Petro intenta hacernos creer que una frase de 28 palabras del expresidente es la causante de tal explosión de cólera: “He decidido demandarlo”, lanzó el jefe de Estado como si creyera que la condena del expresidente Pastrana está garantizada de antemano.

El líder conservador había resumido en un texto en X lo que miles de investigaciones, denuncias, artículos, comentarios, editoriales, conversaciones, debates, constatan a diario sobre los entretelones del poder petrista: “Su campaña y su presidencia @petrogustavo no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”.

Petro había simulado indignación pocos días después de acusar él mismo, sin sombra de una duda, pero sin la menor prueba, que la Fiscalía General de la República está involucrada en el “tráfico de cocaína”. Nada menos. Esa mentira, no solo insultante sino difamatoria, fue rechazada con energía por el fiscal general Francisco Barbosa Delgado.

Quienes analizan cada paso de este gobierno castro-chavista, ven que éste reposa sobre intereses tenebrosos. El tráfico de drogas aparece como el pilar básico del edificio y a su vez como su razón de ser, con proyecciones a largo plazo no solo locales sino continentales, sobre todo en materia de expansión financiera mafiosa y de estabilización de fuerzas subversivas anti-occidentales. Ese es el compromiso central, de largo aliento, de Gustavo Petro. Todas sus acciones apuntan hacia eso. La destrucción de las instituciones democráticas, de la economía liberal, del sistema de salud, de las fuerzas armadas, de la libertad de prensa, de la autonomía energética, son apenas una fase indispensable para alcanzar el objetivo máximo: la Colombia real, con su sistema democrático y sus clases dirigentes, no debe quedar en pie, hay que abolir todo eso. Ocurrió ya en Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué no en Colombia?

Pero él quiere algo más: poder cumplir ese vasto programa delante de los colombianos, sin que éstos crean lo que ven, sin que puedan descifrar lo que ven y sin que puedan darle un nombre a lo que ven y no descubran la salida a todo esto.

Objetivo: el puerto de Buenaventura

La campaña de Petro para anular la independencia de la Fiscalía y convertir al fiscal general en recadero del poder ejecutivo, fracasó por la reacción valerosa y rápida de Francisco Barbosa. Pero fue seguida por las maniobras para que la Corte Suprema de Justicia le elija a Petro un fiscal de bolsillo. Y es seguida por la no menos temible cruzada contra la vicefiscal Martha Mancera. ¿Que hay en el fondo? Una turbia operación para hacer caer el importante puerto de Buenaventura, en manos de unos clanes narcotraficantes. La toma del puerto es fundamental para controlar tres departamentos, Valle, Cauca y Nariño: el viejo objetivo de Alfonso Cano, muerto en combate en 2011 cuando era jefe de las Farc.

Hoy en día, las Farc (disidencias) están detrás del grupo mafioso que trata de apoderarse de Buenaventura. La vicefiscal Martha Mancera lo sabe y lucha contra eso. En lugar de ayudarla y de facilitar la captura de los narcotraficantes en ese puerto, Petro la insulta y amenaza y sus agentes sabotean su investigación. La fiscalía general había infiltrado dos investigadores en ese sector. Uno de ellos fue asesinado. La vicefiscal Martha Mancera acusa a las Farc de esa atrocidad. Acusa a Petro de proteger narcos, de armarle un complot a ella, de seguirla, de querer judicializarla. Ella teme ser asesinada.

Martha Mancera lanza preguntas a Petro, en la revista Semana, sin obtener respuesta. “¿Qué ha hecho usted para capturar a los narcotraficantes en Buenaventura? Nada. ¿Qué ha hecho usted para que en Colombia se puedan capturar a los narcotraficantes, visibles e invisibles? Nada”.

Buenaventura mueve el 60% del total de mercancías que entran y salen de Colombia.  Ese puerto movilizó, en 2018, según la CEPAL, 1.369.139 TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) lo que le permite ocupar el segundo puesto en Colombia después de Cartagena (2.862.787 TEU en 2018).

Indicios de la decisión mafiosa de apoderarse de Buenaventura emergieron hace un tiempo. Durante dos días en 2021 la subversión armada le echó mano al puerto, gracias a los paros insurreccionales, en Cali y toda su región. Gracias a la fuerza pública tuvo que retirarse. Después surgió otro hecho curioso. Uno de los primeros anuncios de la vicepresidente Francia Márquez fue la creación de un nuevo y descomunal departamento que controlaría todas las salidas de Colombia hacia el Océano Pacifico, una superficie que iría desde el Cabo Manglares (Nariño) hasta Juradó (Chocó). Su nombre: “Departamento del Litoral Pacífico”.

Nadie sabe si ese proyecto fue abandonado o si sigue bajo la mesa. Lo cierto es que Francia Márquez anunció que el primer gobernador sería el petrista Alexander López (1).

Desde el punto de vista de la población, el nuevo departamento tendría 8.196.442 habitantes, es decir sería más fuerte que Antioquia y el Valle del Cauca y solo sería superado por Cundinamarca-Bogotá (10.989.954 habitantes). Si traducimos esto en rentas e ingresos fiscales, y en votos, tendríamos el segundo departamento más rico en presupuesto y un enorme botín electoral. Sin hablar del poder de influencia sobre Cali y la economía colombiana. ¿Con eso el petrismo quiere hacerse hegemónico durante 50 años? Y como las Farc-disidencias están detrás con su aparato de terror podríamos vislumbrar el proyecto narco-comunista más oculto y contundente contra el país.

Las acusaciones de la vicefiscal Mancera

El sentimiento de que la “paz total” es la clave de ese andamiaje es generalizado. Petro ha logrado desmovilizar a las Fuerzas Armadas. Estas no entran a las zonas para proteger a la población o llegan y son paralizadas por falsas “defensas campesinas” que los desarman y expulsan, en el mejor de los casos. El gobierno les ha dado la orden de inhibirse, de no defenderse. Así se destruye un Ejército. El resultado en el terreno es terror y sangre: 86 masacres con 277 víctimas, entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2023.  Todos los departamentos han sido atacados, así como cinco grandes ciudades de Colombia. ¿Paz total?

Razón tiene la vicefiscal Mancera cuando dice: Petro está “defendiendo a los narcotraficantes, si no, ¿cómo explicamos que el 11 de enero solicite levantar las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo que son reconocidos narcotraficantes?”. Ella insiste: “¿Dónde están los narcotraficantes dueños de los estupefacientes? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está la Policía Judicial para poder contrarrestar realmente a los narcotraficantes en Colombia?”.

Tal es el contexto de la denuncia del expresidente Pastrana, a quien tratan de impedirle que describa las iniquidades del gobierno. Algo solo visto durante la única dictadura del país en el siglo XX, la del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Como callarse sería hacerle el juego al gobierno y traicionar a las víctimas, hay que repetir estas cosas una y otra vez y, sobre todo llamar a rodear de solidaridad a los héroes que combaten por el país, como el fiscal Francisco Barbosa, la vicefiscal Martha Mancera, la periodista Vicky Dávila, el expresidente Andrés Pastrana, Fernando Londoño, los activistas que organizan manifestaciones contra el régimen petrista, los parlamentarios, magistrados, periodistas, investigadores, militares y policías retirados o no, analistas, funcionarios, influenciadores, educadores y ciudadanos que luchan desde su posición y con sus limitados medios para que tal cantidad de fechorías no se las lleve el viento. Y a los que piden un juicio político, es decir la destitución de Petro por motivos constitucionales. Ellos son los verdaderos defensores de Colombia.

(1).- Ver mi artículo de 17 de julio de 2022 :  http://costanoticias.com/francia-marquez-quiere-echarle-mano-al-puerto-de-buenaventura-por-eduardo-mackenzie/