El Senado de la República tiene esta semana una responsabilidad histórica. Según lo anunciado por Efraín Cepeda, este miércoles los senadores deberán decidir sobre la conveniencia de la consulta popular presentada por el Gobierno. Cuando la Constitución le dio esa competencia al Senado, lo que dejó claro es que, por encima de la validez de este mecanismo de participación ciudadana, de ese instrumento que se le entregó al Presidente de la República para auscultar a la ciudadanía sobre un tema de interés nacional, el Senado tiene, en una especie de seguro democrático, la última palabra. El Senado al actuar “consultando la justicia y el bien común” puede oponerse a la realización de la consulta.
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De allí que el debate que debe hacer el Senado no se debe limitar solo a las doce preguntas, amañadas, antitécnicas, hechas a la carrera, sino a las verdaderas intenciones del Gobierno con la realización de esa consulta. Ya lo ha dicho muy claro Benedetti, se trata del “papayazo” y de la “minirreelección”. En otras palabras, se trata de la instrumentalización de ese mecanismo usando el ropaje de la democracia directa para meterse de lleno en la agitación política de la campaña electoral antes de tiempo, para seguir profundizando la polarización y mantener el ambiente crispado para las elecciones del 2026, para seguir jugándole al miedo de la ciudadanía con la amenaza de violencias si no es aprobada esta consulta.
Se sabe que en las toldas del Pacto Histórico le apuestan a alcanzar siete millones de votos, son absolutamente conscientes de que no lograrán los trece millones de votos requeridos para la aprobación, pero eso no les preocupa, finalmente de eso no se trata.
No seamos ingenuos, aquí poco importan los 600.000 millones de pesos que costaría la logística de la Registraduría. Eso es lo de menos. Lo de más –lo realmente escandaloso– son los más de 60 billones de pesos que el gobierno Petro tiene para ejecutar. Un presupuesto guardado, reservado, manipulado con un único objetivo: ponerlo al servicio de una gigantesca operación de clientelismo y corrupción electoral nunca antes vista en la historia de Colombia. No es una consulta, es una coartada. No busca consultar al pueblo, sino engañarlo con contratos, obras y promesas pagadas con el dinero de todos.
Y hay más. El Gobierno va a jugar sucio para sacar adelante esta consulta. Ya ha empezado a presionar y a chantajear a varios senadores que formaron parte de la coalición inicial de Petro, muchos de los cuales comieron de la mermelada de la corrupción repartida desde el Ejecutivo. Nombres como Iván Name o Andrés Calle evocan perfectamente ese estilo de gobierno. Ahora el chantaje será el mecanismo para exigir lealtad. Pero esta vez, el país estará mirando. Cada voto contará. Cada senador deberá explicarles a los ciudadanos si vuelve a arrodillarse ante la corrupción o si actúa con dignidad para defender la democracia.
Hoy la democracia colombiana enfrenta una amenaza real, se trata de la estrategia diseñada desde el Palacio de Nariño para vaciar el contenido republicano de nuestras instituciones y poner el aparato estatal al servicio de un proyecto personalista y hegemónico. Es el modelo de los caudillos del siglo XXI, que comienza por desprestigiar la justicia, asfixiar a los medios, y termina por comprar las elecciones con el hambre de los más pobres.
Senadores de la República: no se equivoquen. Tienen todos los argumentos para decirle no a esa consulta. Cuando la Constitución puso esta facultad en sus manos les dio el instrumento para proteger la democracia de esta clase de embestidas populistas y tramposas. Que el Presidente de la República no pueda acudir directamente al pueblo, sino que tenga que esperar la aprobación del Senado, es la garantía que brinda la Constitución para evitar precisamente lo que Petro quiere hacer con esta consulta.
12.05.2025
