De las 12 preguntas que el Gobierno incluirá en la consulta popular, unas son inconvenientes, otras innecesarias y otras inviables. Las inconvenientes aumentarían los costos laborales de las empresas, tendrían un impacto negativo en la generación de nuevos empleos, o destruirían empleos ya existentes, o sea, producirían desempleo. Otras generarían discriminación laboral sobre grupos poblacionales. Son innecesarias porque ya existen leyes sobre el tema. O son inviables porque por ley no se puede cambiar la realidad de la economía, o porque no habría recursos para realizarlas. Veámoslas una por una.
1) Que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a. m. y las 6 p. m. Ya la ley establece que la jornada laboral es de 8 horas, y hay una ley que reducirá el número de horas a la semana, y bajará el número de horas diarias. El rígido horario propuesto atenta contra la necesaria flexibilidad laboral de muchas empresas que trabajan por turnos.
2) Que se pague un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso o festivo. Ya existe por ley un recargo del 75 %. Aumentarlo es una propuesta demagógica que puede ocasionar cierre de negocios en esos días o sustitución permanente de trabajadores por tecnología, por ejemplo, cámaras de vigilancia o drones en lugar de celadores.
3) Crear tasas preferenciales para pequeñas empresas. ¿Tasas preferenciales de qué? ¿De impuestos, de crédito, de servicios públicos, de aduanas? Casi siempre han existido programas gubernamentales y privados de promoción de la pequeña empresa, sin necesidad de leyes.
4) Permisos laborales por menstruación. Esto ocasionará una discriminación laboral contra las mujeres y en favor del empleo masculino.
5) Dos discapacitados por cada 100 trabajadores. Se puede aprobar con una ley y nos ahorraríamos los 800.000 millones de pesos de esta consulta demagógica.
El Gobierno ha contratado a cerca de 400.000 personas con contratos temporales. Hipocresía.
6) Que los aprendices del Sena tengan contrato laboral. Va en contra de la contratación de aprendices. Por el mismo salario y con las mismas condiciones laborales, cualquier patrono preferirá legítimamente contratar a una persona con experiencia que a un aprendiz. Desnaturaliza la esencia del contrato de aprendizaje: resolver el cuello de botella del primer empleo y de la falta de experiencia para ser contratado. Un regalo envenenado para los estudiantes del Sena.
7) Que los trabajadores en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les pague seguridad social. Una ley lo resolvería asegurando la flexibilidad del modelo y el avance de la economía digital.
8) Derechos laborales y salario justo para los trabajadores agrarios. La naturaleza estacionaria de muchas actividades agrarias impide que estos trabajadores se asimilen plenamente a otros sectores económicos de actividad permanente. Los contratos a término indefinido –que se incluye en el punto 11–, por ejemplo, serían inviables.
9) Eliminar la tercerización mediante contratos sindicales. La tercerización es un mecanismo importante de contratación de las corrientes de flexibilización laboral que exige hoy la modernización económica. Ir en su contra es tan reaccionario como atacar las máquinas o los robots porque reemplazan gente.
10) Formalización y acceso a seguridad social para trabajadoras domésticas, deportistas, artistas, etc. La seguridad social ya está garantizada hoy para muchos trabajadores informales; por ejemplo, para las trabajadoras domésticas. Negarlo es falso y demagógico. La formalización plena de todos los informales no se puede hacer por decreto. Solo la modernización y el crecimiento económico acabará con la informalidad. No una ley.
11) Contrato a término indefinido como regla general. Esto generará despidos masivos aun antes de que se llegue a aprobar. La informalidad se multiplicará. El Gobierno ha contratado a cerca de 400.000 personas con contratos temporales. Hipocresía.
12) Fondo especial para pensionar a todos los campesinos. Muy bonito. ¿Y de dónde saldrá la plata? La bomba pensional sigue hoy activa por razones económicas y demográficas. ¿El Gobierno quiere adelantar su estallido? Irresponsable.
Senado, niegue este esperpento.
24.04.2025
