El pasado fin de semana el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció un plan de choque para atajar la inflación. Los datos del Dane sobre el IPC -tanto el anual de 6,94 por ciento como el mensual de enero en 1,67 por ciento- ratificaron una preocupación creciente sobre la disparada de los precios en Colombia.

El paquete de medidas gubernamentales se concentra en la producción, oferta y transporte del sector agropecuario, en el entendido de que la inflación está jalonada por los alimentos. De hecho, la variación anual de esta división de gastos registró un 19,94 por ciento, aportando casi la mitad del IPC. El Ministerio de Hacienda reglamentará la ley de insumos agropecuarios que baja los aranceles de estos productos, buscará la reducción de costos logísticos y mejora general de la cadena, así como el aumento de la oferta de algunos productos agrícolas como la papa, los lácteos y el arroz.

La estrategia la complementan más créditos subsidiados para los productores del campo, la ampliación del seguro agropecuario y la inclusión de otro millón de hogares vulnerables al programa de subsidios de Ingreso Solidario. Es innegable que, con una inflación bordeando el 7 por ciento anual, y que algunos expertos estiman que podría subir hasta el 8 por ciento en los próximos meses, el Gobierno Nacional estaba obligado a actuar con más contundencia y agresividad.

Esta disparada de los precios, que por el peso de los alimentos impacta con más dureza a los hogares pobres, no constituye una sorpresa para las autoridades económicas ya que estas presiones inflacionarias llevan varios meses empujando al alza tanto en Colombia como en el resto del mundo. Además, las tradicionales alzas de la “cuesta de enero”, la indexación y los efectos del aumento del 10 por ciento del salario mínimo pronosticaban un escenario, que terminó siendo peor del esperado.

Sin embargo, la narrativa gubernamental se centró en el carácter exógeno de los factores jalonadores de la inflación y en el llamado al Banco de la República a un manejo prudente de las tasas para no ralentizar el crecimiento. Pero la fotografía del IPC del arranque del año golpea esa narrativa y deja al Gobierno con una estrategia que, aunque bien orientada, no será suficiente para quebrar estas tendencias, ni brindará resultados de la noche a la mañana.

Al carácter internacional de estas disrupciones en las cadenas de suministro y de los altos costos de las materias primas se deben añadir los ciclos propios de la producción agropecuaria y los tiempos de la reglamentación e implementación. Otro frente en la lucha contra la inflación es el de las tasas de interés. Si bien ya el Banco de la República las subió al 4 por ciento, la magnitud de la disparada de precios seguramente conducirá al Emisor a aumentarlas más en los próximos meses.

No obstante, los efectos de estas decisiones de política monetaria sobre la economía no son tan inmediatos. El panorama de los altos precios para los consumidores continuará, y las distintas medidas empezarán a sentirse, con suerte, entre el segundo y el tercer trimestre del año.

El duro impacto de la inflación sobre los hogares pobres debe concentrar muchos de los esfuerzos del Gobierno Nacional para atajar esta disparada. Además de incluir nuevos hogares a los programas de subsidios de emergencia, es necesario ajustar los montos que hoy reciben millones de beneficiarios, cuya capacidad adquisitiva de alimentos se redujo. Igualmente la vigilancia sobre la especulación en estos productos básicos de la canasta de los más humildes.

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*Director de Portafolio

https://www.portafolio.co/, Bogotá, 09 de febrero de 2022.