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El Colombiano (Editorial)

Tal vez el exjefe paramilitar creyó que llegaba a Colombia con patente de corso expedida desde la Casa de Nariño y de pronto se ha dado cuenta de que Colombia, con el paso del tiempo, ha ido construyendo instituciones democráticas.

No sabe uno que es peor: si el hecho de que uno de los mayores criminales de la historia de Colombia y de toda América, que sembró terror en los campos, que le acabó la vida a familias y a pueblos enteros, que protagonizó varias de las peores masacres, crea que merece ser gestor de paz; o que ese mismo criminal se sienta con la autoridad moral de dar lecciones de ética al resto del país. Es lo que llamamos un cínico en grado cum laude. Desvergonzado le dirían las mamás paisas.

Durante diez años, entre 1996 y 2006, Mancuso convirtió con sus bandas a Colombia en un triste y aterrador cementerio. Es investigado por crímenes de la mayor gravedad, entre ellos 12.315 homicidios en persona protegida, 2.050 desapariciones forzadas, 13.951 desplazamientos forzados, 880 crímenes de violencia basada en género y 4.997 crímenes de guerra y una larga lista de hechos delictivos que se pueden consultar en su expediente de Justicia y Paz.

Y ahora viene a señalar con su dedo acusador al expresidente Álvaro Uribe con el argumento de que está involucrado en un proceso judicial de presunta manipulación de testigos. Dice Mancuso: “Nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios, de hecho, no soy yo quien está involucrado en procesos judiciales por ese motivo, no soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios”.

Bien hizo el magistrado del Tribunal de Justicia y Paz en no darle la libertad a Mancuso. Tal vez el exjefe paramilitar creyó que llegaba al país con patente de corso expedida desde la Casa de Nariño y de pronto se ha dado cuenta de que Colombia, con el paso del tiempo, ha ido construyendo instituciones democráticas.

Cabe recordar que en los 18 años en los que se ha pasado rindiendo cuentas a la justicia, Mancuso ha tenido la oportunidad muchas veces de señalar a todo tipo de implicados en los crímenes de los paramilitares. Incluso en su carta de esta semana dice que ya ha dicho todo lo que tenía para decir.

Lo cierto es que Salvatore Mancuso no había aterrizado en Colombia deportado desde Estados Unidos y ya estaba levantando una polvareda. El hombre, que hace 20 años entró al Congreso y pronunció un discurso que alentaba a pensar que en el país era posible la rendición de estas estructuras criminales en el marco de Justicia y Paz, regresó con el propósito de buscar beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que fue admitido el año pasado, y de paso cumplir una misión que le encomendó el presidente Gustavo Petro: ser gestor de paz.

Sin embargo, esa tarea de ser gestor de paz no parece que vaya a salir bien, o por lo menos, queda aplazada por ahora. En primer lugar, grupos criminales como el Clan del Golfo han rechazado a Mancuso como líder o “padrino” de su accionar y, en segundo lugar, porque el magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez, le negó la libertad al considerar que esa función asignada por el presidente Gustavo Petro en la resolución 244 de 2023 tiene serios vicios de inconstitucionalidad porque, ni más ni menos, se puede interpretar como un indulto a una persona que cometió todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Es decir, es como si la justicia cerrara los ojos y permitiera que esos 65.007 hechos delictivos que se le atribuyen en todo el país quedaran en la impunidad. Solo basta con decir que el mismo magistrado Pérez advirtió que en ese Tribunal reposan 34.002 crímenes muchos de ellos atroces.

De ahí que el juez sentenciara que reconocer esa gestoría de paz “conllevaría a una excarcelación ilimitada e incontrolada de un postulado al que se le han impuesto múltiples medidas de aseguramiento por delitos graves”. Por eso se negó a levantar las 33 órdenes de captura que hay en su contra solo en el Atlántico. Ahora deberá permanecer recluido en la cárcel La Picota.

Por ahora todo está muy enredado y la suerte del exjefe paramilitar y su rol como gestor de paz sigue en veremos, así como la verdad y la reparación para las miles de víctimas a lo largo y ancho del país, que han esperado por años justicia contra el hombre que les arrebató a sus seres queridos y sus tierras.

Los colombianos es verdad que nos hemos tragado muchos sapos con guerrilleros y paramilitares, pero sería bueno que unos y otros, por respeto a las víctimas, exhibieran algo de pudor. Y si se puede una dosis de recogimiento y recato.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 16 de marzo de 2024.

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