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Álvaro Ramírez G.   

Debo aclarar a mis lectores que no tengo ningún interés personal en el conflicto de tierras del norte del Cauca. Ni siquiera vivo cerca de allí. Ni nada que ver con cultivos de caña. Vivo a dos departamentos de distancia y me dedico a otras cosas.

Pero me he concentrado en este explosivo conflicto porque veo que es el gobierno de Gustavo Petro, el que no quiere hacer cumplir la ley como lo manda la Constitución.

Diálogo inútil, califican los indios invasores y los propietarios invadidos.

Se agota una instancia ofrecida por el gobierno Petro, por inviable, ilegal y por torpe.

¿Como es posible que tengan que sentarse a negociar invasores sin derechos y propietarios invadidos?

¿Qué hay allí para negociar?

¿Como es posible que Petro nivele la codicia, el abuso y la ilegalidad de las invasiones, con la titularidad y la soberanía de esas tierras que ejercen por más de un siglo sus propietarios?

Es pues natural que ese diálogo sugerido por el gobierno -cómplice de esas invasiones-, sea hoy calificado por las partes de inútil.

El nombramiento de Giovany Yule, indígena caucano, miembro del CRIC, y de la primera línea en el bloqueo de la vía Cali-Popayán-Pasto y después en el paro terrorista nacional, es la confirmación de que Petro está del lado de los invasores y no de la ley.

Ya hubo dos heridos a bala y un campesino afro de la región, herido a machete

También dos chicos asesinados en Padilla Cauca, área de invasiones.

La comunidad negra que trabaja en esas tierras de Villa Rica, Santander de Quilichao, Padilla, Miranda, Caloto, Jambaló, Corinto y Guachené, ha sido contundente en que no permitirá esas invasiones por que perderán no solo tierras, sino la fuente de subsistencia para sus familias.

¿Qué sigue?

¿Qué puede seguir cuando el gobernante no hace cumplir la ley?

¿Qué puede seguir cuando el derecho a la propiedad privada se ve desconocido por un gobierno, claramente cargado a favor de los invasores?

¿Qué pasa en los países cuando la justicia pública no opera?

Pues opera la justicia privada.

Colombia ya lo vivió en carne propia y fue el paramilitarismo, y no el Estado, el que verdaderamente replegó a la guerrilla y le arrebató no solo los territorios, sino el negocio de la coca y el de la minería ilegal.

La indiferencia del presidente Petro, en hacer respetar la propiedad privada en el norte del Cauca, es una invitación al paramilitarismo.

No puede haber algo más claro.

¡Lo que sigue es una guerra y un gran derramamiento de sangre que está en sus comienzos!

¡No tengo duda!

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