parte de Thomas Greg, la odiada empresa contratista de los pasaportes, porque tenía las bases de datos de las cédulas colombianas y manejaba softwares que podían manipular los resultados en unos comicios.
¿Qué tal? Lo dice alguien que ha sido elegido por años en puestos públicos como la alcaldía de Bogotá, el Senado de la república y la presidencia que hoy ejerce, sin que esa compañía haya afectado en nada su elección. Pensará que, de pronto en las próximas elecciones, ¿sí? No creo. Es una excusa, burda, por lo demás, para ambientar una reforma electoral que les sirva a sus particulares intereses.
En efecto, todos los ex registradores mostraron que ese fraude era imposible con el sistema electoral actual, que incluía, entre otras cosas, un conteo físico de votos en presencia de testigos electorales de las fuerzas políticas interesadas (entre las cuales, a propósito, el Pacto Histórico, tuvo al por mayor, pagados, además, todo parece indicar con dineros provenientes de sindicatos como el de Ecopetrol y Fecode, que, presuntamente, no ingresaron en las cuentas de la campaña).
Lo que viene, blanco es, gallina lo pone y frito se come: hay que reformar el sistema electoral incluyendo el método de conteo de votos, pues según Petro, el colombiano es peor que el venezolano: “Este es un sistema electoral que, si se cuestiona el de Venezuela, es muchísimo peor el colombiano”. (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-dice-que-el-sistema-electoral-de-colombia-es-peor-que-el-de-venezuela-860808).
Sí, leyeron bien. El nuestro es peor que el venezolano, quizá porque no hace ganador con porcentaje exorbitantes al candidato oficial, como en ese país, que utiliza a un sistema de conteo de votos a la medida -incluidos los softwares- manipulado por los sirvientes de Chávez, antes, y Maduro, después (y como ocurre en la Cuba castrista o la Nicaragua de Daniel Ortega).
O porque no permite postular candidatos incómodos inhabilitándolos y/o metiéndolos en la cárcel, como sucede en esos países, como es el caso actual de María Corina Machado en Venezuela.
O porque, precisamente, no hay testigos electorales de las distintas fuerzas en contienda, como sí ocurre en nuestro país.
O porque en el órgano supremo electoral, no hay representación plural, sino que está en manos del gobierno. En nuestro caso, el Consejo Nacional Electoral CNE, aunque la mayoría de los nueve magistrados puede estar en los partidos de gobierno porque son elegidos por el Congreso, hay tal representación plural, lo que permite un nivel importante de control político de las elecciones.
O porque la Constitución actualmente prohíbe la reelección presidencial.
O quizá porque, ante el tamaño del desprestigio que tiene su gobierno, se le dificulta a Petro, si por alguna razón no puede perpetuarse, la elección de presidente por interpuesta persona (Verónica Alcocer u otra), como ocurrió en Argentina con el inicio de la era K, cuando Cristina Fernández ascendió al poder en 2007 en su primer mandato, para suceder a su esposo Néstor Kirchner (que murió en 2010) y luego ella se quedó en el poder hasta el 2015.
O porque, sin una reforma a su medida, no puede apoderarse de la mayoría del Congreso, paso esencial para manejar el país (de ahí que ya lo esté intentando a cuenta gotas, comenzando por modificar la ley de transfuguismo, pero, con seguridad, vendrán otras iniciativas de reforma del parlamento).
Por la razón que sea, los colombianos debemos entender que ya la campaña electoral del 2026 comenzó y que Petro hará todo por poner las reglas de juego a su favor, de manera que asegure el control del país en el 2026. Asegurándolo, podrá consolidar su proyecto, que, entiéndaseme, no necesita mayorías, sino el manejo de los mecanismos de elección que le permita construir en el papel unas, para imponer su voluntad, asegurar la presidencia, obtener el manejo del Congreso, elegir Fiscal y ganar la mayoría en las Cortes con un parlamento de bolsillo.
La estrategia de reformar el sistema electoral irá acompañada con la consabida aceitada a los congresistas que se dejan corromper, para intentar sacar avante sus reformas y con una avalancha de subsidios financiados con el presupuesto nacional que está siendo asaltado para usarlo como herramienta electoral para ganar votos y cebar su clientela de manera masiva y corrupta. Y claro, para tomarse las Cortes.
Lo de apoderarse de la Fiscalía le está saliendo. Molida Amelia Pérez Parra, la candidata que tenía las mayorías en la CSJ como consecuencia de los trinos de su esposo, que le mostró al país lo que le esperaba si ella ganaba, la que ahora podría ser elegida es Luz Adriana Camargo nada menos que ficha del ministro de defensa Iván Velásquez y ficha de este en sus andanzas en Guatemala. Y si, por alguna razón pierde, lo que parece improbable porque la CSJ tiene afán de hacer el nombramiento, la que queda es Ángela María Buitrago, quien, todos saben, no es mejor que las dos anteriores. Una de las dos será ungida. Y no sabemos cuál es más inconveniente, porque la que la escogida será con alta probabilidad, una fiscal de bolsillo del presidente, muy útil para golpear a la oposición, como ocurre en Venezuela.
Lo que viene ahora para los colombianos es un trabajo de filigrana para unir a todo el que sea susceptible de ser unido para resistir a Petro y sus reformas y maniobras y llegar al 2026, con opciones de triunfo, evitando, adicionalmente, que se tome el poder electoral. Y exigiendo la renuncia de la fiscal que quede elegida y la postulación de candidatos neutrales, ajenos al poder de Petro, si es que, finalmente, se concreta esa maniobra.
La calle, que ya demostró su fortaleza y que hay que manejar con sabiduría para no desgastarla; la participación de la sociedad civil, que ya se está manifestando contra las reformas; y la política partidista unitaria de la oposición, que ya se está intentando, deben construir, más temprano que tarde, un frente de resistencia, democrático, plural y pacífico para defender nuestro estado de derecho.
