Lo anterior más parece un anatema. Es la macartización absoluta del ejercicio político que, si bien está desprestigiado y penetrado por la corrupción, es inherente al ser humano, y las sociedades no pueden abstraerse de él dándole la espalda y desconociéndolo. Por el contrario, estamos en la obligación de adecentarlo y transformarlo, y la mejor forma de hacerlo es renovando las personas que lo componen e invadiendo de gente buena algo que, por definición, es pútrido. Y la satanización generalizada de esa actividad, conlleva al desincentivo y a desperdiciar buenas personas por asignarles culpabilidades que no necesariamente les corresponde.
La intención de proteger a la Cámara de Comercio de la clase política es comprensible y hasta loable, pero se pueden estar excediendo los límites constitucionales y legales, al ejercer una clara discriminación que impide la libre competencia y arrasa con el principio universal de la presunción de inocencia. ¿De manera pues que un concejal, diputado, o congresista pierde sus derechos por haber representado a su pueblo en una corporación pública? ¿O el exgerente de una entidad estatal, se hace acreedor a una condena de cinco años para aspirar a dirigir la Cámara de Comercio que, si bien es privada, maneja millonarios recursos públicos y tiene una penetración política desde su concepción misma?
Estos extremismos son dañinos. Porque dentro de la política hay gente buena que podría servirle a la Cámara por su experiencia, vínculos, contactos, relaciones públicas y conocimiento del mundo comercial o industrial. ¿Habría justificación, por ejemplo, en rechazar de plano el nombre de Luis Roberto Rivas por el hecho de haber ejercido un cargo de origen político, después de salvar la industria mas importante del departamento y de demostrar que la decencia puede imponerse en el manejo de lo público? ¡No! (Aclaro que no es que Luis Roberto aspire al cargo. Solo me parece un ejemplo irrefutable).
Además, muchos políticos son empresarios y, en tal virtud, afiliados y cotizantes económicos de la Cámara de Comercio. Esta circunstancia les da el derecho de elegir y ser elegidos en su junta directiva, y a injerir en decisiones de alto calado empresarial. ¿Entonces también se deberían marginar de esos derechos? ¿Los políticos son decentes para aportar sus dineros, pero indeseables para dirigir la entidad?
Mi modesta solicitud es abrir el debate. ¡Sería sano!
