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Carta enviada al Papa Francisco Foto: Fernando Palacio @fernapiensa para DEBATE

Reproducimos carta que fue entregada en Ciudad del Vaticano al Papa Francisco, la cual expresa el sentimiento del pueblo colombiano respecto al proceso de paz y que revela las verdaderas intenciones del Presidente Juan Manuel Santos para viajar a la canonización de la Madre Laura.

*Publicamos la versión en español e italiano; además, fotos que demuestran la realización y envío de la carta al Papa Francisco, gracias a la colaboración de Fernando Palacio @fernapalacio corresponsal de DEBATE en Roma.

No hay verdadera paz sin verdad

Papa Francisco

Una canonización con varias agendas 

El 13 de mayo es una fecha especial para los católicos del mundo en la que tradicionalmente vuelcan su mirada a la Santa Sede. Este año no será la excepción pues será la primera celebración mariana del pontificado de S.S. Francisco. Pero más allá de ello, porque en la víspera será canonizada la religiosa Laura Montoya Upegui (1874-1949), misionera católica colombiana beatificada en abril de 2004, primera santa colombiana de la Iglesia.

Cuando hace apenas un mes más de 150 dignatarios concurrieron a la misa de entronización de Francisco, los colombianos se extrañaban por la inasistencia de su presidente. Colombia es un país mayoritariamente católico (90%) que celebró además con júbilo la elección de un purpurado de origen latinoamericano. En representación de su presidente asistió entonces al Vaticano la ministra de relaciones exteriores al paso que el presidente justificaba permanecer en Colombia por la proximidad de su visita a la Santa Sede con ocasión de la canonización de la Madre Laura.

Junto con el presidente de los colombianos se espera una nutrida comitiva y un gran despliegue mediático que el gobierno de Colombia espera capitalizar en su beneficio al interior de su país mayoritariamente católico. Y no le faltan razones. Tras casi tres años de gobierno y a un año de elecciones presidenciales, el actual presidente de los colombianos tiene una imagen desfavorable (48%) que supera la favorable (47%) y un 63% de los colombianos ha dicho no querer la reelección de su actual mandatario Juan Manuel Santos, pues un 53% considera que el país va por mal camino.[1]

Buena parte de estas estadísticas tan preocupantes se deben a un tema que en el caso colombiano es de enorme sensibilidad: la seguridad. Colombia es una nación que ha sido signada por la violencia durante los últimos cincuenta años. Víctimas de la violencia bipartidista y los despojos de tierras e influenciados por las tesis marxistas que entonces empezaban a recorrer el continente latinoamericano, un grupo de campesinos formó las primeras guerrillas rurales a principios de la década de los 60s para alzarse en armas contra el gobierno y reivindicar derechos agrarios en sus regiones.

Durante las siguientes dos décadas, sin estar preparada, Colombia pasó de ser un país rural a un país urbano y el abandono estatal del campo fue un aliciente para el florecimiento de la gran maldición colombiana: el cultivo y tráfico de estupefacientes. Los campos colombianos se tiñeron de sangre por una nueva guerra, la de las guerrillas y los narcotraficantes. Atrás quedaron los discursos y las tesis ideológicas de izquierda cuando los narcotraficantes decidieron disputar el control rural a las guerrillas mientras éstas se convertían en el más grande cartel de las drogas del mundo, hoy en día responsable de más del 80% de la cocaína que se trafica globalmente.

Varios gobiernos hicieron intentos por lograr la paz. Entre 1982 y 2002, cuatro gobiernos hicieron de la paz una bandera al tiempo que lidiaban con una Colombia cada vez más marginada del contexto internacional. Su más grande aislamiento llegó con la ignominia de que uno de sus presidentes resultara elegido con dineros provenientes de la mafia. Para el año 2002 y tras un nuevo fallido proceso de paz, la viabilidad del estado colombiano estaba en entredicho.

En el año 2002 los colombianos eligieron presidente a Alvaro Uribe Vélez, a quien se atribuye haber rescatado a Colombia con su política de seguridad democrática y haberle devuelto su viabilidad. Fue el primer presidente consecutivamente reelegido por los colombianos. Gobernó durante 8 años, en los que implementó un proceso de sometimiento de los violentos con el que sacó de la guerra 51,000 personas, 35,000 de las milicias relacionadas con el narcotráfico y 16,000 de las guerrillas, para entonces elevadas a la categoría de terroristas por la gran mayoría de los países del mundo. En febrero de 2008, 14 millones de colombianos en el mundo entero marcharon en repudio a las acciones de esos terroristas, conocidos como FARC, sigla de su auto denominación Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Al finalizar el segundo gobierno de Alvaro Uribe Vélez, las FARC eran un diezmado grupo de menos de 3,000 hombres, reducido por la política de un gobierno cuyo ministro de defensa era el actual presidente Juan Manuel Santos. Aprovechando la popularidad del gobierno en el cual sirvió y con la bendición del saliente presidente Uribe, los colombianos eligieron a Santos con la más alta votación para presidente que se haya registrado en la historia de ese país. Santos tenía un mandato indiscutible y un apoyo electoral sin precedentes por el renacimiento que tuvo Colombia con la política de la seguridad democrática.

Al llegar a la presidencia, Santos recibió un país que se había tornado en estrella del continente. Clasificado ente los CIVETS, Colombia se convirtió en un destino de inversión mundial y uno de los países con el mayor índice de crecimiento del PIB de la región, que negociaba tratados bilaterales de comercio con las más grandes economías del mundo occidental.

Como si la política de seguridad democrática no hubiese tenido tan exitosos resultados, Santos decidió embarcarse en un nuevo proceso de paz con los terroristas. Tras negociar secretamente en Cuba durante 5 meses con el apoyo de Fidel Castro, su hermano Raúl y el recién fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, Santos anunció un proceso de diálogos con las FARC. La comunidad internacional aplaudió la iniciativa y el mismo pueblo colombiano le mostró su apoyo. Pero para acometerlo, Santos propuso al Congreso una reforma de justicia transicional a la Constitución colombiana, la cual permitiría la suspensión de la ejecución de las penas a las que resulten condenados los terroristas y la posibilidad de que puedan participar en política.                

Ante esta perspectiva y tras cinco meses de negociaciones secretas en Cuba, los colombianos le han retirado el apoyo al presidente y su proceso de paz. Y no es para menos. A todos los jefes guerrilleros se les sindica de crímenes de lesa humanidad y todos, menos uno, están pedidos en extradición por los Estados Unidos de América. Colombia es suscriptor del Tratado de Roma y la Constitución colombiana prohíbe la amnistía y el indulto para delitos no conexos con el delito político. Las FARC han dejado millones de víctimas en Colombia y además de ser el cartel de la droga más grande del mundo, son responsables del secuestro de personas, el reclutamiento forzado de menores, la más grande siembra de minas antipersonales del mundo y masacres de comunidades enteras que no tienen par en la historia contemporánea.

De hecho, una vez se hubo iniciado el proceso de diálogos, secuestraron 13 niños en uno de los estados rurales de Colombia. En plena fiesta de Halloween explotaron una bomba cuyas víctimas fueron en su mayoría niños disfrazados celebrando en las calles, y en noviembre de 2012 decretaron una tregua unilateral de dos meses durante los cuales cometieron 57 actos terroristas.

La reacción de los colombianos no se hizo esperar. Hoy una gran mayoría (62%) desaprueba el proceso de paz y 79% está en desacuerdo con que los terroristas puedan participar en política sin cumplir penas de prisión.[2] Es tan grande la apuesta del gobierno de Santos por el proceso con las FARC, que se ha convertido en su única bandera de gobierno y lo necesita para buscar una reelección en 2014.

Por ello, no obstante una ciudadanía en contra del proceso y casi unánimemente enemiga de las FARC (94%), con el fin de recuperarle legitimidad al proceso, el gobierno de Santos decidió apoyar una marcha el pasado 9 de abril de unas pocas organizaciones de izquierda que comulgan con las FARC. El presidente mismo encabezó la marcha y obligó a que militares y policías marchasen con él. Fue la primera vez en la historia republicana de Colombia en la que los militares, no beligerantes por mandato constitucional y principales víctimas del conflicto, fueron obligados a tomar parte en un acto de estirpe político.

El gobierno colombiano quiso mostrar al mundo un acto por la paz y en favor de las víctimas del conflicto, las cuales se cuentan por millones. Sin embargo, la prensa y los analistas coinciden en que se trató de un acto que no contó con más de medio millón de personas, cifra exigua si se tienen en cuenta los millones que marcharon contra las FARC y razón por la que algunos sostienen que el proceso de paz con las FARC se quedó sin legitimidad, cuestionando seriamente el mandato del presidente para el mismo.

En este contexto llega el presidente de Colombia a la Santa Sede. No sin  temor a recibir lo contrario, el gobierno pretendería un mensaje de apoyo del Santo Padre al proceso de paz que se adelanta en tierras cubanas. Su esperanza está fincada en la línea de la reconciliación y el perdón que se le ha oído al papa Francisco. De ahí que algunas fuentes aseguran que Santos pretenda con su visita a la Santa Sede equilibrar el fracaso que significó para el proceso de paz la pobre marcha del pasado 9 de abril. Pero El Vaticano ha recibido tantas noticias de la oposición ciudadana al proceso, que las instancias diplomáticas han preferido hacer saber a la Santa Sede que el gobierno no considera prudente mezclar los temas políticos con la ocasión de la canonización antes que no recibir el apoyo de Francisco.

Por su parte, algunos altos jerarcas de la Iglesia y la mayoría del pueblo colombiano confían que esa será una ocasión más para visibilizar a las víctimas del conflicto colombiano y manifestar el escepticismo que les produce una paz sin verdad, sin reparación, pero sobre todo sin una verdadera justicia terrena. Por eso confían que el Santo Padre le diga a Santos que la justicia divina es de Dios y no de los hombres y que la justicia terrena de perdón y olvido la pueden hacer las víctimas y no los gobiernos. Los voceros de las víctimas han sostenido que éstas no estarían dispuestas a que sus verdugos no vayan a la cárcel so pena de que su descendencia se convierta en los victimarios del mañana.      


[1] Encuesta de abril de 2013

[2] Encuesta de febrero de 2013

A continuación la versión en italiano

Non c'è vera pace senza verità

 Papa Francesco

UNA CANONIZZAZIONE CON VARI PROGRAMMI

Il 13 maggio è una data speciale per i cattolici del mondo che guardano tradizionalmente alla Santa Sede. Questo anno non sarà un’eccezione perché sarà la prima celebrazione mariana del pontificato di Sua Santità Francesco. Però al di là di ciò, perché la vigilia sarà canonizzata la religiosa Laura Montoya Upegui (1874-1949), colombiana missionaria cattolica beatificata nell’aprile 2004, prima santa colombiana della Chiesa.

Quando solo un mese fa più di 150 dignitari concorsero alla intronizzazione di Francesco, i colombiani si stupirono per l’assenza del loro presidente. Essendo la Colombia  un paese in maggioranza cattolico (90%), ha celebrato  pertanto con giubilo l’elezione di un porporato latinoamericano. Dato che il presidente aveva giustificato la sua permanenza in Colombia in vista della sua prossima visita nella Santa Sede per l’occasione della canonizzazione di Madre Laura,  aveva inviato al Vaticano in sua rappresentanza la ministra delle relazioni con l’estero.

Assieme al presidente dei colombiani si aspetta una nutrita comitiva ed una grande diffusione mediatica, che il governo spera di capitalizzare a proprio vantaggio all’interno del suo paese in maggioranza cattolico. E non ne mancano le ragioni. Dopo quasi tre anni di governo ed a un anno dalle elezioni presidenziali, l’attuale presidente colombiano ha un’immagine non favorevole (48%) che supera quella favorevole (47%) e un 63% dei colombiani ha detto di non voler la rielezione dell’attuale presidente Juan Manuel Santos, dato che il 53% considera che il paese procede su una strada non conveniente[1].

Buona parte di queste statistiche così preoccupanti sono dovute al tema di enorme importanza a cui sono molto sensibili i colombiani: la sicurezza. La Colombia è una nazione che negli ultimi 50 anni è stata segnata dalla violenza. In quanto vittime della violenza bipartitica e degli espropri delle terre, correlati alle tesi marxiste, che allora cominciavano a diffondersi nel continente latinoamericano, ha spinto un gruppo di contadini ad avviare le prime guerriglie rurali  all’inizio della prima decade degli anni Sessanta per armarsi contro il governo e rivendicare i loro diritti agrari.

Nei successivi decenni, senza esser preparata, la Colombia, da paese agricolo che era, ha avuto una urbanizzazione a causa dell’abbandono statale delle politiche agricole e ciò è stato l’inizio della sua maledizione: la coltivazione ed il traffico degli stupefacenti. I campi si sono tinti di sangue, a causa di una nuova guerra, quella tra guerriglieri e trafficanti. Si sono perduti sia i discorsi che le tesi ideologiche di sinistra quando i narcotrafficanti hanno deciso di togliere il controllo delle campagne ai guerriglieri, mentre questi convergevano nel più grande cartello delle droghe del mondo, oggigiorno responsabile di più dell’80% della cocaina che si traffica globalmente.

Diversi governi hanno tentato di conseguire la pace. Tra il 1982 e il 2002, quattro governi fecero della pacificazione una bandiera nel periodo in cui la Colombia era sempre più emarginata internazionalmente.  Il suo maggior isolamento arrivò attraverso l’ignominia dell’elezione di un suo presidente ottenuta

con i soldi della mafia. Nel 2002, e dopo il nuovo fallimento del processo di pace, l’attuazione dello stato colombiano è stato interdetto.

Nel 2002 i colombiani hanno eletto presidente Alvaro Uribe Vélez, a cui si attribuisce il riscatto della Colombia con la sua politica di sicurezza democratica e l’aver riportato entusiasmo. E’ stato il primo presidente rieletto dai colombiani. Ha governato per 8 anni, nei quali avviò un processo di sottomissione dei violenti, tirando fuori dalla guerra 51.000 persone, 35.000 dalle milizie correlate con il narcotraffico e 16.000 dalle guerriglie, allora considerate terroristi da gran parte  dei paesi del mondo. Nel febbraio 2008 14 milioni di colombiani nel mondo intero marciarono contro le azioni di questi terroristi, noti come FARC, sigla di Forze Armate Rivoluzionarie di Colombia.

Verso la fine del secondo governo di Alvaro Uribe Vélez, le FARC era un gruppo dimezzato di meno 3.000 unità, riduzione ottenuta dalla politica del governo il cui ministro della difesa era l’attuale presidente Juan Manuel Santos. Approfittando della popolarità del governo nel quale aveva operato e con la benedizione del presidente uscente Uribe, i colombiani elessero Santos con il più alto numero di voti mai registrato nella storia del suo paese. Santos ottenne un mandato indiscutibile e un appoggio elettorale senza precedenti durante la rinascita che ha avuto la Colombia con la politica di sicurezza democratica. 

Arrivando alla presidenza, Santos aveva ricevuto un paese che era tornato una stella del continente. Classificato entità CIVETS, la Colombia convertì il suo destino rispetto al mondo in uno dei paesi col maggior indice di crescita del PIB della regione, negoziando bilaterali trattati di commercio con le maggiori economie del mondo occidentale.

Come se la politica di sicurezza democratica non avesse ottenuto tanti successi, Santos decise di imbarcarsi in un nuovo processo di pace con i terroristi. Dopo aver negoziato segretamente a Cuba, durante 5 mesi con l’appoggio di Fidel Castro, suo fratello Raul e il recentemente scomparso presidente del Venezuela Hugo Chávez, Santos avviò un dialogo con le FARC. La comunità internazionale approvò l’iniziativa e il medesimo popolo colombiano l’appoggiò. Però per realizzare  ciò, Santos propose al Congresso una riforma di giustizia transitoria della Costituzione colombiana, la quale avrebbe permesso la sospensione delle condanne date ai terroristi, prevedendo anche per loro la possibilità di partecipare alla politica.

A fronte di questa prospettiva e dopo circa cinque mesi di negoziati secreti  a Cuba, i colombiani hanno ritirato l’appoggio al processo di pace del presidente. E non è poco. Di tutti i capi guerriglieri incriminati di lesa umanità, tutti, eccetto uno, è stata richiesta l’estradizione agli Stati Uniti. La Colombia ha sottoscritto il Trattato di Roma e la Costituzione colombiana proibisce l’amnistia e l’indulto per i delitti di stampo politico. Le FARC hanno lasciato in Colombia milioni di vittime di varie tipologie e oltre a costituire  il cartello della droga più grande del mondo, sono responsabili del sequestro di persone, del reclutamento forzato di minori, della più grande disseminazione di mine antipersona e di massacri di intere comunità che non ha pari nella storia contemporanea.

Infatti, una volta iniziato il processo di dialogo, hanno sequestrato 13 bambini in uno stato rurale della Colombia. In piena festa di Halloween fecero esplodere una bomba le cui vittime furono in maggioranza bambini che sciamavano festosamente mascherati per le strade, inoltre a novembre 2012 hanno decretato una tregua unilaterale di due  mesi, durante la quale hanno commesso ben 57 atti terroristici. 

La reazione dei colombiani non s’è fatta aspettare. Oggi una grande maggioranza (62%) disapprova il processo di pace e il 79% è contrario alla decisione che i terroristi possano partecipare alla politica senza aver pagato con la prigione i loro delitti[2].  E’ così grande la posta del governo di Santos per il processo con le FARC che è diventata la sua unica bandiera, che gli occorre per ottenere la rielezione nel 2014.

Per questo, nonostante la popolazione fosse contraria al processo e quasi unanimemente nemica delle FARC (94%), al fine di recuperare la legittimazione del processo, il governo di Santos ha deciso di appoggiare la marcia del passato 9 aprile promossa da alcune Organizzazioni di sinistra vicine alle FARC. Lo stesso presidente  era a capo della marcia, avendo obbligato i militari e la polizia a marciare con lui. E’ stata la prima volta nella storia repubblicana della Colombia in cui i militari, non belligeranti per mandato costituzionale e principali vittime del conflitto, furono obbligati a prender parte ad un atto di tipo politico.

Il governo colombiano voleva mostrare al mondo un gesto per la pace, anche in favore delle vittime del conflitto, che si contano in milioni. Nonostante ciò, la stampa e gli analisti concordano che si trattò di un atto che non coinvolse più di mezzo milione di persone, cifra esigua se si tiene conto dei milioni che avevano marciato contro le FARC, ragione per la quale alcuni sostengono che il processo di pace con le FARC è rimasto senza legittimazione, discutendo seriamente a proposito del mandato dello stesso presidente.

In tale contesto arriva il presidente della Colombia alla Santa Sede. Non senza timore di non ottenerlo, il governo pretenderebbe un messaggio d’appoggio del Santo Padre  al processo di pace che si svolge in terra cubana. La sua speranza è in linea con la riconciliazione e il perdono che abbiamo già ascoltato da papa Francesco. Di tutto ciò alcune fonti assicurano che Santos pretende con la sua visita alla Santa Sede di riparare al chiasso che si verificò col flop della marcia del passato 9 aprile a favore del processo di pace. Però il Vaticano ha ricevuto numerose notizie relative all’opposizione della popolazione a tale processo, al punto che le istanze diplomatiche hanno preferito far sapere alla Santa Sede che il governo non considera prudente mescolare i temi politici con la canonizzazione prima di non aver ricevuto l’appoggio di Francesco.

Dalla loro parte, alcuni alti gerarchi della Chiesa e la maggioranza del popolo colombiano confidano che questa sarà un’occasione per dare grande visibilità alle vittime del conflitto colombiano e per manifestare  lo scetticismo che proviene da una pace senza verità, senza riparazione, ma soprattutto senza vera giustizia terrena. Per ciò confidano che il Santo Padre dica a Santos che la giustizia divina è di Dio e non degli uomini e che la giustizia terrena del perdono e l’oblio la possono applicare le vittime e non i governi. I portavoce delle vittime hanno sostenuto che queste non saranno disposte a che i suoi boia evitino il carcere, perché temono che ci sia la possibilità che i loro discendenti divengano gli aguzzini di domani. 

 


[1] Inchiesta di aprile 2013.

[2] Inchiesta di febbraio 2012.

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