Facebook

     SiteLock

Última hora
Capos de la justicia - Viernes, 18 Agosto 2017 14:24
Austericidio - Viernes, 18 Agosto 2017 07:24
Colombia qué vergüenza - Viernes, 18 Agosto 2017 07:24
La hora de la reserva activa (ra) - Viernes, 18 Agosto 2017 07:24
La Historia de Bretton Woods - Viernes, 18 Agosto 2017 07:24

Darío Acevedo Carmona                                         

Están de plácemes los negociadores de la paz Santos-Farc, su séquito de escribanos y la gran prensa aconductada porque supuestamente esa guerrilla “entregó” todas sus armas. Quieren darle a ese hecho la calidad de “acontecimiento fundacional de la nueva Colombia” de la auténtica ampliación de la democracia y de la verdadera ciudadanía.

Pero hay más de un problema que agua el festejo. Las cifras, por ejemplo, no cuadran, el presidente Santos afirmó (17/03/2017) que la ONU había hecho un registro de 14.000 armas que las Farc debían entregar, Sergio Jaramillo dijo hace cinco meses que el 100 % eran 7.200 armas. Al final del proceso (26/06/2017), la Misión-ONU reconoce haber recibido 7.132 armas y dice quedar a la espera de recibir las que aún están en manos de los guerrilleros concentrados.

Una periodista que no puede ser tildada de enemiga de la paz, Paola Ochoa, hizo un sugerente ejercicio matemático (eltiempo.com 26/06/2017). Según ella, y tomando por cierta la cifra de 7.000 fusiles, “si cada fusil trae 1.500 cartuchos, ¿cuántos cartuchos corresponden a 7.000 fusiles? La respuesta me dejó perpleja: 10,5 millones de cartuchos. ¡Más de diez millones de balas!”.  Esa millonaria munición que costaría en el mercado negro 5 millones de dólares, ¿dónde está y quién la tiene?

La Misión-ONU dijo que había registrado 77 caletas de las 900 reconocidas, quedarían por liquidar 867. Si en cada una de ellas hay diez fusiles (muy probablemente hay más) daría la bicoca de 8.670 por entregar, que sumados a los 7.132 da 15.700, por fin el 100% de las armas de mano, nadie ha dicho nada de cohetes tierra-aire, etc. Si 15.700 es el 100%, entonces, las 8.670 representan el 53,7%, ¡más de la mitad! por entregar. Se justifica preguntar: ¿qué es lo que celebran?

Hay más dudas e inquietudes, ¿por qué no hubo testigos independientes fuera de los de la Misión-ONU? ¿Por qué ningún periodista presenció la “entrega” siendo que se trataba de una noticia mundial y de un hecho fundamental que “parte en dos” la historia nacional?

El presidente Santos quiso, por enésima vez, convencer a los colombianos con sus fastos y luces de bengala con las que deslumbra al mismo grupo de lagartos y personajes que ni vieron ni presenciaron la publicitada “entrega”.

Retomemos la tesis expuesta al comienzo en el sentido de que la dejación de armas no es el hecho más destacable del proceso. La primera gran claudicación consistió en renunciar a la primacía moral del Estado al igualar a las guerrillas con el Estado y asumir su versión según la cual se estaba enterrando una cruel guerra de más de 50 años fruto de un levantamiento armado de campesinos que luchaban por la tierra.

Mucho más grave fue el desconocimiento del Gobierno Santos del resultado del plebiscito en el que la mayoría de los ciudadanos votantes bajo condiciones ampliamente favorables al Gobierno dijo NO al acuerdo con las Farc.

El texto del nuevo acuerdo definitivo de paz se incrusta en la Constitución como si los negociadores, el presidente y los jefes guerrilleros fueran constituyentes. Así, sembrada como piedra de mármol, inmodificable, se implementarán importantes temas y políticas públicas  en concordancia con el pacto de La Habana por 12 años prorrogables.

Como si la Constitución fuese un lego se adoptó el fast track para modificarla, además, por ley habilitante le concedieron amplios poderes al Ejecutivo y castraron la función legislativa del Congreso cuyos proyectos, supervisados por una comisión paritaria (Csivi) de Gobierno y Farc, no pueden ser modificados y han de ser votados en bloque.

Por algo las Farc dicen que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es el corazón del Acuerdo. Dicha jurisdicción queda por encima de todas las altas cortes y tribunales superiores, podrá revisar sentencias y proceso judiciales ya cerrados, validará la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, no castigará con cárcel a ningún responsable de estos, desconocerá los tratados sobre derechos humanos y DIH firmados por el país que tienen rango de bloque de constitucionalidad como la adhesión a la CIDH y a la CPI.

Para que no queden dudas de la alta cirugía a la que sometieron el ordenamiento estatal, se modificó la doctrina militar, el régimen electoral, se otorgará representación parlamentaria a criminales de guerra, se abre la puerta a reformar la propiedad privada en el agro. En fin, son estos asuntos, no de carácter menor sino superlativo, en los que se abrió una tronera.

Un costo excesivo para una paz incierta, con jefes como Santrich y Márquez que nos recuerdan que si el Estado incumple siempre habrá la opción de retomar las armas.

La obra de este Gobierno y sus flamantes negociadores se puede asimilar a la de quien destruye los cimientos de su casa para reconciliarse con aquel que infructuosamente trató de destruirla desde afuera.

Y de contera, nos amedrantan, cual dictadores, acusándonos de “traición a la patria”, diciendo que los acuerdos de paz “son inmodificables” y desdibujando la crítica y la oposición como surgidas de la rabia, la ignorancia, los celos y el guerrerismo. Solo les falta recuperar la consigna de un desgraciado senador que llamó a “fusilar a los enemigos de la paz”.

El Espectador, Bogotá, 02 de julio de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

Compartir

Opinión

Nuevos videos

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ingrese su dirección de correo electrónico:

Nuestras Redes