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Centro Democrático: el poder de las ideas (1850)

1. Escándalo MinTic: Estos son los nombres de los dos congresistas denunciados ante la Corte Suprema

2. Tres congresistas denunciados por escándalo de MinTic

3. “Usted sí me llamó a sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana”: Abudinen a Armando Benedetti

4. Exclusivo: “(Íbamos) a ganarnos un 10 por ciento del billón”, el testimonio completo de Juan Carlos Cáceres sobre Centros Poblados

5. El Partido Liberal y la casa Gaviria en el entramado de Centros Poblados

6. Corte Suprema investigará a Benedetti por su relación con Centros Poblados y Emilio Tapia

7. El peligroso maridaje de César Gaviria con Quintero Calle

8. Uribe salió a abogar para que no se derogue la Ley de garantías

9. Militancia uribista se rebela y pide unidad

10. “Criminales de guerra deben salir del Congreso”: director del Centro Nacional de Memoria Histórica

11. José Obdulio: Colombia está en serio peligro de que Petro sea elegido

12. Paloma Valencia arremete contra Gustavo Petro por su pasado guerrillero

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1. Escándalo MinTic: Estos son los nombres de los dos congresistas denunciados ante la Corte Suprema

Una red de veedurías pidió a la Sala de Instrucción investigar a dos senadores por el polémico contrato de más un billón de pesos, para llevar internet a zonas apartadas del país. SEMANA revela la denuncia completa de la Red de Veedurías Bien Común.

SEMANA conoció en primicia el documento completo con la denuncia que presentó la red de veedurías Bien Común en contra de dos congresistas por el escándalo de MinTic. Se trata de Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amín. El ponente será el magistrado Misael Rodríguez.

“La Veeduría Ciudadana puso en conocimiento de la Ministra Karen Abudinem Abuchaibe presuntos hechos anómalos sobre la posible participación en investigaciones penales por presuntos hechos de corrupción de algunas firmas proponentes que participarían en la licitación pública, sin que el despacho hubiese siquiera intentado profundizar el tema y prestándose a adjudicar el proceso licitatorio en comento”, señala la denuncia.

Y agrega el documento: “A pesar de haberse puesto en conocimiento previo de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio y la participación masiva de empresas con antecedentes penales por posible corrupción, se observa una posible omisión en siquiera indagar por las alertas ciudadanas que nacen precisamente para evitar detrimento patrimonial en un futuro. Al parecer, de acuerdo a los hechos presuntamente intermediaron, senadores de la República para evitar la caducidad del contrato 1043 de 2020, es decir, para proteger el patrimonio público que juraron blindar y proteger”.

La denuncia, dirigida al magistrado Misael Rodríguez, señala que: “No se está hablando de un proceso licitatorio de solo algunos millones de pesos sino de billones de Pesos. La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa, principio de la función pública, como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propio de un buen funcionario”.

Relata en el aparte de pruebas que “se adjudicó la Región B y se suscribió el Contrato Estatl de aportes 1043″ y que “por ello es impresentable que 8 polizas falsas, pasaran por encima de tantos funcionarios públicos”. El documento cita, por ejemplo:

1. La póliza “falsa de seriedad de la oferta sin número del banco ITAU”.

2. La Aclaración “falsa de la póliza falsa seriedad de la oferta sin número”.

3. Las 3 pólizas “falsas presentadas inicialmente al momento de legalizar el contrato”.

Las 3 pólizas falsas presentadas nuevamente el 30 de diciembre de 2020 al contratista Ses Colombia para que las aprobara identificadas, entre otras.

Entre los nombres que han salido a relucir en el escándalo aparece, por ejemplo, Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, brindó ese día con whisky junto a algunos de sus compinches. De nuevo lo había logrado. A un grupo de empresas que él había coordinado le acababan de adjudicar, en diciembre de 2020, un contrato por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales.

Así se lo contó a la Fiscalía Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotics y uno de los involucrados en el sonado escándalo que decidió colaborar con la justicia, y cuyo testimonio fue conocido en exclusiva por SEMANA. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.

https://www.semana.com/, Bogotá, 27 de septiembre de 2021.

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2. Tres congresistas denunciados por escándalo de MinTic

El senador Armando Benedetti fue denunciado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por estar presuntamente vinculado en la pérdida de los 70 mil millones de pesos del adelanto del contrato celebrado entre Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados para el suministro de internet. 

La denuncia también involucra a los congresistas Mauricio Gómez Amín y Daira Galvis. Dicha Denuncia fue radicada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común. Ahora la denuncia será estudiada por el magistrado Misael Rodríguez Castellanos

La exministra de las TIC, Karen Abudinen fue quien involucró al senador de la República, Armando Benedetti, en el escándalo del contrato a Centros Poblados.

De acuerdo con la exfuncionaria de la cartera de las TIC, Benedetti la llamó a decirle que cediera el contrato a una empresa norteamericana.

Por su parte, el senador le respondió a su trino que la exministra Karen Abudinen “justifica su negligencia” echándole el agua sucia a él por una “llamada que fue realizada después de adjudicada la licitación”.

Ver la publicación en Twitter de Armando Benedetti

“Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS", precisó

Ante la llamada el senador Benedetti aceptó que sí hizo dicho contacto con la exministra, pero negó que ésta tuviera un propósito para cometer una irregularidad.

“Tengo un Twitter del 6 o 7 de diciembre en el que digo si es verdad que están torciendo la licitación. (…) Los mismos asesores del Ministerio de Comunicaciones estaban diciendo que había cosas sospechosas en ese contrato. Llamé a María Paula Correa y le dije: ‘aquí en el Congreso hay un bonche con ese contrato’ y me dijo: ‘Lo sé porque el embajador de Estados Unidos estuvo aquí”, aseguró Benedetti a en una entrevista a Blu Radio.

Del mismo modo, en esta entrevista, negó haber conocido o tener vínculos con el contratista Emilio Tapia, alguno de los capturados por las pólizas falsas que se presentaron en el proceso de contratación.

"Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una CocaCola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del "rufián", quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay", dijo en su Twitter.

Frente al senador Gómez Amín, es relacionado con Alfredo Amín uno de vinculados a la investigación. Este último habría asesorado el proceso contractual.

Es de recordar que la ministra continúa vinculada a la investigación sobre el contrato entre el ministerio y Centros Poblados y que hasta ahora tiene una pérdida de 70.000 millones de pesos.

https://www.elnuevosiglo.com.co/, Bogotá, 27 de septiembre de 2021.

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3. “Usted sí me llamó a sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana”: Abudinen a Armando Benedetti

La exministra TIC reveló que el congresista, hoy en el Pacto Histórico, la llamó en medio del escándalo por el contrato con Centros Poblados.

La exministra de las TIC Karen Abudinen reveló este lunes que el senador Armando Benedetti, hoy en el Pacto Histórico, la llamó en medio del escándalo de Centros Poblados.

“Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS”, dijo Abudinen.

Ver el hilo de la conversación entre la ex ministra Karen Abudinen y Armando Benedetti en Twitter

Benedetti había dicho en Twitter: “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.

Recordemos que el 17 de diciembre de 2020, el senador Benedetti escribió en su red social Twitter: “¿No debería revisarse el proyecto de sitios rurales por 2.1 billones de pesos de MinTic? Un asesor del despacho asesora a un oferente y descalifica a un líder mundial en internet satelital”.

Ver la publicación de Armando Benedetti en Twitter

Cuando la unión temporal Centros Poblados se ganó el millonario contrato con el Ministerio TIC para llevarles internet a los niños de las escuelas más apartadas del país, hubo júbilo en la oficina 601 de un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá.

Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, brindó ese día con whisky junto a algunos de sus compinches. De nuevo lo había logrado. A un grupo de empresas que él había coordinado le acababan de adjudicar, en diciembre de 2020, un contrato por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales.

Así se lo contó a la Fiscalía Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotics y uno de los involucrados en el sonado escándalo que decidió colaborar con la justicia, y cuyo testimonio fue conocido en exclusiva por SEMANA. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.

Luego, cuando se dieron cuenta de que eran los ganadores del jugoso contrato, empezó la fiesta. “Yo inmediatamente celebré y todos celebramos, eso fue una gritería porque nos la habíamos ganado, yo me fui a una oficina, oré, lloré, llamé a mi esposa, llamé al doctor Oswaldo Medina y dije que Dios había hecho justicia porque nos la habíamos ganado. Abracé a Robert y lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky y después llegó el doctor Pino Ricci (...) Como a las 5:30 o 6:00 de la tarde nos fuimos a una cena todos los que estábamos ahí”, agregó Cáceres en su relato.

Este hombre dejó al descubierto que Emilio Tapia era el verdadero dueño del contrato de Centros Poblados, que le costó la renuncia a la ministra Karen Abudinen, y por el cual acaba de ser nuevamente capturado.

Hoy, el país, en medio de la indignación, no entiende cómo un condenado por corrupción, que obtuvo beneficios de la justicia, reincidió olímpicamente pasando por encima de los organismos de control y todas las autoridades y burlándose de los colombianos.

Pero las cosas se les pueden complicar aún más a Tapia y a sus socios. Hace apenas unos días, tras las gestiones del fiscal Francisco Barbosa en Estados Unidos, una comisión del FBI estuvo en Colombia y se llevó todas las pruebas del caso tras una reunión con el director anticorrupción de la Fiscalía, Edward Alirio Calderón.

En las últimas horas se confirmó que la justicia de Estados Unidos ya tiene abierto un proceso por lavado de activos, teniendo en cuenta que 58.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados habrían circulado por el sistema financiero de ese país. Los giros, al parecer, fueron hechos directamente por Cáceres, a quien ya le congelaron sus cuentas. En las próximas semanas podrían librarse órdenes de captura con pedidos de extradición contra algunos de los protagonistas de este escándalo.

“¿Qué papel tuvo Emilio Tapia en el desarrollo del contrato, y en los comités a los que usted hace mención?”, le preguntaron a Cáceres en la Fiscalía. “Él escuchaba, se le explicaba todo, lo que se iba a comprar, estos asesores que él tenía opinaban, también opinaba Luis Fernando Duque (representante legal de la unión temporal), y ellos aparte se reunían con proveedores y traían soluciones a la mesa”, respondió.

Es claro que Emilio Tapia sabe todo lo que pasó porque fue el cerebro. Antes de ser capturado, le hizo llegar una comunicación a la Fiscalía en la que manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Tapia tiene mucho que perder porque es un reincidente y había recibido beneficios, en un principio de oportunidad, tras ser condenado por el carrusel de la contratación. Se espera que este capo termine delatando a todos los involucrados, incluidos los políticos.

Los investigadores ya tienen pistas claras de un grupo de congresistas de la costa que habría participado del torcido. Hay sospechas sobre algunos miembros del Partido Liberal y Cambio Radical. Algunos habrían presionado para evitar que la ministra Abudinen caducara el contrato. También hay inquietudes sobre altos funcionarios del Ministerio, que ya salieron de la entidad, y que al parecer cumplieron un papel clave en el entramado. Las miradas están puestas sobre las actuaciones que pudo haber tenido el entonces viceministro TIC Iván Mantilla. Las autoridades empiezan a indagar si hubo sobornos a funcionarios. La primera cifra habla de 6.000 millones de pesos entregados, presuntamente, por debajo de la mesa.

Así se gestó la trampa

Cáceres contó que todo empezó a cocinarse después de que el abogado Inocencio Meléndez, también condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, le presentó a Tapia en Sincelejo. Unos días después de ese encuentro, Tapia citó a Cáceres a su oficina en Bogotá, en la calle 93 con 17, para que le explicara exactamente a qué se dedicaba en el mundo de las telecomunicaciones y las redes.

Al poco tiempo llegó la pandemia con sus cuarentenas. Ambos terminaron importando tapabocas desde China, ya que vieron allí una oportunidad de negocio. Luego, Cáceres se enteró de la convocatoria del Ministerio TIC para instalar internet en las escuelas rurales. Como dueño de Novotics, empezó a buscar con quién asociarse para presentarse a dicha licitación. Sin embargo, le cerraron más de una puerta y fue en ese momento cuando le contó a Tapia sobre la oportunidad, quien de inmediato se interesó por el contrato. “Él decía que lo de las redes era como una concesión de las vías, porque si usted monta una red de telecomunicaciones donde nadie ha llegado, pues usted va a tener mucho éxito”, dijo Cáceres en su interrogatorio.

Ambos se pusieron manos a la obra. Tapia empezó a articular todo el entramado empresarial, asesorado por abogados, técnicos, agentes de seguros y en reuniones en Bogotá, Barranquilla y Rionegro (Antioquia). “Él me dice que tiene unas empresas que pueden servir para eso, internacionales, que tiene los contactos. Y ahí se empieza a hacer un trámite con una empresa china, creo que era China Telecom”, contó Cáceres.

Sin embargo, la premura de la licitación y las demoras de los permisos y documentos con empresas internacionales llevaron a descartar a las firmas chinas. Tapia, un experto en hacerle trampa al Estado en la contratación, y al que muchos creían acabado y arrepentido por el saqueo en Bogotá, se movió rápidamente y puso sobre la mesa tres firmas: ICM, Omega Building e Intec. Las reuniones iban y venían.

En la casa de Tapia en Barranquilla, en la carrera 47 con calle 92, al lado de un jardín infantil, se estructuró gran parte del torcido. Cáceres relató un encuentro en esa vivienda al que habría asistido Alfredo Jesús Amín Yaber, un contratista de la costa que hoy también está en la mira de la justicia por el caso. En una reunión, Cáceres se impresionó por la cantidad de gente que visitaba a Tapia.

“Estaba él, había varias personas que no conozco para hablar de otros temas, cuando uno va a la casa de él le toca hacer antesala, porque a él lo visita mucha gente. Ese día llegó Robert. Ahí fue cuando nos presentaron al muchacho Amín, que él le dice Alfredito”, sostuvo.

En una declaración, el propio Amín Yaber le reconoció a la Fiscalía que fue contactado para que revisara toda la documentación técnica que la unión temporal iba a presentar ante el Ministerio TIC. Llama la atención que, insistentemente, a la hora de la estructuración del negocio, hablan de un hombre llamado “Mauricio”.

Tapia se encargó de vincular a las fichas clave de este entramado. No solo habría buscado desde el primer día la asesoría jurídica del abogado Jorge Pino Ricci, sino que contactó a Juan José Laverde, un agente de seguros. Todo parece indicar que las órdenes de Tapia se cumplían al pie de la letra. Por ejemplo, pidió una cuota de 100 millones de pesos a cada uno de los involucrados en el negocio para pagar la gestión de la póliza a un hombre identificado como John González Moreno. Todo esto se lo contó Cáceres a la Fiscalía, en un interrogatorio que inició sobre las 9:00 de la mañana y terminó casi 12 horas después.

La comunicación de Tapia con sus socios era fluida. En WhatsApp tenían dos grupos, llamados ‘Comité UT Urgente’ y ‘Póliza MinTIC’, en los que se cruzaban no solo mensajes, sino que se intercambiaban cuentas bancarias, tablas, reportes, recibos de pago y hasta imágenes de botellas de whisky con las que presumían.

Piñata con el anticipo

Los 70.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados terminaron siendo malversados y manejados como plata de bolsillo. La confesión de Cáceres a la Fiscalía da cuenta de ello, pues reveló que se compraron carros, apartamentos, se hicieron préstamos familiares y además Emilio Tapia dio órdenes de consignaciones a cuentas por fuera del país, concretamente a Dubái. La plata tenía que haberse destinado exclusivamente a la compra de los equipos para llevarles internet a los niños más humildes de Colombia.

El detalle de lo narrado por Cáceres es indignante. “Quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75.000 dólares por un tema personal”, confesó.

La Fiscalía le preguntó por un giro en particular que recibió su esposa, Shirley Carolina, por 147′595.000 pesos de la firma Inselsa, una de las proveedoras. Cáceres respondió: “Eso ahí debe haber una factura de por lo menos cinco o siete camionetas, no sé cuántas camionetas tenía alquiladas mi esposa, y no sé cuánto tiempo le debían del alquiler de las camionetas”.

Pero, además, Cáceres reveló que la plata del anticipo del contrato también terminó invertida en la compra de un vehículo de alta gama para uno de sus compañeros. “Quiero dejar constancia que Robert Gómez en esos días necesitaba un dinero porque no tenía carro y yo le dije al gerente de Inselsa que le diera un préstamo a Robert de 200 millones de pesos y que yo los iba a descontar de la plata que yo había conseguido”

Cáceres, quien ya solicitó un principio de oportunidad en la Fiscalía, detalló con cifras y documentos cómo la plata del anticipo terminó en cuentas suministradas por Tapia. “Como él representaba a las constructoras y esas eran socias del negocio, por eso le giré ese dinero”, dijo.

Los movimientos, según su testimonio, habrían sido los siguientes. A Safe Cargo Internacional le giró 120.000 dólares; a Cimexp FZ-LLC fueron a parar 73.000 dólares. “Sobre esta quiero decir que él me recalcó varias veces que no había llegado a su destino, que era Dubái; yo tenía que ir al banco a revisar esa transferencia, eso me lo dijo hace poco, yo no alcancé a ir al banco a verificar eso”, aseguró Cáceres. Otra de las transacciones fue a Juan Sebastián Ulloa por 30.000 dólares.

La plata también cayó en manos de otras empresas, por órdenes de Tapia. “2wings Aircraft, por 150.000 dólares; OLT Logistic, por 300.000 dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos. Y él me dijo: esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y Marcell Felipe Attomeys, por 50.000 dólares; quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante”, sostuvo Cáceres.

En su relato, también contó que por momentos hubo tensión entre los socios porque el anticipo que estaba previsto para febrero se tardó un poco más en llegar. Se quedaron ilíquidos y no tenían cómo pagar la nómina y a los proveedores. “Emilio Tapia me había dicho que no me preocupara por el dinero porque él tenía 60.000 millones de pesos aprobados en un crédito en el banco BBVA, pero yo personalmente, en la medida en que el tiempo pasaba, me di cuenta de que él no tenía eso, que eran mentiras, él decía que el crédito se lo habían cerrado por las noticias que habían salido del proceso”, contó Cáceres.

Amenazas de un comando armado

El escándalo por el desfalco del contrato de MinTIC con Centros Poblados ha tenido todos los ingredientes propios de la mafia. Cáceres le contó a la Fiscalía que, cuando estalló el escándalo, se reunió con Tapia, y este ya estaba muy desconfiado. Tanto, que Cáceres tuvo que levantarse la camisa y demostrarle que no llevaba su celular para grabarlo. Cuando Tapia le preguntó a Cáceres por su teléfono, este le contó que ya lo había entregado a la Fiscalía con todos los chats. Tapia se llevó las manos a la cabeza, sabiendo lo que se le venía encima. En otra reunión con Tapia, a Cáceres le habrían pedido acordar una estrategia de defensa conjunta.

Por esa razón, los días para Cáceres se volvieron muy complicados. El 6 de agosto, a las 2:00 de la madrugada, un comando de hombres armados irrumpió en su vivienda. “Me amordazaron, despertaron a mi esposa, me empezaron a golpear con una pistola en el pecho, me decían que si hablaba me iba a morir, que si hablaba iban a matar a mi hijo, que si decía algo a la Policía o a alguien, ellos iban a volver.

Después se llevaron a mi esposa al clóset, se llevaron sus joyas, dos o tres relojes míos y un dinero que tenía en efectivo. Hablaban por teléfono con una persona. Ahí duraron aproximadamente 29 minutos dentro de mi casa. Durante ese tiempo me seguían golpeando y diciendo cosas. Cuando se van, me van a poner como una capucha, yo les empecé a decir que no me pusieran eso, que me iba a dar algo al corazón. Mi esposa les dice que me den una aspirina, uno de los señores destapó la aspirina, me la da en la boca y saca agua de una neverita que tenemos en el cuarto. Me la echa en la cara y se va”, contó Cáceres.

En total, se llevaron 170 millones de pesos en efectivo, un reloj Piaget, otro reloj Cartier deportivo, tres cadenas, siete anillos y un par de aretes de oro, al igual que un crucifijo incrustado en piedras preciosas. El robo sumó 220 millones de pesos. “Desde ese día empecé a tener temor por mi vida, por mi esposa y por mis hijos”, dijo Cáceres en la Fiscalía.

Escándalo en EMCALI

Definitivamente ni las condenas, ni la cárcel, evitaron que Tapia se convirtiera en un pulpo de la contratación estatal. Además del carrusel en Bogotá, en los tiempos de Samuel Moreno, y del escándalo de MinTIC por el cual fue nuevamente capturado, sus tentáculos también habrían llegado a las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

SEMANA tiene en su poder las pruebas de la Fiscalía sobre dos cupos crédito falsificados a nombre del banco Itaú, uno por 1.140 millones de pesos y otro por 725 millones de pesos. Los documentos fueron expedidos a nombre de Proctor Construcciones S. A. S. para ganarse contratos con Emcali. Los documentos falsificados tienen fecha del 8 de febrero de 2021. Esos cupos de crédito falsos fueron presentados a Emcali por los consorcios Clarificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino, en los procesos 900-IPU-0609-2020 y 900-IPU-0610-2020. Para la Fiscalía, en Emcali se dio el mismo modus operandi que utilizó la unión temporal Centros Poblados en el contrato de MinTIC.

El ingeniero civil Jorge Alfonso Molina García, quien fungió como intermediario en las pólizas de Centros Poblados y los cupos crédito para Emcali, le dijo a la Fiscalía que Emilio Tapia no solamente era el “dueño del contrato de MinTIC”, sino de otro en las Empresas Municipales de la capital del Valle. Molina García, en su interrogatorio, también dio datos precisos de cómo la póliza para Centros Poblados fue imposible de adquirir y reveló la manera como se tramitó la garantía falsa.

“Una garantía de oferta debe tener un trámite de entrega de documentos de los implicados, en este caso de los integrantes de la unión temporal de Centros Poblados, no se hizo, ni se envió ni siquiera la cédula, ni del representante legal y por tal hecho se aduce que es un documento que no tiene el trámite respectivo y es falso”, contó Molina García.

Además, señaló como responsable de la falsedad en las garantías de Centros Poblados a Juan José Laverde, quien a su vez culpó a Molina García. Este último relató un hecho insólito ante los investigadores. “Juan José me solicitó que yo me echara la culpa de todo lo sucedido en el proceso de MinTIC. Me dijo: ‘mira, necesito que tú te eches la culpa’, y me lloró, y me dijo que él tenía una familia”, dijo Molina, quien le respondió: “Lo único que yo puedo hacer, Juan José, es decir la verdad”. Laverde le habría insistido: “Trata de que tú seas el culpable, tú sabes que es un grupo muy poderoso, pues te va a apoyar con la manutención de la familia, los pagos jurídicos y todo lo que tú necesitas”.

Según Molina, al día siguiente, un abogado de apellido González le insistió en que se declarara culpable y que dijera que él había hecho las garantías falsas. “Emilio Tapia es el real dueño de ese negocio (de Centros Poblados), tiene un poder que no sé hasta dónde pueda llegar y hacerme daño. Saben dónde vivo, saben cuáles son mis hijos, saben cuál es mi quehacer diario, y de una forma y otra tratarán de destruirme. Entonces tengo temor”, le dijo Molina García a la Fiscalía

También dijo que Laverde, de Rave Agencias Seguros, en una oportunidad y en medio del escándalo, le quitó el teléfono y le borró todos los mensajes que tenía con él.

Molina García sostuvo ante las autoridades que lo que esperaba de Tapia era que lo ayudara con subcontratos y de esta manera habría logrado uno con la Gobernación de Putumayo para la construcción de un colegio y otro con la Gobernación de Caldas.

En el caso de Emcali, las autoridades investigan las reuniones que se habrían realizado en una oficina en la calle 76 de Bogotá entre Emilio Tapia, el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, quien también fue condenado por el carrusel de la contratación, y la abogada Karin Stefanía Pupo Benito, hija de la excongresista Muriel Benito Rebollo, quien fue capturada en 2006 por sus presuntos nexos con paramilitares.

La bitácora de los chats

SEMANA conoció todo el paquete de chats de varios de los implicados en el escándalo del contrato de MinTIC. Entre otros, están los mensajes del teléfono celular de Juan Carlos Cáceres. Lo que queda claro es que de la camaradería se pasó a la angustia e incluso las conversaciones muestran que algunos se distanciaron cuando la olla empezó a destaparse.

Algunos mensajes llaman la atención. Por ejemplo, en una conversación entre Cáceres y Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal, se lee el siguiente mensaje: “Alineados con el vice”. El interlocutor responde: “Excelente noticia, te felicito, hermano”. “Vamos bien, falta la ministra”, le contesta. “Excelente”, responden. También se lee: “Interventoría alineada”.

En los mensajes entre Cáceres y Duque quedan en evidencia el desorden y el incumplimiento de las obligaciones a todo nivel. “Voy para Cúcuta a buscar un recurso porque ayer estábamos haciendo cuentas del tema de ejecución para poder avanzar, pero imagínese que el personal está muy inquieto y molesto por el no pago y se dieron cuenta de que no se han pagado los parafiscales. Algunos han amenazado que van a escribir al MinTIC y eso hace que se caiga toda la estrategia que tenemos”.

En los chats hay varias alusiones a las citas de los representantes de Centros Poblados con la ministra Karen Abudinen. Uno de ellos resultó inquietante para los investigadores. “Hay que hacer un trámite y acercamiento con ella en privado”, dice uno de los mensajes que se cruzaron Duque y Cáceres. En otra conversación, ya hablaban de la posibilidad de la caducidad, pero había una preocupación muy grande. “No hemos escrito una línea de defensa, no hemos armado estrategia, son muchos frentes, les pedí a todos que se movieran con soportes”, dice uno de los chats.

También queda en evidencia que Luis Fernando Duque fue el encargado de buscar la cesión del contrato a otro grupo empresarial. Y hay otro mensaje de Emilio Tapia a Cáceres en el que le dice: “Anoche no dormí pensando en la ministra”.

Si bien apenas empezaron las capturas por este escándalo, se sabe que vienen más en camino. Un capítulo aún desconocido es el de los políticos que pudieron haber tenido alguna participación. Aunque por ahora no hay información oficial, en los corrillos se mencionan varios nombres. SEMANA contactó a algunos de ellos.

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, negó cualquier vínculo, y aseguró que es amigo del alma de la exministra Abudinen, que defendió su honorabilidad y la caducidad, y que lo que sucede es que lo están confundiendo con un homónimo de un tío suyo de apellido Amín. La senadora Daira Galvis, de Cambio Radical, le dijo a este medio que su nombre ha sonado injustamente en este escándalo y señaló a la representante a la Cámara Katherine Miranda por este hecho. Miranda ha sido valiente y juiciosa en las denuncias en este escándalo de MinTIC. El senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, también negó tener vínculos con los involucrados en el escándalo de Centros Poblados y dijo que solo sabe de Tapia por el carrusel de la contratación en Bogotá.

El país apenas empieza a conocer la verdad de uno de los episodios de corrupción más vergonzosos en la historia reciente. Todo falló. De otra manera es imposible explicar que Emilio Tapia, el capo de la contratación estatal, haya podido crear un entramado criminal sin que nadie lo notara y se lo impidiera.

Su operación delincuencial parecía perfecta. Pero el mal manejo que su emporio le dio al anticipo de 70.000 millones de pesos y las garantías falsas para sustentar el negocio los dejaron al descubierto a él y a sus secuaces. Tapia pudo moverse de frente en Bogotá, Barranquilla y Rionegro (Antioquia) como un gran empresario, rodeado de abogados y asesores. De nada le sirvieron la cárcel ni el escarmiento público. Sin embargo, también surgen varias preguntas: ¿habrá autores intelectuales, políticos y empresariales aún más poderosos que Emilio Tapia en todo este entramado, así como sucedió en el carrusel de la contratación en Bogotá, en el que las otras cabezas fueron el exalcalde Samuel Moreno, su hermano Iván y los Nule?

Falta entender cómo se diseñó la licitación y cómo llegaron estos desconocidos a quedarse con un contrato de más de un billón de pesos, derrotando a grandes empresas del sector, sin despertar mayores sospechas. Finalmente, la exministra de las TIC Karen Abudinen, una veterana de la política, a juzgar por los chats, habría sostenido reuniones con algunos de estos personajes.

A su juicio, ¿le parecían calificados y competentes para cumplir con el contrato? ¿No vio diferencias entre estos “empresarios” y los de Claro, que se ganaron la otra mitad del contrato? ¿Cuáles fueron los controles que se pusieron en marcha y por qué fallaron? Falta mucho por conocer. Hay vacíos y mucha tela por cortar en este escándalo. Ahora la justicia tendrá que actuar y encontrar a todos los culpables. Tapia tendrá que pagar por lo que hizo y colaborar y delatar a sus cómplices. Colombia quiere ver una sanción ejemplar contra él y los implicados en este escándalo. No se puede seguir premiando a los corruptos.

https://www.semana.com/, Bogotá, 27 de septiembre de 2021.

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4. Exclusivo: “(Íbamos) a ganarnos un 10 por ciento del billón”, el testimonio completo de Juan Carlos Cáceres sobre Centros Poblados

El contratista de Novotic, una fundación que hace parte de la Unión Temporal, le contó a la Fiscalía detalles de cómo se planeó el negocio irregular tras la licitación del internet para los niños.

Juan Carlos Cáceres fue uno de los primeros en prender el ventilador sobre el escándalo de Centros Poblados. El experimentado contratista del sector de las TIC representaba a Novotic, una fundación que era parte de la Unión Temporal Centros Poblados.

“Voy a decir toda la verdad”, aseguró al comienzo de su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación. Cáceres aseguró que sabía a lo que se enfrentaba si hablaba, pues siempre que se destapa la verdad alguien queda molesto. Pero agregó que estaba dispuesto con miras a buscar un acuerdo con la justicia mediante un principio de oportunidad.

Cáceres comenzó narrando que el contrato de MinTic era un “sueño inalcanzable”. No era para menos. Se trataba de la adjudicación de cerca de 8.000 puntos de conectividad en todo el país con una cifra increíblemente alta: 1 billón de pesos.

Aseguró que por esa razón cuando la unión temporal Centros Poblados se ganó el millonario contrato con el Ministerio TIC para llevarles internet a los niños de las escuelas más apartadas del país, hubo júbilo en la oficina 601 de un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá.

Y narró el papel de quien será quizá el protagonista que genere más controversia: Emilio Tapia. Según él, el condenado contratista brindó ese día con whisky de la felicidad. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.

Luego, cuando se dieron cuenta de que eran los ganadores del jugoso contrato, empezó la fiesta. “Yo inmediatamente celebré y todos celebramos, eso fue una gritería porque nos la habíamos ganado, yo me fui a una oficina, oré, lloré, llamé a mi esposa, llamé al doctor Oswaldo Medina y dije que Dios había hecho justicia porque nos la habíamos ganado. Abracé a Robert y lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky y después llegó el doctor Pino Ricci (...) Como a las 5:30 o 6:00 de la tarde nos fuimos a una cena todos los que estábamos ahí”, agregó Cáceres en su relato.

Este hombre dejó al descubierto que Emilio Tapia era el verdadero dueño del contrato de Centros Poblados, que le costó la renuncia a la ministra Karen Abudinen, y por el cual acaba de ser nuevamente capturado.

“¿Qué papel tuvo Emilio Tapia en el desarrollo del contrato, y en los comités a los que usted hace mención?”, le preguntaron a Cáceres en la Fiscalía. “Él escuchaba, se le explicaba todo, lo que se iba a comprar, estos asesores que él tenía opinaban, también opinaba Luis Fernando Duque (representante legal de la unión temporal), y ellos aparte se reunían con proveedores y traían soluciones a la mesa”, respondió.

Cáceres contó que todo empezó a cocinarse después de que el abogado Inocencio Meléndez, también condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, le presentó a Tapia en Sincelejo. Unos días después de ese encuentro, Tapia citó a Cáceres a su oficina en Bogotá, en la calle 93 con 17, para que le explicara exactamente a qué se dedicaba en el mundo de las telecomunicaciones y las redes.

El contratista le contó a Tapia que se trataba de un negocio redondo. “Lo normal de este negocio era ganarnos un 10 por ciento del billón”, aseguró a la Fiscalía.

Al poco tiempo llegó la pandemia con sus cuarentenas. Ambos terminaron importando tapabocas desde China, ya que vieron allí una oportunidad de negocio. Luego, Cáceres se enteró de la convocatoria del Ministerio TIC para instalar internet en las escuelas rurales. Como dueño de Novotics, empezó a buscar con quién asociarse para presentarse a dicha licitación.

Sin embargo, le cerraron más de una puerta y fue en ese momento cuando le contó a Tapia sobre la oportunidad, quien de inmediato se interesó por el contrato. “Él decía que lo de las redes era como una concesión de las vías, porque si usted monta una red de telecomunicaciones donde nadie ha llegado, usted va a tener mucho éxito”, dijo Cáceres en su interrogatorio.

Ambos se pusieron manos a la obra. Tapia empezó a articular todo el entramado empresarial, asesorado por abogados, técnicos, agentes de seguros y en reuniones en Bogotá, Barranquilla y Rionegro (Antioquia).

“Él me dice que tiene unas empresas que pueden servir para eso, internacionales, que tiene los contactos. Y ahí se empieza a hacer un trámite con una empresa china, creo que era China Telecom”, contó Cáceres.

Sin embargo, la premura de la licitación y las demoras de los permisos y documentos con empresas internacionales llevaron a descartar a las firmas chinas. Tapia, un experto en hacerle trampa al Estado en la contratación, y al que muchos creían acabado y arrepentido por el saqueo en Bogotá, se movió rápidamente y puso sobre la mesa tres firmas: ICM, Omega Building e Intec. Las reuniones iban y venían.

En la casa de Tapia en Barranquilla, en la carrera 47 con calle 92, al lado de un jardín infantil, se estructuró gran parte del torcido. Cáceres relató un encuentro en esa vivienda al que habría asistido Alfredo Jesús Amín Yaber, un contratista de la costa que hoy también está en la mira de la justicia por el caso. En una reunión, Cáceres se impresionó por la cantidad de gente que visitaba a Tapia.

“Estaba él, había varias personas que no conozco para hablar de otros temas, cuando uno va a la casa de él le toca hacer antesala, porque a él lo visita mucha gente. Ese día llegó Robert. Ahí fue cuando nos presentaron al muchacho Amín, que él le dice Alfredito”, sostuvo.

En una declaración, el propio Amín Yaber le reconoció a la Fiscalía que fue contactado para que revisara toda la documentación técnica que la unión temporal iba a presentar ante el Ministerio TIC. Llama la atención que, insistentemente, a la hora de la estructuración del negocio, hablan de un hombre llamado “Mauricio”.

Tapia se encargó de vincular a las fichas clave de este entramado. No solo habría buscado desde el primer día la asesoría jurídica del abogado Jorge Pino Ricci, sino que contactó a Juan José Laverde, un agente de seguros. Todo parece indicar que las órdenes de Tapia se cumplían al pie de la letra. Por ejemplo, pidió una cuota de 100 millones de pesos a cada uno de los involucrados en el negocio para pagar la gestión de la póliza a un hombre identificado como John González Moreno. Todo esto se lo contó Cáceres a la Fiscalía, en un interrogatorio que inició sobre las 9:00 de la mañana y terminó casi 12 horas después.

La comunicación de Tapia con sus socios era fluida. En WhatsApp tenían dos grupos, llamados Comité UT Urgente y Póliza MinTIC, en los que se cruzaban no solo mensajes, sino que se intercambiaban cuentas bancarias, tablas, reportes, recibos de pago y hasta imágenes de botellas de whisky con las que presumían.

Piñata con el anticipo

Los 70.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados terminaron siendo malversados y manejados como plata de bolsillo. La confesión de Cáceres a la Fiscalía da cuenta de ello, pues reveló que se compraron carros, apartamentos, se hicieron préstamos familiares y además Emilio Tapia dio órdenes de consignaciones a cuentas por fuera del país, concretamente a Dubái. La plata tenía que haberse destinado exclusivamente a la compra de los equipos para llevarles internet a los niños más humildes de Colombia.

El detalle de lo narrado por Cáceres es indignante. “Quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75.000 dólares por un tema personal”, confesó.

La Fiscalía le preguntó por un giro en particular que recibió su esposa, Shirley Carolina, por 147′595.000 pesos de la firma Inselsa, una de las proveedoras. Cáceres respondió: “Eso ahí debe haber una factura de por lo menos cinco o siete camionetas, no sé cuántas camionetas tenía alquiladas mi esposa, y no sé cuánto tiempo le debían del alquiler de las camionetas”.

Pero, además, Cáceres reveló que la plata del anticipo del contrato también terminó invertida en la compra de un vehículo de alta gama para uno de sus compañeros. “Quiero dejar constancia que Robert Gómez en esos días necesitaba un dinero porque no tenía carro y yo le dije al gerente de Inselsa que le diera un préstamo a Robert de 200 millones de pesos y que yo los iba a descontar de la plata que yo había conseguido”

Cáceres, quien ya solicitó un principio de oportunidad en la Fiscalía, detalló con cifras y documentos cómo la plata del anticipo terminó en cuentas suministradas por Tapia. “Como él representaba a las constructoras y esas eran socias del negocio, por eso le giré ese dinero”, dijo.

Los movimientos, según su testimonio, habrían sido los siguientes. A Safe Cargo Internacional le giró 120.000 dólares; a Cimexp FZ-LLC fueron a parar 73.000 dólares. “Sobre esta quiero decir que él me recalcó varias veces que no había llegado a su destino, que era Dubái; yo tenía que ir al banco a revisar esa transferencia, eso me lo dijo hace poco, yo no alcancé a ir al banco a verificar eso”, aseguró Cáceres. Otra de las transacciones fue a Juan Sebastián Ulloa por 30.000 dólares.

La plata también cayó en manos de otras empresas, por órdenes de Tapia. “2wings Aircraft, por 150.000 dólares; OLT Logistic, por 300.000 dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos. Y él me dijo: esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y Marcell Felipe Attomeys, por 50.000 dólares; quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante”, sostuvo Cáceres.

En su relato, también contó que por momentos hubo tensión entre los socios porque el anticipo que estaba previsto para febrero se tardó un poco más en llegar. Se quedaron ilíquidos y no tenían cómo pagar la nómina y a los proveedores. “Emilio Tapia me había dicho que no me preocupara por el dinero porque él tenía 60.000 millones de pesos aprobados en un crédito en el banco BBVA, pero yo personalmente, en la medida en que el tiempo pasaba, me di cuenta de que él no tenía eso, que eran mentiras, él decía que el crédito se lo habían cerrado por las noticias que habían salido del proceso”, contó Cáceres.

Amenazas de un comando armado

El escándalo por el desfalco del contrato de MinTIC con Centros Poblados ha tenido todos los ingredientes propios de la mafia. Cáceres le contó a la Fiscalía que, cuando estalló el escándalo, se reunió con Tapia, y este ya estaba muy desconfiado. Tanto, que Cáceres tuvo que levantarse la camisa y demostrarle que no llevaba su celular para grabarlo. Cuando Tapia le preguntó a Cáceres por su teléfono, este le contó que ya lo había entregado a la Fiscalía con todos los chats. Tapia se llevó las manos a la cabeza, sabiendo lo que se le venía encima. En otra reunión con Tapia, a Cáceres le habrían pedido acordar una estrategia de defensa conjunta.

Por esa razón, los días para Cáceres se volvieron muy complicados. El 6 de agosto, a las 2:00 de la madrugada, un comando de hombres armados irrumpió en su vivienda. “Me amordazaron, despertaron a mi esposa, me empezaron a golpear con una pistola en el pecho, me decían que si hablaba me iba a morir, que si hablaba iban a matar a mi hijo, que si decía algo a la Policía o a alguien, ellos iban a volver.

Después se llevaron a mi esposa al clóset, se llevaron sus joyas, dos o tres relojes míos y un dinero que tenía en efectivo. Hablaban por teléfono con una persona. Ahí duraron aproximadamente 29 minutos dentro de mi casa. Durante ese tiempo me seguían golpeando y diciendo cosas. Cuando se van, me van a poner como una capucha, yo les empecé a decir que no me pusieran eso, que me iba a dar algo al corazón. Mi esposa les dice que me den una aspirina, uno de los señores destapó la aspirina, me la da en la boca y saca agua de una neverita que tenemos en el cuarto. Me la echa en la cara y se va”, contó Cáceres.

En total, se llevaron 170 millones de pesos en efectivo, un reloj Piaget, otro reloj Cartier deportivo, tres cadenas, siete anillos y un par de aretes de oro, al igual que un crucifijo incrustado en piedras preciosas. El robo sumó 220 millones de pesos. “Desde ese día empecé a tener temor por mi vida, por mi esposa y por mis hijos”, dijo Cáceres en la Fiscalía.

https://www.semana.com/, Bogotá, 26 de septiembre de 2021.

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5. El Partido Liberal y la casa Gaviria en el entramado de Centros Poblados

La huella del Partido Liberal en la red de contratación pública de Centros Poblados y las empresas que la integran tiene trazos imborrables. Igual ocurre con la alcaldía de Medellín bajo el timón de Daniel Quintero y los Gaviria con su Partido Liberal a la sombra.

Ver el hilo de publicaciones de Gustavo Rugeles en Twitter

Hasta el momento, como anticipamos en El Expediente, la línea de investigación que más toma fuerza en torno a Centros Poblados y sus más de 85 contratos por cerca de $3 billones suscritos con el Estado y en este caso con el MinTic, es la que apunta hacia el ex viceministro de infraestructura Iván Mantilla.

Llegó al cargo en 2018 con el respaldo del Partido Liberal y fue sostenido por la casa Gaviria hasta comienzos del 2021 cuando la ministra Abudinem le pidió la renuncia sin que se conocieran mayores detalles de su salida.

El Expediente tiene información según la cual el ex viceministro Mantilla fue clave en la estructuración de la licitación y se investiga si fue uno de los intermediarios en la posible entrega de sobornos de parte de Centros Poblados a distintos políticos que están en la nómina de su basta red de contratación y que pertenecen, en su gran mayoría, al Partido Liberal.

El ex viceministro Mantilla atendió la comunicación de El Expediente y expresó que no ha sido llamado por las autoridades y que tuvo nada que ver en el proyecto ni tampoco fue ordenador de gasto.

Otra de las pistas cercanas al Partido Liberal es la relación del representante legal de ICM Ingenieros, el coronel retirado Herles Ariza Becerra, con el expresidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo.

ICM Ingenieros tiene el 35% de participación en Centros Poblados y su representante legal suplente es Karen Stephenia Pupo Rebollo.

ICM Ingenieros registra 11 contratos con el estado por $189 mil millones de pesos, sin contar el contrato con MinTic por más de $ 1 billón y los demás contratos de Centros Poblados y compañía concentrados, primordialmente en departamentos bajo gobiernos del Partido Liberal.

Ariza Becerra es socio de Emilio Tapia en distintos negocios y a su vez sigue siendo cercano al expresidente Gaviria a quien le sirvió como edecan personal durante los cuatro años de su gobierno. Así se presenta en su perfil comercial en Internet donde también se observa que es miembro de la junta directiva de Enertolima.

Actualmente Herles Ariza es representante comercial de la empresa norteamericana Saint Michel Group, una consultora dedicada a la investigación y análisis de riesgos financieros y comerciales.

Herles Ariza Becerra también fue el liquidador de los bienes de Enilce López ‘La Gata’ y de Kapital group, una de las firmas de los primos Nule vinculados al igual que su socio Emilio Tapia en el carrusel de la contratación en Bogotá.

El senador Miguel Gómez Amin

El senador Liberal y Barranquillero Mauricio Gómez Amin también tendría que darle sus explicaciones a las autoridades en este caso. Es innegable su relación política con el ex viceministro y la amistad que existe entre Emilio Tapia y sus compartidarios el exministro de las Tic David Luna y Simon Gaviria. También funge como enlace entre el poder en Barranquilla, el Partido Liberal y la Alcaldía de Medellín.

Con la intervención del FBI también se estableció que esta red de contratación tiene alrededor de USD 80 millones de dólares producto del saqueo de las arcas públicas escondidos en Estados Unidos.

https://elexpediente.co/, Bogotá, 26 de septiembre de 2021.

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6. Corte Suprema investigará a Benedetti por su relación con Centros Poblados y Emilio Tapia

La Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia contempla abrir investigación de oficio contra el senador Armando Benedetti por cuenta de su llamada a la ministra Karen Abudinem para intermediar a favor de Centros Poblados, buscando frenar la caducidad del contrato con el MinTic.

La primicia de El Expediente y todos los detalles de la llamada ya están en poder de la Corte Suprema de Justicia que también le lleva una investigación por lavado de activos.

https://elexpediente.co/, Bogotá, 27 de septiembre de 2021.

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7. El peligroso maridaje de César Gaviria con Quintero Calle

En medio del alboroto creado por la presencia del consorcio chino en la visita a Hidroituango, cuyo propósito era identificar a posibles contratistas que pudieran continuar con las obras —en caso de que los actuales constructores no logren terminarlas—, se perdió de vista el hecho de que en la lista publicada por El Colombiano figuraba ICA Constructora de México, empresa que fracasó estrepitosamente en la gestión de un gigantesco contrato que obtuvo en Bogotá a finales del siglo pasado.

La historia comenzó en 1997, durante el primer mandato de Antanas Mockus como mandatario de la capital. Antes de renunciar, el entonces alcalde diseñó un contrato leonino que, tiempo después, le fue adjudicado a la mexicana ICA. El contratista se comprometió a hacerse cargo del mantenimiento de casi 10 millones de metros cuadrados de malla vial por un costo de 111 mil millones de pesos —cerca de 90 millones de dólares de la época—. Pero bastaron solo seis meses de gestión para que el castillo de naipes se viniera abajo: en ese momento, el Distrito reportó un incumplimiento del 34% de las obras.

Para colmo de males, lo poco que ICA había hecho lo hizo mal. A final de cuentas, de los 10 millones de metros contratados, ICA abandonó el 57% de las obras y se perdieron más de 50 mil millones de pesos de la época, aunque la cifra podría ser muy superior. El contrato terminó en una disputa jurídica que duró casi una década. Todo lo anterior descalificaría a cualquier empresa colombiana o extranjera que quisiera ser contratista de Hidroituango, máxime si se tiene en cuenta la complejidad del proyecto y su importancia estratégica para la sostenibilidad energética del país. De ahí que resulte extraña la invitación hecha a ICA. Sin embargo, todo parece indicar que hay nombres y componendas que están detrás de la visita de los mexicanos a la hidroeléctrica.

A pesar de camuflarse en la oscuridad, existe una relación sospechosa entre ICA y los tentáculos de César Gaviria Trujillo. Es importante recordar que, así como pasa en Medellín con Quintero Calle, el expresidente siempre estuvo detrás de Antanas Mockus. De hecho, es bueno recordar que el exalcalde fue miembro del kínder gavirista, pues fue nombrado directamente por Gaviria en la rectoría de la Universidad Nacional, cargo que en aquella época era asignado únicamente por el Presidente de la República.

Dicho esto, hay otros hechos que deberían llamar nuestra atención: Antanas Mockus y César Gaviria también aparecen vinculados a los hermanos Nule, recordados por el asalto al erario mediante el carrusel de la contratación. Estamos hablando de los mismos personajes que terminaron en la cárcel junto a Samuel e Iván Moreno Rojas. Resulta que los Nule, para convertirse en los grandes empresarios que vendían los medios, se valieron de un entramado de poder, contactos y padrinazgo político. Esa telaraña fue urdida por los patriarcas de la empresa de los Nule, muy cercanos al expresidente que funge como consejero de Quintero Calle.

De hecho, el grupo Nule nació en 1992, cuando los tres universitarios crearon MNV S.A. En 1998 la empresa se trasladó a Bogotá y comenzó a firmar contrataciones con el Distrito y con el Instituto Nacional de Vías. Ahí apareció Antanas Mockus, quien les otorgó el primer gran contrato: la administración de una de las tres zonas para la gestión de redes del Acueducto, lo cual terminó en un tribunal de arbitramento ante la Cámara de Comercio. Pese a todo ello, Mockus les adjudicó otro contrato importante: el manejo de los patios y grúas de tránsito de la capital. Por ese entonces, el presidente de MNV era Guido Nule Amín, exministro de Minas y Energía bajo la presidencia de Gaviria Trujillo.

Entonces no fue gratuita la llegada de los Nule a Bogotá, pues todos formaban parte del entramado de poder que logró construir el expresidente con su círculo más cercano. De hecho, el común denominador entre ICA, Mockus y los Nule es la sombra de César Gaviria Trujillo.

Ahora que están comparando a los hermanos Quintero Calle con los Moreno Rojas, resulta alarmante la injerencia de Gaviria en el manejo de Medellín, pues su nombre aparece indirectamente cuando se escudriñan los escándalos de corrupción que vinculan a los Nule con los Moreno Rojas. Esto es peligroso para el erario de la capital de Antioquia, ya que esos tentáculos estarían moviéndose en la ciudad para apropiarse de la joya de la corona: EPM.

En resumen, el contrato fallido, adjudicado a ICA, fue elaborado por Antanas Mockus, miembro del kínder de Gaviria. Fue Mockus quien concedió varios contratos a la empresa de los Nule, apéndice del kínder del exmandatario, incluso cuando uno de ellos se encontraba en un tribunal de arbitramento. ¿Cómo se conecta todo esto? A través del hilo conductor: César Gaviria Trujillo. Por desgracia, este entramado se asoma sigiloso en EPM, en Hidroituango y en Medellín.  No se puede ignorar que Gaviria parece ser el consigliere de Daniel Quintero Calle.

En Twitter: @atrabilioso

https://ifmnoticias.com/, Medellín, 26 de septiembre de 2021.

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8. Uribe salió a abogar para que no se derogue la Ley de garantías

El expresidente dice que la petición se hubiera realizado mucho antes, y no previo a las campañas electorales. Acopi dice que el ajuste seria violatorio de varias normas.

La Ley de garantías, alrededor de la cual se pidió un ajuste en el proyecto de Presupuesto 2022, está en medio de una gran controversia en el país.

El expresidente Álvaro Uribe pidió a su bancada política el apoyo para que no se derogue dicha ley, con el argumento de que se hace necesario proteger la honra del Gobierno.

En manos del Congreso está la decisión de mantener o eliminar la Ley de Garantías.

Podrán tumbar el ajuste a la Ley de garantías, aprobado en primer debate en el proyecto de presupuesto 2022?

Este lunes, en la agenda del Congreso de la República, estaba incluida la realización de una audiencia pública alrededor del tema, el cual, no solo tiene un artículo en el Presupuesto 2022 para tumbar la medida que detiene la celebración de contratos interadministrativos en épocas preelectorales, sino que hay un proyecto de ley que avanza. La audiencia fue aplazada.

"Hay que salvar la honra del Gobierno", dijo Álvaro Uribe. foto Diana Rey Melo - Foto: DIANA REY MELO

Las medidas que se incluyen en la Ley de garantías se crearon para ponerle freno a la corrupción, la cual se activa aún más en temporadas de elecciones, para promover la compra de votos y el pago de favores políticos a fin de obtener ventajas electorales.

Por esa razón, para Uribe, el asunto ahora es de defender la honra del Gobierno, pues el camino de modificar la ley de garantías, con el propósito de no detener la inersión de los recursos públicos (que es el argumento expuesto por los que proponen los cambios), “debió hacerse al inicio y no en vísperas electorales”, dijo el expresidente.

Ver la publicación del Expresidente Álvaro Uribe Vélez en Twitter

Gremio de Mipymes también rechaza el cambio

El gremio de Mipymes en Colombia, Acopi, en el que está más del 90% del tejido empresarial de Colombia, también salió en rechazo de la iniciativa que fue presentada en el Proyecto de Presupuesto 2022, para suspender el artículo 38 de la Ley de Garantías.

Debate: ¿Es viable eliminar la ley de garantías?

Coalición de la Esperanza rechaza eliminar Ley de Garantías

Para las pequeñas y medianas empresas, dicha suspensión “dejaría sin efecto la prohibición para servidores públicos de celebrar convenios interadministrativos y contratación directa a menos de cuatro meses de las elecciones”.

En consecuencia, “con esta modificación, fundada en darle continuidad al proceso de reactivación económica y no limitar la ejecución de presupuesto de las autoridades territoriales consideramos que no es conveniente ya que afecta el proceso de transparencia, garantías y objetividad en las elecciones, dado que estamos a puertas de la celebración de estas en el próximo 2022″.

Ya la reactivación está en marcha

En relación con el argumento, según el cual, se requiere modificar la Ley de garantías para que la inversión no se frene y se continúe con la reactivación económica, pues las cifras ya muestran que la economía está marchando: en el segundo trimestre del año se impulsó en 17,6%, y las expectativas para el resto del año son altamente optimistas.

Por esa razón, Acopi recordó que “La ley de Garantías, se expidió con el fin de evitar el uso de recursos públicos en época electoral en beneficio de sectores políticos y con fines proselitistas”.

En esa misma línea, el gremio de Mipymes considera que se debe mantener la medida de blindaje, “puesto que es una norma preventiva que ayuda a asegurar que los procesos electorales y los recursos sean transparentes y eficientes”.

Ojo, no se puede modificar por vía ordinaria

Acopi agrega que “existe un vicio de inconstitucionalidad que afecta la iniciativa, teniendo en cuenta que esta Ley es estatutaria, y no se puede regular ni modificar por una ley ordinaria como es la Ley de Presupuesto Nacional”.

El gremio enfatiza también en que se violaría el artículo 158 de la Constitución colombiana, que señala “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisible las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”.

En tal sentido, “no es posible que en una Ley de Presupuesto se presenten modificaciones de un tema totalmente ajeno a la misma como son las garantías electorales establecidas en la ley estatutaria 996 de 2005″.

https://www.semana.com/, Bogotá, 27 de septiembre de 2021.

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9. Militancia uribista se rebela y pide unidad

Con el numeral 'UribismoUnidoPorEl22', los seguidores de Álvaro Uribe rechazan las divisiones y el exceso de confianza.

Este domingo las redes sociales marcaron entre sus tendencias 'UribismoUnidoPorEl22', un numeral a través del cual los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) decidieron 'rebelarse' ante lo que consideran "exceso de confianza" para conseguir permanecer en el poder en el próximo cuatrenio.

A través del numeral, se difundió una carta, firmada por la militancia, en la que se afirma:  "A pocos meses para las elecciones hemos llegado al punto de sentirnos confiados en poder derrotar sin dificultad al candidato que llevaría a Colombia a su destrucción".

La comunicación, que ha sido replicada por miles de usuarios de las redes sociales, no tiene un autor definido, aunque, ha contado con el apoyo de varios miembros del partido del exmandatario: el Centro Democrático.

La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, aunque no replicó el contenido de la carta, escribió en su Twitter: " Siempre unidos y siempre firmes. Se les quiere mucho. Gracias por todo lo que hacen #Uribistas ustedes son los que hacen este partido imbatible".

Haciendo alusión al candidato a derrotar, al cual no se menciona, la carta publicada en redes señala : "Hasta el momento hemos cabalgado sobre sus errores que, por fortuna, no han sido pocos; sin embargo, no hay escenario más peligroso que ese: el exceso de confianza que trae consigo un relajamiento; y hoy, muchos, en lugar de unir, se han dedicado a dividir".

Cabe recordar que desde hace unos días se ha registrado una molestia en los seguidores y algunos precandidatos del Centro Democrático, luego de que varios congresistas de la bancada uribista manifestaran públicamente su apoyo al precandidato Óscar Iván Zuluaga.

Al respecto un usuario de Twitter, que publicó las fotografías de varios precandidatos escribió: " Ya pasaron aquellos días en que a nosotros nos imponían un candidato, por eso nos extraña que algunos congresistas publique un listado queriendo favorecer a un candidato, no señores eso no es así, hoy la militancia que es quien pone los votos es quien escoge".

De otra parte, la comunicación anuncia que la militancia se rebela a las imposiciones: "Nos rebelamos contra los que piensan que derrotar a esa amenaza socialista solo es cuestión de acuerdos y de imposiciones desconectadas de la ciudadanía. También nos rebelamos contra las barras  bravas de los candidatos que están empeñadas en destruir a los demás".

Finalmente, el texto insiste, tal y como lo escribieron varios usuarios de Twitter, en la unidad para conseguir el triunfo en las elecciones de 2022.

"Por esto debemos estar unidos y rechazar todo intento de fragmentarnos y de distraer nuestro verdadero propósito que se llama Colombia", remata la comunicación.

https://www.rcnradio.com/, Bogotá, 26 de septiembre de 2021.

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10. “Criminales de guerra deben salir del Congreso”: director del Centro Nacional de Memoria Histórica

Darío Acevedo volvió a lanzar fuertes comentarios contra los excombatientes de las Farc que están en el Congreso por el partido Comunes.

El homenaje que hicieron desde el partido Comunes al ‘Mono Jojoy’ más las polémicas declaraciones que entregó la senadora excombatiente, Sandra Ramírez, por decir que los secuestrados de las Farc “tenían comodidades”, provocaron fuertes reacciones por parte de quienes han cuestionado el Acuerdo de Paz.

Entre ellos a Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien compartió una información entregada por la periodista Stephanie Bates que asegura que en Colombia han sido asesinados 34.027 miembros de la fuerza pública por grupos narcoterroristas.

“Escalofriante, y que eso haya sucedido en un país democrático y que los victimarios hayan salido premiados”, señaló Acevedo refiriéndose a los militantes de Comunes, el partido político de los excombatientes de las Farc.

El funcionario público insistió en que criminales de guerra deben salir del Congreso. “Permanecer allí es una afrenta a las víctimas, a los DDHH, a la CPI”.

El pasado 23 de junio, el senador, Iván Cepeda, informó a los Relatores Especiales de memoria y de derechos de las víctimas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre una serie de hechos, que según el político, demuestran que el director del Centro Nacional de Memoria Histórica ha vulnerado el derecho a la verdad y memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Se refiere concretamente a que los derechos de las víctimas del conflicto armado y de graves violaciones a los derechos humanos “han sido vulnerados y se encuentran en riesgo de ser violentados con la puesta en marcha del Museo de Memoria”.

Para Cepeda, entre los sucesos, luego de dos años y cuatro meses de gestión de Acevedo, se destaca el negacionismo de hechos con relación al conflicto armado del país; los actos de censura y desconocimiento de las iniciativas de las víctimas del conflicto armado que vulneran su derecho a la reparación simbólica; alteraciones y modificaciones arbitrarias a relatos de víctimas de cara a relativizar los crímenes cometidos por la fuerza pública en el futuro Museo de la Memoria.

Por esas razones, el senador Cepeda le solicitó a la comisionada Antonia Urrejola y al relator Fabián Salvioli, que tengan en cuenta esta información para los informes que periódicamente realizan, y que consideren solicitar al Estado colombiano información y documentos que permita evaluar el direccionamiento de la actual política de memoria, así como, “una anuencia para una visita de trabajo al país”.

“Le hemos pedido a los Relatores que soliciten oficialmente al Estado colombiano explicaciones e información sobre el particular. Darío Acevedo no solamente ha censurado a las víctimas, también ha diseñado políticas de la institución que dirige de acuerdo con sus propias convicciones ideológicas. En declaraciones públicas ha denigrado y descalificado abiertamente a grupos de víctimas del Estado por sus denuncias ante las autoridades competentes y la opinión pública”, señaló Cepeda.

En marzo de este año, Acevedo, en conversación con Infobae Colombia, explicó que cuestiona el conflicto armado, “porque el conocimiento y la interpretación de la realidad es un tema siempre controversial y más si es un tema cultural, económico o político. Decir eso no es un tema de dogma, es un tema de orden político y jurídico con el fin de favorecer procesos de acercamiento y negociación entre el Estado y fuerzas insurgentes. Y más porque el tema principal de la ley de víctimas no es decir si hay o no hay conflicto armado, aunque yo lo acepte en todas mis intervenciones”.

En esa misma línea, explicó lo que para él son las víctimas del conflicto: “En el caso nuestro tenemos un Estado que mal que bien ha sido democrático por muchos años y sobre todo después de la dictadura de Rojas Pinilla que duró 4 años con el establecimiento del Frente Nacional. Es un levantamiento no homogéneo contra una democracia, es decir, con varias guerrillas y con grupos paramilitares, además de grupos narcos que también podrían clasificar ahí como en conflicto contra el Estado”.

https://www.infobae.com/, Bogotá, 25 de septiembre de 2021.

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11. José Obdulio: Colombia está en serio peligro de que Petro sea elegido

Los Irreverentes. Senador, hace mucho no hablaba con este portal. Gracias por esta entrevista y empecemos por la campaña presidencial. Todas las encuestas arrojan un resultado similar: Petro encabeza la intención de voto tanto en primera como en las diferentes alternativas de segunda vuelta. ¿Es irreductible la victoria del socialcomunismo criollo en 2022?

José Obdulio Gaviria. Le respondo con una pregunta. ¿Colombia está condenada ineluctablemente a ser gobernada por un personaje desmovilizado del terrorismo y quien fue el primer aliado público que tuvo Chávez cuando salió de la cárcel en 1994? Yo creo que no pesa sobre Colombia esa condena ominosa. Pero también le aseguro que Colombia sí está en un serio peligro de que Petro sea elegido y que hay que trabajar denodada e inteligentemente para impedirlo. Que es lo que no hizo Perú el pasado junio.

L I. Al margen de su reflexión, Petro tiene una fuerte y muy consolidada intención de voto. Si bien es cierto que los zafarranchos organizados por sus seguidores tuvieron un impacto en las encuestas, es innegable que él tiene una ventaja muy amplia frente a cualquier otro candidato.

J O G. Petro lleva más de un año encabezando las encuestas. La Corte Constitucional le acaba de regalar personería jurídica a su partido Colombia Humana que en la última encuesta aparece como el primero en intención de voto para las parlamentarias. Es decir, sí hay un franco peligro de que Colombia siga la huella del Perú.

L I. ¿Cómo entender el apoyo que recibe un sujeto abiertamente enemigo de las libertades, que amenaza con expropiar empresas y confiscar parte de las utilidades de las mismas?

J O G. Porque en todo tiempo y en todo lugar hay gente dispuesta a dejarse engañar y estafar. Siempre habrá quién invierta en “bonos de Nigeria”. Y, peor, siempre habrá gente dispuesta a que la canibalicen. ¿Recuerda el Caníbal de Alemania que puso un anuncio solicitando candidatos para ser asados y comidos y le resultaron tres personas dispuestas a eso?  Todo el mundo sabe lo que pasaría con Petro como presidente y sin embargo ya hay por lo menos cinco senadores de origen liberal que lo están apoyando y varios empresarios financiándolo.

L I. Cuando se señala el maridaje de Petro con Hugo Chávez y Fidel Castro -los dos fantasmas con los que ustedes en el uribismo siguen peleando- no son pocos los que aseguran que dicha esquematización es una típica teoría de la conspiración. Pero basta con hacer un estudio rápido de esos tres individuos para concluir que efectivamente hay una insoslayable identidad ideológica.

J O G. Petro y sus asesores pulieron y entrenaron a Chávez y lo prepararon para su debut como el nuevo caudillo de la extrema izquierda. El show inaugural fue en diciembre del 94. El propio Fidel Castro recibió al coronel golpista en el aeropuerto de La Habana como si fuera un jefe de Estado y en la noche lo llevó al teatro Carlos Marx. Presentó a Chávez como una especie de Lenin de tierra caliente. El video de ese espectáculo está a disposición del público en YouTube. Muchos ingenuos creen que Petro, Castro y Chávez no anduvieron siempre sincronizados.

L I. Concretamente, ¿Petro es un Chávez?

J O G. ¡Claro que sí!  En 2006, Petro dijo en una entrevista que Chávez estaba “haciendo lo que el M-19 quería hacer, una sociedad democrática, una sociedad donde los pobres puedan expresarse y no los maten, una sociedad donde el crédito vaya para todos, una sociedad donde la tierra se vuelva productiva, donde su principal riqueza que es el petróleo se vuelve salud para los viejitos.” En 2021 Petro ha ido más lejos. Ya dice que el petróleo y la minería no irán mas si él gobierna a Colombia y que va a reemplazar esa riqueza con papelitos impresos, con emisión de billetes. Petro, Castro, Maduro, Ortega, Correa, los Kirchner, son harina del mismo costal, son la misma perra con distinta guasca, son el Foro de Sao Paulo.

L I. Estamos haciendo frente a una arremetida socialista brutal. Lo de Pedro Castillo en Perú es, además de vergonzoso, supremamente peligroso. Se trata de un individuo primario en todo el sentido de la palabra.

J O G. Perú eligió presidente a un sujeto más ignorante que Chávez, Petro y Maduro juntos y que pertenece a un partido que hace apología del terrorismo de Sendero Luminoso. El gabinete peruano es impresentable. Con decirle que el ya defenestrado canciller Béjar fue el fundador del ELN del Perú. Un gobierno en Colombia del Foro de Sao Paulo sería como los gobiernos de Castro, Maduro y Castillo. Los gobiernos del Foro son gobiernos cuyo signo distintivo es el hambre y el éxodo de la población.

L I. Concentrémonos en el caso colombiano, senador y hablemos de la amenaza que se cierne sobre Colombia. Personalmente, creo que el caso es perdido y que será muy difícil atajar a los socialcomunistas. Por las razones que sea, la extrema izquierda tiene todas las de ganar y con ello ganarán Santos y los terroristas de las Farc.

J O G. Yo reconozco que Santos y las FARC han logrado avanzar. Que la correlación de fuerzas ha mejorado para ellos. Cuando se enfrenta a fuerzas como Petro y las FARC no se está hablando de competencia democrática sino de derrotar a una fuerza enemiga de la democracia. El Foro en el poder pone en marcha de inmediato una matriz: la constituyente que suprime la separación de poderes, las libertades ciudadanas incluida la libertad empresarial y el sistema pluripartidista. Ellos acaban con el mercado y entronizan el partido único.

L I. En las elecciones de 2018, el uribismo fue arrollador. Los resultados de esas elecciones son admirables. Barrieron en Congreso e impusieron con una muy amplia mayoría al presidente Duque. El panorama, de cara al 22, no es el mismo. ¿Sin coalición hay posibilidad de ganar un cupo a la segunda vuelta? O se lo pregunto de otra manera: ¿Hay que llegar con una coalición a la primera vuelta?

J O G.  En el 22 ningún partido, movimiento o candidato en solitario es capaz de enfrentar ese peligro. Ir separados a la primera vuelta es un suicidio. Eso hizo el Perú en abril, con 18 candidatos, o lo hicieron los venezolanos en 1998. Ambos países perdieron. Uribe dijo hace varios meses: ¡cuidado con el 22! ¡Cuidado! Estamos a tiempo de concretar la gran alianza de la libertad.

L I. No será fácil armar esa coalición. Son muchos candidatos, todos con intereses distintos y, por supuesto, con vanidades y ambiciones. ¿A quiénes ve en esa coalición?

J O G. Corre por cuenta del nuevo liderazgo democrático liberal saber maniobrar y enfrentar unidos la primera vuelta presidencial. Mire usted lo amplio y representativo que es ese espectro: el CD y precandidatos ya probados exitosamente como Zuluaga, los ex alcaldes Peñaloza, ‘Fico’ Gutiérrez y Char, los ex gobernadores Dilian, Luis Pérez y Verano. El partido conservador está desarrollando un proceso interno de selección de candidato y la mayoría del partido de la U y Cambio Radical son puntales de las ideas democrático liberales. Hay más sectores llamados a esa alianza y me haría eterno mencionando a todos. No incluyo a los Galán porque ya anunciaron que apoyarán en segunda vuelta a Petro en caso de que ellos no estén en el tiquete.

L I. Usted fue uno de los grandes promotores de la candidatura de Iván Duque. Quedan pocos meses de gobierno. ¿Cuál es el balance que hace del mismo?

J O G. Duque es un presidente brillante. Su obra es inmensa. Por ejemplo: en las dos últimas semanas hemos oído en la Comisión V los informes de los ministerios de obras y de Medio Ambiente. ¡Impresionantes! Duque lidera una revolución sin antecedentes en ambas materias. El crecimiento de la economía en el último trimestre ronda el 18% y el empleo crece a pasos agigantados. Le garantizo que la campaña presidencial entre marzo y mayo de 2022 va a ser la reivindicación histórica del gobierno Duque, va a favorecer mucho al candidato único de la gran coalición de la libertad y a enterrar la demagogia del candidato del Foro.

@IrreverentesCol

https://www.losirreverentes.com/, Bogotá, 26 de septiembre de 2021.

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12. Paloma Valencia arremete contra Gustavo Petro por su pasado guerrillero

La senadora Paloma Valencia afirmó que considera que el uribismo no está pasado de moda y que en realidad es una fuerza que le da "luz interior".

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia explicó en una entrevista con Noticias Caracol las razones por las que considera que sería un error que Gustavo Petro llegue a la presidencia en 2022. Según asegura, el candidato del Pacto Histórico está lejos de ser la persona ideal para este cargo.

La primera razón que esgrimió Valencia cuando le preguntaron por Petro, es que simplemente no gusta de que “quien ha empuñado las armas contra los colombianos, llegue a la presidencia”.

“Yo creo que la política exige buscar a nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres y yo entiendo que la sociedad perdone y que la sociedad haya decidido amnistiar”, señaló.

Otro problema de la senadora con la candidatura de Gustavo Petro es el “populismo con el que uno lo oye”. Asegura que siente miedo en ese sentido, sobre todo por “los mensajes de odio de quienes lo acompañan. Expresiones como ‘hay que acabar con el uribismo’”.

“Cuando usted construye identidades diciendo que hay que acabar lo otro, a mi me da miedo”, aseveró Paloma Valencia.

Además, indicó que el populismo no es exclusivo de la izquierda o la derecha, sino que es una tendencia en aumento en América Latina. “¿Y qué es el populismo? Es decir que hay una varita mágica para la solución de los problemas; que no la hay, porque los problemas se solucionan gradualmente y son difíciles”, añadió.

“El uribismo me da la luz interior”

 Una de las preguntas que le hizo la entrevistadora del canal tuvo que ver con que si el uribismo había o no pasado de moda. Interrogante al que Paloma Valencia respondió con una negativa, reafirmándose en que ser parte del uribismo es para ella haber presenciado el milagro de un país que decidió cambiar.

“El uribismo es que uno fue testigo de un milagro. Cuando teníamos un país secuestrado por la violencia, sin ninguna posibilidad, muchos ciudadanos fuimos capaces de decidir cambiar y cambiamos. Yo miro las circunstancias actuales y el uribismo lo que me da es la luz interior, la certeza de que esta crisis la podemos superar”, fueron las palabras de la senadora del Centro Democrático.

Ver la publicación en Twitter de la senadora Paloma Valencia

https://www.kienyke.com/, Bogotá, 26 de septiembre de 2021.

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Publicado en Politica
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