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Juan Lozano           

Pocos crímenes más salvajes que el reclutamiento de menores.

Si hay información sobre presencia de niños en un campamento narcoguerrillero no se debe bombardear. Un niño o niña en un campamento guerrillero es, antes que nada, una víctima de reclutamiento ilegal y los esfuerzos del Estado se deben orientar a restablecer sus derechos.

Si hay niños en un campamento guerrillero, los cabecillas y quienes tengan responsabilidades de mando en ese grupo son responsables de un crimen de lesa humanidad, lo que implica que deben ser acusados ante la justicia colombiana y ante la Corte Penal Internacional por reclutamiento ilegal de menores. De hecho, la primera sentencia condenatoria proferida en la historia de la Corte Penal Internacional fue, justamente, por el reclutamiento de menores.

Así las cosas, tiene razón el señor ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuando advierte que no se debe proceder con bombardeos cuando se disponga de información confiable acerca de la presencia de menores en campamentos de la guerrilla. Tiene razón.

Sin embargo, digo respetuosamente, creo que hace falta agregar que esa información, constitutiva de un crimen de lesa humanidad cometido contra menores de edad, obliga a los funcionarios del Estado colombiano a proceder con su obligación de denuncia ante nuestro sistema judicial y ante la Corte Penal Internacional. No hacerlo constituye una infracción al deber de denuncia que recae en cabeza de todo servidor del Estado cuando es conocedor de algún delito.

Y digo que hace falta agregar esa obligación legal de denuncia inmediata no solamente a la luz de los imperativos éticos y jurídicos del derecho interno y del derecho internacional, sino en función que el propósito humanitario de evitar la muerte de menores no se convierta en un estímulo a ese crimen atroz que es el reclutamiento de menores.

Es sencillo. Si saben que no los bombardearán si reclutan niños y los mantienen como escudos humanos en sus campamentos, se multiplicará el reclutamiento ilegal de menores por parte de las narcoguerrillas o las bandas criminales.

Pocos crímenes más atroces, crueles, despiadados que el reclutamiento de menores por parte de las guerrillas, paramilitares y bandas criminales. Les arrebatan su hogar, les niegan el derecho a gozar del amor de sus padres, les pisotean su infancia, les vulneran sus sueños, les marcan su alma inocente, pura y limpia, con sangre, plomo, droga, violencia, sexo, violaciones, vejámenes y maltratos.

El antecedente del acuerdo del gobierno Santos con la cúpula de las Farc en este campo es oprobioso. La liberación de menores reclutados y cese inmediato de nuevos reclutamientos, que según nuestra Constitución ha debido ser prevalente y prioritario, brilló por su ausencia en la agenda inicial de negociación, por lo cual se introdujo tardía y desganadamente y hasta ahora, la impunidad es absoluta y total. Es una verdadera vergüenza para el Estado y la sociedad colombiana. La JEP tiene la palabra.

Por lo demás, lo que en realidad cambió la ecuación del conflicto en Colombia, donde los guerrilleros se morían de viejos o de la risa en sus campamentos donde nunca pudieron llegar por tierra o por vías fluviales los hombres de nuestra Fuerza Pública, fue la gestión de Andrés Pastrana en Washington después de los engaños del Caguán: que las capacidades de cooperación aérea del Plan Colombia se pudieran usar contra la narcoguerrilla de las Farc, es decir, que se pudieran bombardear sus campamentos.

A partir de ese momento, y por cuenta de los bombardeos, se fue doblegando la otrora ultrapoderosa narcoguerrilla. El propio Santos lo repitió muchas veces. El proceso con las Farc no habría sido posible sin el debilitamiento militar derivado de los bombardeos.

Si durante las nuevas negociaciones, las estructuras de esas organizaciones se vuelven a fortalecer (no bombardeos, extradición debilitada, crecimiento de cultivos ilícitos, nuevos sometimientos o negociaciones y ceses de fuego sin condiciones adecuadas), la marcha hacia la paz total puede conducir, otra vez, a la guerra total. Quiera Dios que no. Y ojalá no se olvide la historia.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 28 de agosto de 2022.

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