La seguridad y la defensa de una Nación son asuntos serios. Portar las armas del Estado es un honor, pero sobre todo una responsabilidad, por eso el proceso más importante, al interior de las Fuerzas, es la selección del personal; no es ingresar a un empleo cualquiera, ni una solución económica, tampoco la última opción; mucho menos la respuesta al qué hacer con los guerrilleros desmovilizados. Ser oficial, suboficial, soldado o infante de marina, es producto de una escogencia rigurosa, de una formación intensa en principios y valores, para luego continuar un proceso de crecimiento personal y  profesional basado en el respeto a la Constitución, las leyes y, lo más importante, los derechos humanos.

En las Fuerzas Armadas hay prerrequisitos de obligatorio cumplimiento, sus integrantes requieren ocupar cargos que los preparen para otros de mayor responsabilidad y deben acatar la normatividad para cada ascenso; cualquier antecedente de violación de la ley, quebrantamiento de la disciplina o maltrato a la sociedad, significa el fin de la carrera. Casos hay, de todos conocidos, donde ovejas negras salen de la institución porque faltaron a su juramento de honor; con la absurda propuesta, las ovejas negras entrarían en vez de salir, acabándose así con un principio fundamental de la profesión de las armas: ser ejemplo ante la sociedad para así obtener su respeto. Que se hayan desmovilizado es un logro importante, pero desafortunadamente sus antecedentes no los pueden borrar; sin lugar a dudas habría mejores opciones laborales, antes que hacerlos parte de las Fuerzas Armadas.

Con relación a la propuesta, opino que esta podría venir de cualquier neófito, pero no de un exministro de defensa. Desde 1991, esa cartera ha estado en manos de funcionarios civiles; la gran mayoría con poco conocimiento del sector y algunos hasta desafectos con lo castrense. Para la cúpula, siempre ha sido un reto lograr que los ministros aprendan el quehacer militar y policial, los grados, la idiosincrasia, que comprendan los temas tácticos y sobre todo lo estratégico. Finalmente, y con mucho esfuerzo, después de un tiempo importante, terminan amando la profesión de las armas y con tristeza, casi todos, entregan el cargo y se vuelven defensores de las instituciones y de su normatividad. Hay excepciones y casos difíciles como el actual donde, en mi opinión, aún no duelen los soldados y policías caídos en acción y menos se ha priorizado la seguridad en las regiones. Pero lo importante es que todos terminan entendiendo que para portar armas, en nombre de la República, se requiere de una hoja de vida impecable y una recia formación en principios y valores. Por eso la propuesta cae tan mal.

Los reinsertados, sobre todo los que de verdad quieren resocializarse, merecen un lugar en la sociedad. El reto de los gobiernos es lograrles ese espacio y garantizarles su autosubsistencia; desde luego protegerlos, al igual que a cualquier colombiano, pero no debe ser a costa de acabar con los valores castrenses, torciendo los fundamentos y pretendiendo que por haber usado armas, de manera ilegal, ahora puedan ser militares “éticos” con autoridad ante los demás ciudadanos.

Me pregunto si el señor Silva, previo a emitir ese concepto, consultó con los militares o policiales activos, quienes tendrían que lidiar con esa situación, o por lo menos lo hizo con quienes fueron sus comandantes, cuando ejerció como Mindefensa , y que se encuentran en el retiro; porque en mi opinión, el hecho de que los activos no se pronuncien en público, por su condición, no quiere decir que necesariamente estén de acuerdo, ni en ese ni en muchos otros temas de su competencia. 

* Vicealmirante (r.). Ph.D.