De ese libro se ha dicho que es una obra de ficción total, tan alejada de la verdad como la versión de su autor sobre nuestra reciente historia política y constitucional, reiterada en ese certamen con uno de sus virulentos discursos.

Para él, la Carta es “como un libro de García Márquez, son palabras escritas que no se aplican en Colombia (...)”.

Como de costumbre, nadie se ha detenido a analizar esta asombrosa manifestación, porque parecía ser otra más de las balandronadas, descaches, majaderías, vulgaridades, inconsecuencias, tonterías, groserías, babosadas, fantasías, delirios, extravagancias, chismes, infundios, falsedades, despropósitos, flatos y falsas imputaciones del diario torrente de trinos que expele ese individuo.

Sin embargo, esa afirmación reviste especial gravedad. Nadie ignora la vida al margen de la Constitución y la Ley del guerrillero Petro, desde sus 15 años (1975) hasta la Carta de 1991. A partir de entonces siguió una etapa de aparente sujeción al orden legal, hasta el 7 de agosto de 2022, cuando juró gobernar de acuerdo con la Constitución y la Ley.

Pero si la Constitución tiene apenas la validez de un best seller de Gabo, ¿a qué se comprometió y qué representa para él el orden jurídico?  Si la Carta es una obra de ficción, el juramento de Petro, a lo sumo, será para hacer de su gobierno otra novela, seguramente inferior a las de nuestro Nobel.

De por sí, lo anterior es una gravísima confesión, y lo que sigue será peor, porque el jefe del Estado afirmó a continuación que las normas constitucionales son “palabras escritas que no se aplican”, lo que significa que reconoce que durante los primeros 15 meses de su gobierno la Carta no se ha aplicado...

Cuando un funcionario público no aplica las normas obligatorias para su cargo, comete un número imponderable de delitos. En consecuencias, el doctor Jorge Enrique Robledo acierta denunciando penalmente a Petro por no cumplir con sus obligaciones legales en torno a Ecopetrol, las industrias energéticas y la atención de los asuntos fiscales anexos.

Entonces, docenas de denuncias penales deben presentarse, porque si el gobernante no aplica la Carta, hay centenares de obligaciones omitidas en igual número de sectores.

Ahora bien, cuando alguien se aparta clamorosamente de la realidad para vivir en un mundo propio, irreal e ilusorio, no puede dudarse de que estamos ante un problema psiquiátrico más o menos grave, pero inhabilitante en cualquier caso.

En esa feria caraqueña del libro, Petro concluyó con una grande, veraz e inesperada revelación: “Uno de cada cinco colombianos padecemos de problemas mentales. Son los estudios científicos” (sic).

Si hasta el propio Petro se da cuenta de su perturbación, ¿por qué razón Congreso, Cortes, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría no le exigen someterse al examen psiquiátrico correspondiente? Sería por su propio bien y por el del país, desde luego, porque solo con el reconocimiento de la dolencia mental arrancan los tratamientos requeridos por esos terribles trastornos.

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La locura es contagiosa, como ha venido a saberse por una inconcebible manifestación del ministro de Justicia, después de desmantelar la residual actuación de la Policía contra el microtráfico. El doctor Osuna espetó lo siguiente para mitigar los efectos del decreto que favorece la actividad profesional de los jíbaros:

Querida periodista, lo mejor para su hija es que, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir droga, por qué es nocivo hacerlo, y que si decide hacerlo lo haga en determinadas circunstancias, que lo haga en la casa, que es mejor que en la calle.

Desde luego, en el hogar del ministro y su esposo no se darán diálogos como el siguiente:

—Mami... vení nos fumamos un bareto...

—Ahora no, mi amor, estoy muy ocupada preparando el almuerzo, ¡pero a las 3:00 nos traen un Fentanilcito muy bueno...!

Pensar que la orientación maternal es preferible al consumo en los parques es la luminosa intuición del ministro, cuyo decreto libera los espacios verdes de toda restricción para el consumo de psicotrópicos, y, por extensión, infiero, para otras actividades hasta ahora rechazadas por la totalidad de las sociedades y culturas. Siguiendo lo que se conoce del pensamiento de este ex catedrático de Derecho en el Externado, los alcaldes podrán señalar horarios para permitir ciertos actos en zonas determinadas.

Supongo, entonces, que un alcalde progre tendrá que prohibir a los menores el acceso a los parques en las horas autorizadas, por ejemplo, para el esparcimiento de jíbaros, pederastas y pedófilos..., no sea que por imprudencia, irresponsabilidad o desatención a la reglamentación horaria, resulte responsable de una violación.