Es posible pero altamente improbable que pueda sacarla adelante. Y es casi imposible que, si consiguiera convocarla, obtuviera mayorías en ella. La Carta del 91 hizo mucho más difícil la reforma de la Constitución por vías diferentes a un acto legislativo en el Congreso. Para una constituyente exige que se apruebe una ley para convocarla, que esa ley sea sometida al control de la Corte Constitucional, y que al menos la tercera parte del censo electoral vote a favor de su convocatoria.
No se ve cómo podría conseguir la ley si ni siquiera logra la aprobación de sus reformas. Pero aún si tuviera la ley, los números son importantes: el censo electoral, actualizado a 05 de marzo de 2024, muestra 40,292,068 ciudadanos habilitados para votar. Para que se aprobara la convocatoria a la constituyente tendrían que votar a favor de ella 13.430.689, la tercera parte. Es decir, Petro necesitaría que sufragaran a favor de una constituyente 2.138.703 ciudadanos más que los 11.291.986 que votaron por él en la segunda vuelta del 2022. Un 19% adicional. Dificilísimo para cualquiera pero aún más para un presidente cuya desfavorabilidad es el doble de su aprobación. Ahora, si consiguiera la convocatoria, son minúsculas las posibilidades de que Petro tuviera la mayoría de los constituyentes.
Cabe preguntarse si Petro hizo su propuesta sin haber hecho estas consideraciones. Es lo más probable. Es irreflexivo y charlatán y dice cualquier disparate. Pero lo cierto es que con ello consigue determinar la agenda de la opinión pública (para la oposición es un desafío ser propositiva y no solo reaccionar a los desatinos de Petro y su gobierno). En este caso, logró que no se hablara más de esa rarísima reunión con la fiscal(e) Mancera, de su derrota en el Congreso con la proposición de archivo de la reforma a la salud y del golpe que sufrió con la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, con regaño al gobierno incluido, de no aceptar a Mancuso como "gestor de paz”.
Como sea, la propuesta de una constituyente, por un lado, refleja una creciente tendencia desinstitucionalizante por parte de Petro y, por el otro, introduce mayores factores de polarización e incertidumbre. Si algo no necesita la economía del país, agobiada por los errores sistemáticos del gobierno, son más razones para la desconfianza de los mercados y los emprendedores. Una propuesta de constituyente, viniendo de Petro, inevitablemente siembra más zozobra y frenará aún más la inversión y el consumo. Mala cosa cuando el crecimiento es ya miserable.
Petro, además, viene enviando preocupantes mensajes sobre las instituciones. Ataca la tecnocracia y nombra activistas de extrema izquierda sin formación ni conocimientos, pretende decidir a su capricho sobre el gasto público y saltarse las reglas del Presupuesto, desconoce decisiones de la Procuraduría, manda a sus huestes a una asonada contra la Corte Suprema, pone en marcha una campaña de difamación contra la Vicefiscal, usa las superintendencias y el MinTrabajo para perseguir e intimidar, debilita a la Fuerza Pública mientras que con sus decisiones fortalece a los criminales e incentiva procesos de milicianización de indígenas, campesinos y jóvenes delincuentes, quiere hacer por decreto las reformas que le niega el Congreso, arremete contra los medios de comunicación, etc.
Quizás aún más grave, ha puesto en duda la validez del sistema electoral. Los ataques al software de los comicios, con el cual se eligió y el Pacto Histórico consiguió el mayor número de congresistas, solo pueden explicarse por su afán de que haya una nueva aplicación que él controle o, en su defecto, iniciar desde ya un proceso de deslegitimación de los resultados del 2026. En adelante hay que tener especial cuidado en proteger a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral de las embestidas petristas.
Y, lo más importante, no hay que cejar en el empeño de desmontar la pretensión de Petro de apropiarse del “pueblo”. Es vital desenmascarar su afán de confundir la voluntad popular con sus intereses personales y políticos.
