El anterior adefesio jurídico es uno de los “orangutanes” incluidos en el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, llamado “Política de Paz Total” y que, como podemos apreciar, es el otorgamiento de la impunidad absoluta a los criminales que destruyeron el país el año pasado. Es la venia que le hace el presidente Petro al terrorismo disfrazado de protesta social, y a los desadaptados que incineraron y asesinaron policías, destruyeron bienes públicos, acabaron con sistemas de transporte, saquearon instituciones financieras, violentaron la propiedad privada e instauraron un régimen de terror en Colombia.
Es la expedición de una licencia a la primera línea para destruir el país, y el reconocimiento a la criminalidad como interlocutora válida después de haber cometido los más atroces crímenes ante los ojos del mundo. Y la patente para que los sigan cometiendo. De ahí los disturbios de esta semana protagonizados por supuestos indígenas que se sienten con el derecho de reclamar todo sin aportar nada; de exigir privilegios, tierras, presupuesto, bienes y derechos, sin reconocer obligación alguna pero, además, de violentar la institucionalidad sabiéndose protegidos por un gobierno cómplice.
¡Y reclaman igualdad! Pues si lo que buscan es igualdad, entonces que paguen impuestos como nosotros; tributen en la misma medida; paguen predial por las tierras; mermen sus privilegios; respeten nuestras leyes; acaben con los cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes; dejen de ser parte o auxiliadores de la delincuencia organizada; y se abstengan de destruir el país. Porque la discriminación de hoy opera es a favor de ellos y en contra del resto de los colombianos. Los indígenas pueden hacer y deshacer en nuestros territorios, pero son inescrutables, inabordables e incontrolables en los suyos, así dentro de ellos campeen las armas, el poder del dinero mafioso y la criminalidad.
Por eso no tiene sentido el “orangután” legislativo de conceder indulto al terrorismo y, además, premiarlo por sus crímenes, pues no solo se pretende su libertad inmediata y la amnistía por sus delitos atroces, sino volverlos parte del grupo de delincuentes que conformarán los “promotores de convivencia”, pagados por el Estado. Porque mientras nuestra fuerza pública es perseguida y estigmatizada, a los delincuentes y terroristas a quienes la justicia ha condenado, el presidente los quiere dotar de los privilegios de los que él mismo goza. Es decir, Petro sigue ratificando que bajo su mandato el crimen sí paga (en efectivo y con indulto) y que en Colombia es preferible ser criminal comprobado que trabajador honrado. Porque el primero es premiado y recompensado por sus fechorías, mientras el segundo es discriminado, rechazado y eliminadas sus posibilidades de subsistencia. ¡Qué horror!
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Y mientras de las cárceles salen los terroristas y delincuentes de lesa humanidad para gozar de privilegios y mesadas estatales, las mismas se llenan de presuntos evasores de impuestos que no son más que comerciantes desplazados física o económicamente por las condiciones de inseguridad y violencia. El Estado pone a disposición de los criminales la impunidad, mientras arrecia en contra de las víctimas de la inseguridad que provoca la ausencia de efectividad de ese Estado alcabalero. Al inversionista, empresario y generador de empleo el Estado lo persigue y acorrala, y la Dian lo envía a la cárcel, mientras las calles se llenan de criminales amnistiados cuya forma de vida es la violencia, el hampa y la degradación social que imposibilitan que el mercado formal pague debidamente sus impuestos. ¿No sería más justa una amnistía tributaria?
