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Luis Alberto Ordóñez*

La toma del Palacio de Justicia hace casi cuarenta años, es uno de los episodios más tristes y sangrientos de la historia de Colombia; la peor osadía que grupo armado haya podido hacer contra la sociedad. Allí hubo desconocimiento total al Estado de Derecho y desprecio por la Constitución y las leyes; se pretendía extorsionar al Estado y someter a los poderes públicos y a través de ellos a toda la Nación.

En ese acto criminal hubo secuestro, tortura mental y física, afectación a civiles inocentes y lo peor, el aniquilamiento de la más alta instancia judicial del país; el irrespeto por las instituciones fue llevado a su máximo nivel. El gobierno de turno tomó las decisiones que en ese momento consideró más convenientes, cuestionarlo hoy en día, bajo otras condiciones, sería el absurdo más grande del mundo. El Palacio se recuperó y las graves afectaciones en vidas humanas y destrucción de material judicial, además de la infraestructura física y del deterioro moral como Nación, aún hoy, nos duele y afecta.

La vida, y cada momento histórico, colocan a las personas en el lugar que las puede lanzar a la gloría o a la picota pública. Hoy en día nuestro presidente, miembro de esa organización guerrillera cuando ocurrió la toma, ostenta la máxima distinción que la democracia puede dar a colombiano alguno y quienes, no por su voluntad sino cumpliendo órdenes, debieron asumir la difícil tarea de recuperar el Palacio, arriesgando sus vidas, cumplen penas; difícil de entender.

Figura emblemática ha sido el general Jesús Armando Arias Cabrales: de la gloría al infierno, han sido largos años cargando ese peso, pero además sacrificando vida, familia y lo más preciado: su libertad. Él siempre ha defendido su inocencia y ha perseverado en su honor militar y por ello se niega a aceptar culpas de las cuales no se considera responsable, renunciando inclusive a la posibilidad de quedar libre inmediatamente si lo hubiera reconocido ante la JEP; eso y su impecable carrera en el Ejército le han generado el respeto de muchas generaciones de militares, así como de personalidades de la sociedad. Para muchos es un chivo expiatorio.

Hace unos días, un decreto del gobierno firmado por el encargado de funciones presidenciales, aun no se entiende el porqué no lo firmó el titular si no era urgente, priva de medallas al señor general Arias. Opino, muy respetuosamente, que no hay que ensañarse más contra él; suficiente con los largos años detenido y la pena que da ver pasar la vida sin disfrutar la familia. Los hechos del Palacio de Justicia, al parecer, nunca los vamos a conocer en detalle. Personalmente me duelen todas esas vidas pérdidas, los desaparecidos y lo peor, no saber a ciencia cierta lo que sucedió; lo que sí me queda claro es que si no se hubiesen tomado el Palacio a sangre y fuego, nada de esto hubiera sucedido.

Lo de las medallas, en mi opinión y como militar retirado, no es más que una forma de pretender humillar más al señor general Arias, sin ningún efecto real. Desconocen quienes se prestaron para esa “sanción”, que estas realmente son significativas el día en que se imponen; la tropa formada y portando el uniforme más vistoso, la banda de guerra engalanada con elegantes insignias, las autoridades presentes, los subalternos acompañando y lo más preciado: la familia y los amigos, todos orgullosos. Se lee el acto administrativo por el cual se imponen, donde la motivación emociona, y acto seguido la máxima autoridad civil o militar, acompañada de todas las personalidades, impone la presea. Quedan las fotos, los abrazos de los allegados y luego se guarda la distinción en el rincón de los recuerdos. Una condecoración queda de por vida en la memoria del homenajeado.

Las medallas y condecoraciones, en las Fuerzas Militares, no representan ningún reconocimiento monetario y, contrario a lo que se pueda pensar, no son de metales preciosos: son simplemente simbólicas y por ello retirarlas no puede borrar los motivos por los cuales se obtuvieron. Estas en el retiro no se usan, siguen y seguirán en el baúl de los recuerdos. Cuando le fueron conferidas, en el caso en cuestión, el señor general no había sido sancionado por motivo alguno. Además, dicen algunos juristas, esa figura de retirarlas podría ser inconstitucional.

* Vicealmirante (r.). Ph. D.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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