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¡Hay que intervenir! Destacado

Héctor Hoyos Vélez                                                                                                 

La actitud del Presidente ya no deja ninguna duda de que su presencia en su cargo en lugar de ser una garantía para el orden público e institucional del Estado, es un factor de desestabilización e incluso de violencia política. Sobra mencionar todos los episodios de su gestión y la de sus funcionarios para que el país sepa que mientras continúe su administración, se afecta, y pone en riesgo, el orden social, político, económico, jurídico y militar de la Nación.

Pero Colombia es una democracia legendaria de Instituciones sólidas, con funcionarios a cargo de ellas, responsables en su mayoría, con probadas capacidades y firmeza para pronunciarse y actuar ceñidos a la ley y la Constitución.

En ocasiones, la institucionalidad del país parece laxa y tolerante para evitar la confrontación y particularmente las fuerzas Armadas de la República, no deliberantes por principio, se abstienen de ser protagonistas del desorden público porque sus capacidades para aplicar la fuerza no se emplean para generar violencia sino para disminuirla; ellos no son factor de desorden sino de disuasión de la violencia, precisamente para controlar el orden público.

Pero este gobernante está empeñado en desequilibrar nuestro Estado de Derecho para lanzar a Colombia a la aventura de otro derramamiento de sangre, y no se puede permitir, hay que impedirlo, ¡hay que intervenir!

La sociedad civil organizada, en los partidos políticos y sus representantes en los cuerpos colegiados, en las autoridades regionales y ante la gravedad del momento, de manera muy especial en los poderes públicos del Congreso, de las altas Cortes, de los organismos de control y de las Fuerzas Militares, tenemos un consenso escrito que a su vez es un juramento, un deber y una sola consigna: La aplicación de la ley y de la Constitución.

Hay un Presidente enemigo del Estado, acusado de violar el sistema electoral para elegirse y con muchas más denuncias ya en ejercicio de su cargo. Hay una Comisión de Investigación y Acusaciones que impide su juicio con dilaciones y trampas, hay una Corte Suprema de Justicia que debe pronunciarse pronto sobre las denuncias por prevaricato de los investigadores del Presidente, pero por sobre todo, para la vigencia del Estado de derecho y preservar el Orden Público, tiene que haber en todos los funcionarios de la institucionalidad del Estado, la voluntad obligatoria e inequívoca de juzgar al Presidente y retirarlo del cargo.

Le corresponde al Presidente del Congreso en lo político, liderar esa voluntad, y procurar la unión de los poderes públicos y de las Fuerzas Armadas y de policía en estos momentos de extrema gravedad ocasionada por el subversivo Presidente.

Publicado en Columnistas Nacionales
Héctor Hoyos Vélez

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