El proyecto de ley, que desarrolla una creación constitucional ya aprobada, entra a primer debate la próxima semana en mi Comisión Primera. Por las batallas que hemos tenido que dar frente a los proyectos de salud y pensiones ha pasado desapercibido. El proyecto es muy grave.

Creada constitucionalmente la Jurisdicción Agraria, este proyecto establece que buscará el acceso a la propiedad de la tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Luchará contra la concentración de la tierra. Además, toma funciones para superar la informalidad en la tenencia de la tierra. Con un principio de especial protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria. Y una consecuencia de absoluta desprotección total al sector productivo.

La sola lectura no deja sino preguntas:

¿Es más débil el invasor que quiere la tierra o es más débil el dueño de la tierra al que quieren expropiar? Cuando se decida entregar la propiedad a otro, ¿Cómo procede la indemnización si es que la hay? ¿Quién paga y a qué precio?

El nuevo criterio que crea este gobierno para la posesión de la tierra ya no son las escrituras sobre la tierra sino quién la jurisdicción defina como débil.

La jurisdicción también podrá dar garantías de acceso a la tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Entonces los propietarios legales de tierra tendrán que entregar sus propiedades a quién defina la jurisdicción como un campesino sin suficiente tierra. Nueva forma de expropiación.

El proyecto establece el principio de “permanencia agraria”, con este el gobierno quiere blindar jurídicamente a los invasores de tierras. Se establece que los jueces buscarán garantizar la posesión regular de la tierra ocupada para fines productivos y evitarán los actos de desalojo que interrumpan las actividades productivas necesarias para la autosuficiencia. Con esto ningún propietario podrá sacar a los invasores. Es una invitación desde el gobierno a invadir cultivos de caña, café, arroz, maíz, palma, etc. Esto disparará la violencia en el campo.

Los jueces también tendrán facultades super poderosas. Podrán fallar “extra y ultra petita”, es decir, más allá de lo que pida el demandante. Con esto protegen al invasor y podrán determinar cualquier otra medida para que no se vean nunca afectados por los legítimos dueños. Además podrán determinar cualquier medida cautelar para que no saquen a los invasores de los predios. El proyecto también crea el grado de consulta solo para analizar sentencias adversas al campesinado. ¿Una tercera instancia a favor de los demandantes?

Las Organizaciones No Gubernamentales también podrán intervenir en los procesos. Estas podrán representar a los demandantes o personas vulnerables así el demandante no les haya dado poder para hacerlo. Recordemos que muchas de estas ONGs son conocidas por presentar falsas víctimas en procesos judiciales. Sumado a esto podrán pedir revisión de sentencias. 

El proyecto establece que se presumirá verdadera cualquier prueba que presente la Agencia Nacional de Tierras. Con esto el gobierno nacional incidirá directamente en todos los procesos. También establece que se presumirán verdaderas las declaraciones de los sujetos de especial protección: cualquier campesino. Eso genera una inseguridad jurídica. Falsas víctimas y testigos serán el pan de cada proceso. Los propietarios deberán gastar millones en abogados para desvirtuar esas declaraciones. ¿Qué pasa si no tienen dinero para la defensa? Perderán su propiedad.

He radicado ante el Congreso una ponencia alternativa y 102 proposiciones al proyecto de jurisdicción agraria. La aprobación de esta ley acabaría con la propiedad privada en Colombia, pondría en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios de tierras y acabaría con la inversión en el campo. En lo corrido del 2023 hubo 2.714 casos de invasión y usurpación de tierras. El Gobierno Petro ha hablado de invertir más de 60 billones de pesos en la compra de tierras. Se equivocan al pensar que la reforma agraria consiste en gastar cerca de 4 puntos del PIB cambiando el título de escrituras para un sector que no produce más del 8% del PIB.