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Marión Vásquez                                     

Santiago Uribe ha soportado más de 20 años de persecución por el solo hecho de ser el hermano de Álvaro Uribe Vélez. Meses atrás, antes de producirse la captura aquel 29 de febrero del 2016, ordenada por el confeso fiscal persecutor del uribismo Eduardo Montealegre, el hoy Presidente de la República Juan Manuel Santos, ya había anunciado en círculos políticos que este hecho se produciría. Cada acontecimiento que ha rodeado este proceso, corrobora que el caso Santiago Uribe, es el de un preso político.

Esta semana continuará la audiencia preparatoria del juicio de Santiago Uribe Vélez, iniciada el pasado mes de octubre de este año. Se le investiga por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, por la supuesta conformación de ‘Los 12 Apóstoles’ y la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de un bus escalera en Yarumal, Antioquia. El proceso, reabierto en septiembre de 2010 luego de haber sido objeto de una resolución inhibitoria en 1999 (reconfirmada en el 2000), tal y como se ha surtido hasta ahora, como ha sido denunciado por su abogado defensor, ha carecido de garantías y ha evidenciado la predisposición a condenarlo.

El juez de primera instancia negó más del 90% de las pruebas que se pretendía presentar en la audiencia de juzgamiento, logrando con esto hasta ahora -pues no se ha decidido la apelación- que Uribe vaya a juicio sin tener cómo demostrar su inocencia. Y así mismo la desprestigiada Corte Suprema de Justicia, negó la tutela con la que pretendía recobrar su libertad por vencimiento de términos. En este fallo, sentando una nueva jurisprudencia, acomodada a este caso particular, la Corte desconoció las disposiciones de la ley de racionalización de la detención preventiva y con ella, la excepcionalidad que a la luz de los derechos constitucionales de un Estado Democrático como el nuestro, debe regir en la adopción de estas medidas de aseguramiento.

Santiago Uribe nunca debió ser detenido ni enviado a la cárcel: desde 1996 cuando fue mencionado como supuesto autor de los delitos por los que se le acusa, ha atendido los llamados de la justicia, nunca ha habido riesgo de obstrucción, y su vida pública y privada ha sido testimonio de su proceder sin tacha. Las razones esgrimidas por la Fiscalía para ordenar su detención, fundamentadas en el riesgo que supuestamente suponía para la sociedad la libertad de Santiago, se caen por el propio peso de lo absurdas que son y ponen de presente que las verdaderas motivaciones subyacentes en todo este proceso son las de perseguir al expresidente Uribe utilizando a su hermano.

La parte civil de este proceso, Daniel Prado Albarracín, abogado personal de Gustavo Petro, ha llevado a comparecer a dos de los tres testigos que acusan a Santiago, reconocidos todos por sus falsos testimonios y cuyas denuncias en su contra por este motivo no han tenido recibo en la Fiscalía: el Mayor Juan Carlos Meneses, un probado falso testigo, retirado de la policía por versiones de cercanías con el narcotráfico, condenado a 27 años de prisión por el homicidio de Camilo Barrientos y protegido de la dictadura de Chávez y Maduro; y Eunicio Alfonso Pineda Luján, persona que según su historia clínica padece graves problemas mentales, en el pasado ha presentado denuncias similares contra otros finqueros en las cuales la propia Fiscalía descartó su credibilidad, ha sido patrocinado económicamente por Javier Giraldo, un sacerdote de la izquierda reconocido por su antiuribismo. Otro de los testigos ha sido Alexander de Jesús Amaya Vargas, un exagente de policía, homicida, quien fuera condenado a 16 años de prisión, testigo sin rostro que en versiones contradictorias ha terminado por reconocer que nada le consta sobre la conducta de Santiago.

Recordemos además que el último fiscal del caso, Carlos Ibán Mejía, quien lo asumió  desde el 19 de mayo de 2014, 6 días antes de la reelección de Santos, llegó al ente acusador luego de ser magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia de la magistrada María del Rosario González, declarada enemiga del uribismo, que ha acusado al Presidente Álvaro Uribe de querer matarla. Y no solo hizo parte de este despacho, sino que al parecer recibía órdenes del denunciado por corrupción y reconocido antiuribista Magistrado Leonidas Bustos, de cuyo círculo más cercano hacía parte, según lo ha relatado la prensa.

Mejía llegó a la Fiscalía como el mandadero de Montealegre, a asumir los dos casos que para el entonces fiscal general eran clave: el de Santiago Uribe y el de la excontralora Sandra Morelli, y en efecto para el caso que nos convoca, siguiendo las órdenes de su jefe, con sesgo y ánimo condenatorio, desestimó las pruebas que demuestran la inocencia de Santiago y los graves cuestionamientos que hay en los testigos mencionados. 

La audiencia que continuará este 15 de noviembre, debe ser del mayor interés para los colombianos, pues aquí se está jugando la libertad y la vida de un hombre, de Santiago Uribe, y así mismo como en otros casos ya conocidos, se está poniendo en riesgo la institucionalidad que, hoy resquebrajada por un cartel de falsos testigos e instrumentalizada en favor de los intereses de la mafia y sectores de la política, debe advertirnos del peligro latente que nos hace susceptibles -a cualquiera- de ver menguados nuestros derechos y de padecer una injusticia como esta.

@MarionVasquezMi

Publicado en Columnistas Nacionales

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