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Libardo Botero C.                                       

Oscuro, perverso y mentiroso, no de otra manera puede calificarse el juego que adelanta el gobierno de Santos con el ELN, a propósito del cese de fuego bilateral y temporal que se inició el pasado domingo.

Ya el 8 de septiembre pasado, cuatro días después de que se divulgara el acuerdo correspondiente en Quito, expresé en este mismo portal mis primeras reservas (http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/16439-cese-al-fuego-milagro-papal). Señalé que Santos mentía cuando afirmaba que, además, habían pactado un “cese de hostilidades” (terminacho que se refiere a todo el accionar delictivo distinto a atacar a la fuerza pública); en efecto, en ninguna parte del breve texto publicado por las “partes” se incluye ese  término. Solo se expresa: “Con el propósito de concretar acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional han acordado desarrollar un Cese al fuego bilateral y temporal que reduzca la intensidad del conflicto armado. Su objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la población...”

Agregué, además, las declaraciones públicas de los voceros de la pandilla narcoterrorista, en las que afirman tajantemente que no cederán en ese punto, que es el cuarto de la agenda, y que solo lo discutirán cuando se llegue a él en la mesa. Reiteraron que ellos requieren esas actividades (secuestro, extorsión, etc.) para su supervivencia, y que pensar que las abandonen es como pensar que el gobierno deje de cobrar impuestos para financiar “la guerra”.

Sin embargo, aquel mismo 4 de septiembre, en el comunicado citado, las “partes” anunciaron que desde esa fecha hasta el 1 de octubre, día de iniciación del cese al fuego, seguirían dialogando a fin de definir los “protocolos” que lo regularían, y la opinión suponía que uno de los cruciales era la definición precisa por parte de los alzados en el sentido de suspender de una vez por todas las actividades criminales “conexas” con la “rebelión”. Pues eso no ha sucedido. Lo que ha acontecido, que gobierno y elenos han querido mantener entre bambalinas, es lo que vamos a relatar, resumiéndolo en dos puntos: el del falso “cese de hostilidades” por un lado, y el de las peligrosas reglas pactadas para el mismo “cese al fuego”.

Falso “cese de hostilidades”

Reiteramos: no hay ningún documento firmado por ambas “partes” en que hablen de ello. Solo se conocen especulaciones de Juan Camilo Restrepo, delegado del gobierno en Quito, y del mismo Juan Manuel Santos. Son declaraciones unilaterales que en nada comprometen a los subversivos.

El mismo 4 de septiembre, valga recordar, Restrepo emitió un comunicado, informando del cese al fuego y explicando que incluía el de “hostilidades” (así el texto no lo mencione), detallando que el ELN se había comprometido a que en ese período, hasta comienzos de enero del año entrante, suspenderían los secuestros, los atentados contra la infraestructura, el reclutamiento de menores, y la instalación de minas antipersona. El gobierno, agregaba Restrepo, se comprometió a mejorar las “alertas tempranas” en amenazas a líderes sociales, a establecer un programa humanitario de apoyo a los presos del ELN y otros puntos vagos de similar tenor.

Los medios anunciaron el último sábado, 30 de septiembre, vísperas del esperado inicio del cese al fuego, que en esa madrugada en Quito se habían finiquitado los protocolos que venían discutiendo por varias semanas. Solo divulgaron profusamente el de un Mecanismo de Veeduría y Verificación, que otorga a la ONU y la Iglesia Católica ese papel, en compañía de sendos delegados de las dos “partes”. El resto de protocolos, sobre todo el que contendría los temas atinentes a la suspensión de “hostilidades” fue ocultado deliberadamente.

Y así ha sido hasta el momento. Solo un medio radial, La W, difundió un texto de lo que parece ser el “protocolo de reglas y compromisos” de las “partes” en el cese bilateral (http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/estos-son-algunos-de-los-protocolos-para-el-cese-al-fuego-con-el-eln/20170929/nota/3594940.asp). Lo repasamos con cuidado y encontramos que en este particular sus disposiciones son absolutamente vagas, como de plantear que se propone “mejorar la situación humanitaria de la población” y “proteger los derechos y libertades” de la misma. En el punto 7 de los compromisos comunes (pues se agregan algunos para cada “parte”), se reitera: “No afectar los derechos y libertades de la población civil”. Y punto. Nada preciso sobre secuestro, atentados, reclutamiento, etc. De ahí en adelante, cada uno interpretará esas expresiones genéricas a su acomodo, como vienen haciéndolo, de manera contradictoria a veces, para complacer cada uno a sus públicos, como si así hubiera sido maliciosamente convenido.

Aún si fuere cierto que el ELN se ha comprometido a los cuatro “ceses” enumerados por Juan Camilo Restrepo –secuestros, atentados contra infraestructura, reclutamiento de menores, instalación de minas antipersonales-, verbalmente y a puerta cerrada, lo que de allí se desprende es inaceptable. Yo percibo dos ángulos complementarios y preocupantes del asunto.

En primer término, es claro que el ELN, en este período de negociación y preparación del cese al fuego, aceleró el ritmo de secuestros y atentados contra el oleoducto, así como de ataques aleves a la fuerza pública –hasta la víspera misma del 1 de octubre- que dieron al traste con la vida de varios uniformados. Una táctica destinada -es mi impresión-, a mantener en el promedio del año las mismas cotas, aun restando los 100 días de inactividad de la tregua. Es decir, adelantaron la cuota, para no quedarse por debajo de su récord pasado. Dos cifras lo testimonian. Una, la de secuestrados: mantienen más de seis en este momento, más que las mismas Farc el año pasado cuando decretaron su cese al fuego unilateral; con la ventaja de que, ya coronada la cifra planeada, ahora podrán dedicarse tranquilamente a negociar y obtener el rescate pedido, sin los avatares de la confrontación. La otra, la de los atentados a los oleoductos: la opinión conoce cómo han crecido los últimos meses, habiendo llegado a 44 desde enero hasta el 4 de septiembre, incluyendo el que produjo un brutal derrame en el municipio de El Carmen (Norte de Santander), la víspera misma de la divulgación del cese al fuego en Quito.

En segundo término, es indiscutible que en toda la explicación oficial sobre el tema, que solo enumera 4 delitos “conexos”, se exceptúan los demás, muy graves, sobre los cuales no hay “cese” ni “suspensión”: la extorsión, el narcotráfico, la explotación minera ilegal, el robo de combustibles, para solo citar los más destacados. Como el ELN considera que no se puede “debilitar estratégicamente”, suspendiendo las actividades criminales que le proveen gran parte de su subsistencia, y así lo ha demandado en privado y en público, el gobierno, sumiso, ha aceptado que puedan seguir en tan repudiables operaciones. Con la ventaja, repetimos, que podrán hacerlo con la tranquilidad que brinda el cese de operaciones militares.

Ventajoso cese al fuego

De por sí un cese bilateral es ventajoso para los narcoterroristas, pues paraliza a la fuerza pública en su accionar, y libera a los sediciosos de la presión de las autoridades. Más aún si se les facilita continuar –al no exigirles suspenderlas- actividades como el narcotráfico y la extorsión. Pero eso no es todo. Hay, al menos dos factores adicionales de notorio peligro.

Retomemos la fecha del 4 de septiembre, para indicar que, así como Juan Camilo Restrepo expidió una declaración ofreciendo la interpretación del gobierno sobre el cese al fuego, la delegación del ELN en cabeza de alias Pablo Beltrán, divulgó también la suya. Por ningún lado habla de suspensión de “hostilidades” como secuestro y demás. Solo alude a que se proponen “rebajar la intensidad del conflicto” “buscando que sea la población la principal beneficiada”. No más. En cambio, tiene otras aseveraciones que, conjugadas con las disposiciones del “protocolo de reglas y compromisos”, redondean la tarea de tener el mejor de los ceses al fuego que nunca pudieron imaginar. Examinemos esos aspectos.

El cese al fuego, como lo han explicado las “partes” se refiere en esencia a dos cosas: “no realizar acciones ofensivas entre las estructuras del Eln y la Fuerza Pública”, y “no entrar en contacto armado entre las unidades de la Fuerza Pública y las estructuras del Eln.” De allí para adelante la serie de licencias son de antología.

La que más nos ha impactado del citado “protocolo”, describiendo las obligaciones del gobierno frente la agrupación ilegal, reza así: “No restringir el flujo normal de víveres y medicamentos destinados a las estructuras del Eln.” Interpretado al derecho, significa que el gobierno se compromete a asegurar que el ELN tenga, sin contratiempos, o si se quiere con protección oficial, un “flujo normal de víveres y medicamentos”. Lo que implicará abrir corredores, sin requisas ni controles, para que haya ese “flujo normal”. ¿Habráse visto mayor contrasentido? Van a poder no solo abastecerse, sino seguramente reabastecerse, y no solo de alimentos y medicamentos, sino de armas, pertrecho, vestuario, elementos de comunicaciones, etc., etc.

Está previsto también que la guerrilla no tendrá que permanecer en unos sitios fijos, y que contará con total libertad de movimiento. Aunque se prohíben ofensivas de la guerrilla contra las fuerzas militares, y se procurará evitar los contactos armados con ellas, no se limita su accionar contra otras organizaciones armadas. Algunos medios, haciéndole juego a la idílica versión santista del acuerdo, han indicado que el ELN quedó vetado para actuar contra otras fuerzas. De ninguna manera. El mismo Juan Camilo Restrepo a través de Twitter, solo atinó a sugerir que “evitar incidentes con otros grupos armados” es un “reto del cese al fuego con el Eln”.

Todo esto lo comentamos no de manera inocente, sino porque es de la mayor trascendencia. En especial, por las características de las zonas en que operan las cuadrillas de esta organización criminal, plagadas de sembrados de coca y de minería ilegal, asiento de las peores bandas y carteles criminales del país. El mismo Juan Camilo Restrepo ha descrito al menos tres, en las cuales, además, el ELN al parecer no tiene pleno control de sus prosélitos: el Chocó, Nariño, el Catatumbo. Lo que uno colige es que, por el contrario, el cese al fuego le va a permitir al ELN, ya sin la presión de la fuerza pública, concentrarse en dirimir sus dominios con los competidores, a plomo puro.

Pero hay algo más, de máxima preocupación. Lo he deducido de una expresión del comunicado del ELN del 4 de septiembre en Quito, y que no creo que tenga interpretación diferente a la que voy a brindar. Dice así en su último punto: “4. Uno de los objetivos que traza la Agenda de conversaciones es “erradicar la violencia en la política”, para que no haya persecución política, se deje de usar la violencia como control social y de aplicar la represión ilegal; Fundamentos que van a ayudar a frenar la expansión del paramilitarismo y su intento por copar territorios que pueda ir dejando las FARC.” Extraño eso de preocuparse por que alguien pueda “copar los territorios que pueda ir dejando las FARC”… ¿O no?

Entonces, mi conclusión es precisa: hay un pacto entre el ELN y las FARC, que fue sellado en La Habana con dos reuniones entre alias “Gabino” y alias “Timochenko”, la última en mayo de 2015, facilitadas por Santos dizque en aras de la “paz”, que además de otros elementos (como transferencia de armas, de caletas, de hombres, de distintivos, etc.), debe contemplar un pacto para mantener la distribución de las áreas cocaleras y las rutas de narcotráfico, y protegerlas de otros que quieran “copar” esos territorios. Como las FARC se desmovilizaron primero, al menos en parte (descontando las “disidencias”, que vigilan algunos de sus territorios tradicionales), el ELN se debió haber comprometido, en contraprestación, a defender las zonas que las FARC abandonaban. El pretexto del “paramilitarismo” está fuera de lugar y es solo eso, un pretexto. El problema es el narcotráfico. Y el cese al fuego la oportunidad de oro para consolidar los viejos dominios y repeler eventuales invasores.

Inclusive, no resisto a plantear un interrogante íntimamente ligado con lo anterior. Sabido es que el llamado Clan del Golfo (o lo Urabeños, o los Úsuga) viene adelantando conversaciones para un eventual “acogimiento” (que no sometimiento a la justicia) de ese grupo criminal a la justicia, desde 2011. Que el intermediario clave en ese proceso ha sido el senador Iván Cepeda (con afinidades conocidas con las FARC), y que una delegación del grupo narcotraficante estuvo en Cuba reunida con las Farc el año pasado, entre otras cosas –según lo ha divulgado la prensa- para discutir la situación de las zonas que abandonaría las Farc con su desmovilización, ¿no son suficientes indicios para deducir que hubo también un pacto con ese cartel en torno al negocio del narcotráfico en el “postconflicto”?

Epílogo

Alias “Gabino”, cabecilla principal del ELN, es poco dado a entrevistas. Pero, conseguida la victoria notoria del cese de fuego que acabamos de repasar, no se aguantó. Concedió una (http://www.colombiainforma.info/entrevista-nicolas-rodriguez-bautista-el-eln-cumplira-el-cese-al-fuego-bilateral-de-manera-plena/), publicada el 28 de septiembre, dos días antes del inicio del cese al fuego. Se palpa el alborozo del “comandante” al repasar el proceso de negociación y firma del pacto en Quito.

Regocijo que lo lleva a sincerarse sobre sus propósitos verdaderos en los diálogos de “paz” que se adelantan en Ecuador. No quiero resumirlo, ni mucho menos, sino citarlo pleno, completo, para que se perciba el problema que tiene el país al frente.

“Un Proceso de Paz en Colombia que no cambie o modifique de manera significativa el modelo económico y político, no pasa de ser un asunto cosmético y un remedo de paz. Cuando nosotros decimos que la oligarquía colombiana no tiene voluntad de paz, es justamente porque no se dispone a aceptar cambios de fondo y esto hay que decirlo”, advierte “Gabino”. Y remata: “En materia económica, si en Colombia no se lleva a cabo una verdadera reforma agraria que resuelva el problema de los sin tierra y una reforma urbana pensando en los que no tienen vivienda y viven en tugurios, la Paz no es posible. La pobreza y exclusión así como la actitud violenta de los señores del poder para con quienes luchan y reclaman sus derechos, son el caldo de cultivo para el alzamiento armado. Así será mientras este asunto esencial no se resuelva. Por ello sigue vigente el derecho a ser rebeldes y estar levantados en armas.”

Si no hay el vuelco total que estos desalmados tienen presupuestado, seguirán atormentando al país con su tal “derecho a ser rebeldes” y “levantados en armas”. No se transan por menos: cambio total del “modelo económico y político”. Esas son las perspectivas de las conversaciones en Quito. ¿Quién cree que el ELN pactará por debajo de las extraordinarias prebendas logradas por las FARC? ¿Qué no estará dispuesto a otorgar Santos para que el proceso continúe y se firme un nuevo acuerdo? ¿Qué esfuerzos no harán las FARC, el ELN, Santos mismo, para que en 2018 se impongan quienes quieren que continúe esa escalada de entregas y claudicaciones?

Por ahora lo que vemos, también, es que el ELN hábilmente impuso que su cese al fuego fuera “parcial”, hasta comienzos de enero próximo, vísperas del debate electoral. Ya veremos en ese momento cómo tratarán de exprimir al gobierno hasta extremos inconcebibles, para prorrogarlo, buscando la vía más productiva para sus propósitos estratégicos.

El país está notificado. Dicen que guerra avisada no mata soldado. Qué bueno que así fuera.

Publicado en Columnistas Nacionales

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