Estamos a 2021, en campaña electoral para elegir presidente a 27 años del inicio del nefasto gobierno que dio un gigantesco paso en el camino de la ilegitimidad a Colombia haciendo de la corrupción del narcotráfico un asunto de estado.

Podría afirmarse que desde hace más de cuarenta años la historia política de Colombia es la lucha por intentar el control del estado por élites corruptas en su interior; y por asaltarlo, por elites corruptas desde la oposición armada que pretende tomarse el poder.

Primero, fue la toma del palacio de Justicia el6 de noviembre de1985 por parte del M- 19, cofinanciada por el capo de capos Escobar con el objeto de destruir los archivos que allí reposaban en su contra.

Luego, la Constitución del 91, con la sombra de los carteles presionando la exclusión de la extradición a los narcotraficantes.

Hasta la constituyente se trataba de arremetidas de los mafiosos desde afuera, pero con ella, juzguen ustedes la dimensión de su irrupción en el ordenamiento jurídico en las palabras de Raúl Pacheco en Vanguardia: “Los narcos abrieron una sucursal en las torres del hotel Tequendama, a donde acudían presurosos los constituyentes para rendirle culto a su poder, en medio de un olor a patria podrida, a billete recién timbrado, y en medio de venias retirar su mesada, algunos con rubor y otros con desvergüenza. Y los narcos contrataron constitucionalistas gringos para que redactaran el art 35 ya citado, con el fin de que no quedara flanco alguno que los pudiera perjudicar”. (https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/raul-pacheco/la-narco-constitucion-del-91-CYVL131102)

El expresidente César Gaviria suspendió la extradición, antes de que la Constitución entrara a regir porque la presión de los narcos era tanta que consideró que era de interés nacional hacerlo. Y luego vino la desastrosa negociación con Escobar, diseñada a la carta para satisfacerle sus deseos, que este, por supuesto, no cumplió y condujo a la alianza entre USA, el estado colombiano y el Cartel de los Rodríguez Orejuela, que desembocó en la muerte del mafioso.

Yo, personalmente estoy de acuerdo en que se haya hecho esa alianza porque todo parece indicar que era el camino para quitarle esa montaña de coca de encima al país. Lo que ocurrió luego, no obstante, fue inaceptable y trágico para Colombia. La lógica política indicaba que, derrotado el cartel de Escobar, lo que seguía para el estado era la eliminación del cartel de los Rodríguez Orejuela.

Pero, lo que hizo Samper fue abrirles la puerta del Estado aceptando las dádivas mafiosas para ganar las elecciones, hipotecando a su gobierno a la voluntad de sus financiadores. Su elección fue, entonces, ilegítima en su origen. Era un hecho sin precedentes en la historia nacional que un presidente fuese elegido con dineros de delincuentes}.

Y su mandato, ilegítimo en su desempeño, porque tuvo que dedicar todo su tiempo a negar lo innegable y a alinear al congreso mediante lo que hoy se conoce como mermelada, para asegurarse de que no lo expulsaran de la presidencia. Y peor, aún, cediendo terreno a las presiones a las Farc, que ya era un jugador grande en el campo del narcotráfico, en sus pretensiones de poder. La coca había producido la simbiosis entre la guerrilla y la mafia y ahora esa aparecía fortalecida y a la ofensiva.

Pastrana le despejó a las Farc 42.000 kilómetros cuadrados, como entrada para su fallida negociación de paz, pero es el cocreador del Plan Colombia, destinado a eliminar el narcotráfico en el país y que después se extendió a la lucha contra la guerrilla, en un reconocimiento de los gobiernos norteamericanos de que esta era narcotraficante. Pastrana representó un intento de nuestro estado por contener el narcotráfico en Colombia.

El gobierno de Uribe es la personificación de la lucha contra la simbiosis narco – guerrilla, así como del combate contra el paramilitarismo, que significaba un actor tan poderoso como aquella. Sus resultados estuvieron a la vista: desmontó las estructuras de las autodefensas a las que llevo al sistema de Justicia y Paz con condenas electivas de prisión y extraditó a sus cabecillas cunado siguieron traficando; y condujo a las Frac a la derrota militar y a una condición de postración política que las tenía listas para negociar su rendición.

Pero llegó Santos y echó para atrás ese proceso en su segundo mandato, el cual fue ilegitimo de origen porque fue financiado por recursos de los corruptos de Odebrecht y montado en una encerrona a Zuluaga, que lo había derrotado en la primera vuelta en las elecciones del 2014.

Los gobiernos de Santos son, además, ilegítimos por desempeño, pues constituyen el segundo intento, esta vez exitoso, de introducir el narcotráfico en el estado pues, a pesar de perder un plebiscito en el cual,  el pueblo, en su soberanía, le rechazó su acuerdo de paz,   les dio a los narcotraficantes de las Farc posiciones en el Congreso y en los organismos del Estado y les creó un sistema judicial propio, la JEP -ilegítimo, entonces, de origen, y como van las cosas, de desempeño- suspendió la erradicación y debilitó a las fuerzas armadas, en una serie de decisiones que seguimos sufriendo con el empoderamiento de los grupos ilícitos que bloquean y destruyen en medio de la pandemia que nos azota.

El gobierno de Duque ha resistido ese embate. Es la expresión del esfuerzo del estado por detener el poder la corrupción del narcotráfico que se está preparando para la acometida final en el 2022.

Esperemos que no sea el último. Por eso hay que saber leer las propuestas, pero sobre todo los antecedentes, porque muchos políticos dicen lo que la gente quiere oír, pero la trayectoria es imborrable. Y muchos, como Santos y sus adláteres, dicen una cosa para hacer exactamente lo contrario.

Hay quienes afirman, hoy, que de lo que se trata es de legalizar el consumo y los cultivos de los narcóticos. Santos, de hecho, con su política legalizó las pequeñas plantaciones de coca. El mundo ha evolucionado y es probable que la actitud contra el narcotráfico esté cambiando hacia una cierta apertura.

Discutámoslo. Que se “se abran cien flores y compitan cien escuelas de pensamiento”, como decía un revolucionario. Pero que salgan y lo digan. Que después no lleguen a la presidencia para que de espaldas al país y a la comunidad internacional, dejen entrar a los delincuentes de guerra y de lesa humanidad, ni su dictadura, ni sus dineros sucios. 

Claro que les quedará difícil defender su pasado, tejido de la herencia de ilegitimidad de origen y de desempeño causado por la corrupción del narcotráfico y de otro tipo, como la de Odebrecht. O la del manejo de los recursos públicos en el sistema de salud.