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Eduardo Mackenzie   

Lo que preconiza ese documento es completamente demencial. Requiere, en primer lugar, la “reducción de las Fuerzas Militares una vez termine el conflicto”, reclama “el deslinde de la Policía del Ministerio de Defensa” y exige la apertura de los “archivos de inteligencia y del Ejército”.

Hace tres días, durante una reunión en Bogotá con industriales y empresarios del país, el presidente Juan Manuel Santos soltó una perla asombrosa: que el “proceso de paz” con las Farc avanzaba  “muy positivamente” y que la cosa iba tan bien que “se han suscrito algunos acuerdos” con esa gente en La Habana.

Lamentablemente, como siempre, Santos omitió toda  precisión o ampliación acerca de los supuestos “acuerdos suscritos”  con las Farc y dejó a todo el mundo en ascuas tras lanzar esa escueta y enigmática frase. 

Los voceros del terrorismo no confirmaron la noticia y rehicieron su juego de decir todo lo contrario, como hacen desde el comienzo de los contactos en Cuba. Pues cuando alias Iván Márquez dice algo, alias Andrés París lo corrige, o lo soslaya, con el objetivo evidente de mantener la tensión y las expectativas pero sin que la opinión pública pueda orientarse realmente acerca de lo que esas “partes” le están preparando al país, ante el ojo vigilante de los servicios secretos cubanos. Lo único que sabe Colombia es que los negociadores, tras seis o siete reuniones en Cuba, no ha terminado siquiera de abordar el tema de la tierra, el primer punto de la agenda.

Sin embargo, queda una remota posibilidad de conocer los arcanos de las Farc, es decir los puntos que ellas esperan sacar adelante al final de las “negociaciones” en La Habana, o que podrían estar ya pactados y firmados si le damos crédito a lo dicho por JM Santos. Esa posibilidad es leer lo que las Farc están deslizando en documentos que por debajo de la mesa, y violando los acuerdos sobre la “privacidad” de esos diálogos, están poniendo a circular entre la gente de su periferia política.

A comienzos de marzo de 2013, Alfredo Molano Jimeno escribió en un matutino bogotano que el autodenominado “Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)”, dirigido por el representante comunista Iván Cepeda Castro  y por el sacerdote jesuita Javier Giraldo,  estaba difundiendo un texto intitulado “Propuestas mínimas sobre la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Cepeda y Giraldo pretenden, según Molano, entregar ese texto a las “partes negociadoras en La Habana” y confían que los embajadores de los “países garantes del proceso de paz”  —Noruega y Cuba— y un organismo (no mencionado) de Naciones Unidas  ofrecerán su “respaldo” a ese plan. Si el resumen que hace Molano es exacto, el texto del Movice contiene los puntos principales que el presidente Santos debería firmar “a la hora de materializar los acuerdos de paz”.

La movida en torno de ese texto es obviamente un ejercicio de ventriloquia. El Movice utiliza esa técnica para lanzar  sus propuestas pero que deben aparecer ante los medios y las gentes crédulas como si hubieran emanado de la “sociedad civil”.

Lo que preconiza ese documento es completamente demencial. Requiere, en primer lugar, la “reducción de las Fuerzas Militares una vez termine el conflicto”, reclama “el deslinde de la Policía del Ministerio de Defensa” y exige la apertura de los “archivos de inteligencia y del Ejército”. Este último punto parece esencial para ellos pues el texto insiste en que será necesario abrir “la totalidad de los documentos reservados del Estado, en especial aquellos de inteligencia”. El documento subraya que Colombia, para firmar la paz con las Farc, tendrá que renunciar a toda “doctrina de seguridad del Estado”.

Llama la atención el silencio que guardan ante semejantes propuestas la presidencia de la República, el Parlamento, el ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Fiscalía y la gran prensa. ¿Ese silencio indica que sobre esos puntos ya hay consenso en La Habana, o que están dentro de los firmados por el presidente colombiano?

El Movice exige, por otra parte, revisar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y, lo que es más curioso, “depurar” las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial), para “excluir a aquellos funcionarios que hayan participado o permitido crímenes (sic) contra civiles o impunidad en las investigaciones por éstos”. Es decir, que el nuevo poder que saldría del pacto “de paz”, en lugar de sacar del aparato estatal los elementos corruptos e infiltrados del PC3 que sabotean la democracia y la economía liberal, deberá echar a la calle y a las cárceles a los empleados públicos honestos, a los  parlamentarios y a los magistrados que se oponen al proyecto totalitario que se perfila detrás de semejante “acuerdo de paz”.

Esas personas, desde el más alto personaje del Estado, hasta el más humilde empleado público, podrán ser destituidas y echadas a la cárcel, durante meses y años, mediante acusaciones  fabricadas y sin fundamento, si se apruebas esos temas alucinantes, gracias a la labor de los agentes de las Farc dentro del aparato judicial.

Leal a su visión apocalíptica del país, el Movice pide mucho más: retirar el Ejército y la Policía del territorio nacional,  bajo el pretexto de “desmilitarizar aquellas regiones que sufrieron la violencia cometida por miembros de la Fuerza Pública”.

Eso quiere decir una cosa: abolir las fuerzas militares de Colombia pues, según el Movice, la acción de la fuerza pública es sinónimo de violación de los derechos humanos y de “violencia”. El buen padre Giraldo y el representante Iván Cepeda, quieren que  no haya un palmo de tierra donde las fuerzas armadas puedan existir.  Una vez lograda esa desmilitarización total, el Estado que sobreviva a ese cataclismo deberá someterse a un acto adicional de auto flagelación público. En la jerigonza del  Movice ello es formulado así: hacer un “reconocimiento público de las graves violaciones a los derechos humanos en que —por acción u omisión— se vieron involucrados funcionarios o entidades del Estado.”

El Movice propone al final, a manera de anzuelo, la creación de una “comisión de la verdad” que “podría suministrar información que contribuya a aclarar casos que han quedado en la impunidad” y que ayude a “conocer el paradero de aquellas personas víctimas de desaparición forzada.”  ¿Por qué el Movice no exige a las Farc dar desde ya esas informaciones susceptibles de rescatar las personas desaparecidas y hallar los cadáveres de sus otras víctimas? 

Ante esa negativa, el Movice deja ver que la “comisión de la verdad” que él propone no sería sino una burla, una comisión de la mentira, destinada a seguir ocultando los crímenes y atrocidades cometidos por las Farc y por los otros aparatos criminales del narco-comunismo y de las Bacrim.

París, marzo 18 de 2013. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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