Me refiero a todos los empresarios en Colombia, y de todos los tamaños, que hicieron patria, soportaron tormentas, lidiaron con la tragedia del covid, aguantaron ataques, paros, protestas, cierres, bloqueos, descalificaciones, mensajes de odio, cruzaron el desierto, pusieron el pecho, defendieron a sus trabajadores, practicaron la solidaridad y la responsabilidad empresarial laboral, ambiental y social, y han sido determinantes en el proceso de reactivación de nuestro país.

Sin ellos, hoy no habría reactivación, ni recuperación del empleo ni plata para girar subsidios ni pensiones. Que hay empresarios irresponsables y pícaros, sí, pero son claramente la excepción. El grueso, la inmensa mayoría de los empresarios colombianos son fantásticos.

Cuando la empresa privada es perseguida sin piedad en países vecinos, cuando el incendiario discurso antiempresa es usado para ganar votos, cuando el populismo hace creer que la riqueza la genera el Estado a punta de puestos burocráticos y dádivas oficiales, es necesario insistir en que el verdadero motor del bienestar, de la prosperidad, de la generación de empleo y del crecimiento es la actividad productiva de empresas estructuradas a partir de la libre iniciativa privada.

Por eso, el Estado debe tener claro su rol en materia de formular y liderar políticas públicas de equidad, redistribución, crecimiento y bienestar que conduzcan a Colombia por el camino del capitalismo consciente, es decir, el Estado que facilita, estimula y ayuda a generar entornos adecuados para que empresarios responsables, eficientes, honorables y patrióticos puedan trabajar.

El Estado no puede seguir siendo la fábrica de obstáculos, de trámites y de burocracia chantajista. Ahí radica la importancia de apoyar a las cámaras de Comercio y a los gremios en sus batallas antitrámites para que dejen trabajar a la gente y a las empresas. El Estado no puede seguir multiplicando normas, leyes, artículos, parágrafos, incisos, resoluciones y circulares que solo enredan la vida productiva, generan inseguridad jurídica y estimulan la corrupción.

El Estado –y el presidente Duque lo ha entendido bien– debe ser facilitador y promotor de este modelo de república democrática que por mandato constitucional (art. 333) debe estimular el desarrollo empresarial.

En 5 momentos determinantes del 2021, nuestros empresarios sacaron a relucir lo mejor de su talante.

1) Cuando vivimos y padecimos lo peor del covid.

2) Cuando fue posible poner a andar plenamente el Plan Nacional de Vacunación, tras la aprobación de la ley de vacunas, en buena hora presentada por el congresista Ricardo Ferro.

3) Cuando la protesta social legítima degeneró en vandalismo, caos y anarquía, paralizando el país.

4) Cuando fue necesario aprobar una reforma tributaria gravosa para el empresariado, sobre las cenizas de una iniciativa errada que encendió todas las chispas de la indignación.

5) Cuando fue necesario enviar un mensaje fraterno y generoso en la mesa de concertación laboral para fijar el salario mínimo, a pesar del debate técnico.

Más allá de preocupaciones razonadas por la peligrosa disparada de la inflación y por las cifras de empleo, que con todo y la recuperación de cerca del 85 por ciento de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia sigue estando por debajo de lo que necesita Colombia, el gobierno del presidente Duque ha exhibido unos resultados importantes que ameritan una voz de reconocimiento:

– El top mundial n.º 1, según ‘The Economist’, en el indicador de normalidad global. (Reactivación).

– Crecimiento anual cercano al 10 por ciento, el más alto en 115 años y tercero entre los países de la Ocde, que aun a pesar del efecto rebote es muy sobresaliente.

Nada de esto, en uno de los años más difíciles y desafiantes de nuestra historia, habría sido posible sin los empresarios colombianos. Por eso, hoy, sin vacilación, les digo: ¡gracias! ¡Muchas gracias!

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 19 de diciembre de 2021.