La Corte Constitucional, en votación 5–4, decretó la suspensión provisional del proceso que el CNE lleva contra Petro por el riesgo de desinstitucionalizar al país si este fallaba antes de que aquella fallase de fondo sobre la tutela que presentó el magistrado petrista en el sentido de que el proceso contra el presidente violaba el debido proceso del presidente, lo que crearía una crisis institucional: "Para la Corte, en un ejercicio de ponderación constitucional, resulta de menor intensidad el sacrificio derivado de suspender provisionalmente el avance de las diligencias ante el CNE, en contraste con el intenso compromiso que se generaría para el derecho al debido proceso de actor y, especialmente, para el interés público, el hecho de que prosigan las investigaciones contra el Presidente de la República por parte de ese órgano y se impongan eventuales sanciones en su contra, habida cuenta de que como consecuencia de ello podría desencadenarse una crisis institucional", (comunicado de  la CC 24.04.2025).

Muy grave. Algunos dirán que no tanto, porque la suspensión sólo se da mientras la CC falla de fondo la tutela y que, además, los términos fueron congelados, lo que significa que, si esta es negada, no se contarán los días que estuvo detenida. Pero el asunto es que la división de poderes y su independencia están establecidos precisamente para que quienes tienen alma de tiranos o de truhanes, o ambas, destruyan el sistema, es decir, para defender la institucionalidad del sistema democrático.

De hecho, la CC desinsitucionaliza al propio poder judicial porque, como dice su presidente, Jorge Enrique Ibáñez Najar en su salvamento de voto, el Consejo de Estado ya había establecido la competencia del CNE para determinar si la campaña de Petro respetó o no los topes establecidos por la ley,  y no, como equivocadamente piensa la mayoría que aprobó el fallo, para juzgar la conducta personal del presidente, pues lo que hace esa corporación es enviar el resultado de su indagación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que esta determine si el presidente cometió una falta no administrativa.

De hacer carrera esa interpretación en el fallo de tutela propuesto por Fernández se presumiría que la investigación del CNE por violación de topes en la campaña electoral sería contra la persona que ganó las elecciones, lo que equivaldría a afirmar que, si el candidato ganó, por el solo hecho de vencer, se borraían todas las presuntas faltas o delitos, e incluso la posibilidad de remitir los hallazgos al tribunal idóneo para juzgarlo, si fueron cometidos ANTES de ser presidente, que es exactamente lo que pretende Petro. Bastante torcido el asunto.

Todo esto cuando el presidente desinstitucionaliza nuestro estado de derecho desafiando el pronunciamiento del Consejo de Estado por medio del cual le prohíbe transmitir consejos de ministros en los canales privados, realizando uno, disfrazado de alocución, el pasado 21 de abril. No puede ser que se salte a la torera las decisiones del poder judicial.

Respaldo completamente la petición del representante a la Procuraduría para que investigue este asunto, aunque creo que el procurador Eljach le echará tierra al asunto de la misma manera como justificó ante la Corte Constitucional  -pagándole a Petro el favor de haber aceitado la mermelada en el Congreso para que lo eligieran- la legalidad del trámite de la reforma pensional ante el Senado a pesar de que esa corporación la aprobó saltándose el debate obligatorio que requería, con el argumento peregrino de que el articulado era ya suficientemente público y conocido, como si los procedimientos fijados por la constitución para aprobar leyes fuesen optativos.

 Y a propósito, ese próximo fallo de la CC será la oportunidad de ver si Petro ya controla el alto tribunal. Porque si es así, apague y vámonos, pues la desinstitucionalización mediante la cooptación del altísimo tribunal de justicia estaría consumada.

¿Y qué decir del acto populista de radicar en el congreso las doce preguntas sobre la reforma laboral? Amañadas, redactadas de tal manera que son obviedades que nadie rechazaría, pero sin una justificación que informe al ciudadano para que pueda tomar una decisión informada, de dónde se sacarán los recursos, cuántos empleos estarían en riesgo, qué incentivos, tributarios y de otro tipo, se darían a los empresarios para poder sostener el costo de la propuesta; cómo se haría la formalización laboral de manera que no genere desempleo. Nada. Sólo el anzuelo con una lombriz envenenada para iniciar la campaña del 2026. Porque así es Petro. No le interesa gobernar por el bien común sino ganar las elecciones y perpetuarse en el poder para instaurar como propone en Venezuela su compadre Nicolás Maduro, un “estado comunal” en el que desaparece todo vestigio de democracia. Amenazó con llenar 4 veces la plaza de Bolívar y desenvainar la espada del libertador para presionar al Senado.

Pero, la cereza en el pastel la puso Leyva cuando le escribió a Petro una carta ampliamente publicada, en la que se refiere a uno de las muchas “desapariciones” del presidente. En uno de sus apartes, refiriéndose al viaje oficial a Francia en junio de 2023. dijo que: “Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos, siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos: la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy —tarde, ciertamente—, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento (…) Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior”, señaló, a propósito de un viaje oficial a Francia en junio de 2023”. Las aseveraciones de que el presidente consume drogas ya habían sido hechas, recordemos, en los audios de Benedetti y Laura Saravia. Leyva señala, además, las conductas erráticas de Petro durante su mandato para justificar su punto de vista.

Más allá de si se trata o no de un acto de deslealtad y del señalamiento de que debió haber denunciado inmediatamente este obscuro episodio, el hecho inocultable es que el país está en manos de alguien que presuntamente se droga y muchas veces pierde el control de sus actos.

Carlos Gaviria estableció el principio de libre desarrollo de la personalidad para justificar las decisiones individuales en asuntos tan polémicos como el consumo de drogas. Pero cuando alguien es presidente, sus actos, que afectan al país y a los ciudadanos, deben obedecer a decisiones que se toman en plenitud de las condiciones sicológicas y siquiátricas para que no alteren el debido razonamiento y la ponderación de sus consecuencias.

 Al no estar Petro, presuntamente, en posesión de su facultad de discernimiento -con episodios sicóticos, con frecuentes delirios de persecución, incoherencia e incontinencia verbal de los cuales los colombianos hemos sido testigos en sus intervenciones y en sus trinos; sufriendo estados de grave confusión e inconsciencia, incumplimientos y desapariciones injustificadas- el presidente no estaría en las condiciones de salud mínimas para garantizar el manejo adecuado del país. La seguridad nacional está en riesgo, los ciudadanos estamos en riesgo, el gobierno mismo, está en riego; la confianza internacional está en riesgo y ya, probablemente, se encuentra perdida. Las respuestas a Leyva son ridículas: Él puede desaparecer -lo que es falso y constituye una falta- estando en misión oficial- en Paris porque la ciudad tiene parques y bibliotecas y allí tiene hijos y nietos, contesta, eludiendo la afirmación del excanciller de que supo dónde se encontraba, dejando ver que se trataba de un ligar no precisamente santo- y señalando que el servicio de inteligencia francés supo donde y en qué estado se encontraba.

Por eso, hay que exigir que el presidente se someta a exámenes médicos que certifiquen si el presidente está en condiciones de gobernar.  Estoy completamente de acuerdo con la postura del representante del Centro Democrático Christian Garcés de radicar una propuesta al Senado, para que se constituya un tribunal médico que examine y determine si Petro “está en condiciones de gobernar. Radicaremos hoy mismo proposición en este sentido ante la grave afirmación que formalmente hace el excanciller Álvaro Leyva sobre el problema de drogadicción de Gustavo Petro, conforme a lo señalado en los artículos 193 y 194 de la Constitución Política de Colombia, regulado por los artículos 313, 320 y 326 de la Ley quinta de 1992” (Semana, Confidenciales, consultada el 25.04.2025).

Si los colombianos pasamos de agache ante esto, estaríamos incursos en traición a la patria. Porque no es un asunto de ideología, sino de preservación de nuestro estado nacional.  Así de sencillo. Hay que exigir que el congreso y las cortes se pronuncien sobre este tema y abran las investigaciones y tomen las decisiones del caso. Este sería otro punto que serviría de intersección de los grupos políticos y de los ciudadanos que queremos salvar a Colombia. Algo que no será fácil porque si ganamos las elecciones a pesar de todos los obstáculos y trampas del petrismo, gobernar será un fuerte pulso contra las hordas que volverán a salir a las calles. Pero somos más, mejores y con la razón de nuestro lado. Saldremos, finalmente, adelante.